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El Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (Fuyo) y la organización social Tupac Amaru rechazan «en todos sus términos», el decreto 721/2016 que firmó el presidente Mauricio Macri a favor de las Fuerzas Armadas, otorgándole mayor autonomía. «En una palabra, las FF.AA. no se someterán a ningún control del poder civil», advierten.
En un comunicado, el Fuyo y la Tupac consideran que el decreto es «un gravísimo retroceso a todos los esfuerzos realizados desde la recuperación de la democracia de subordinar la conducción de dichas fuerzas al presidente de la Nación, elegido mediante el voto popular en comicios libres y al que desde 1984, se consideraba Comandante en Jefe de las mismas».
Recuerdan que Raúl Alfonsín determinó en 1984 mediante un decreto que toda decisión del ejército debía pasar por la órbita del presidente de la Nación y del ministerio de Defensa de la Nación en cuanto a designaciones, destino de personal, retiros, bajas y el ejercicio de facultades disciplinarias. De este modo, el Presidente ejercía un control civil sobre las Fuerzas Armadas para evitar que, como había sucedido en reiteradas ocasiones, estas pudieran realizar operaciones en contra de gobiernos democráticos.
«La autonomía de las fuerzas armadas genera intranquilidad no solo en nuestro país, sino también en las democracias del mundo», advierten, y remarcan que en Argentina, «Alfonsín pudo lograr implementar esta política luego de la sangrienta experiencia de la última dictadura cívico-militar».
Sin embargo, continúan, «las resistencias que han debido superar los distintos gobiernos para la materialización de los decretos que intentaron instaurar el gobierno de las fuerzas armadas impidieron durante años su efectiva aplicación o la tornaron muy dificultosa».
En este sentido, advierten que «hoy, a partir del decreto firmado por Mauricio Macri la corporación militar vuelve a disponer, como ha advertido el Movimiento de Profesionales para los Pueblos, autónomamente y sin control, su sistema de premios y castigos, de formación académica con mayor o menor contenido en materia de derechos humanos, de traslados compulsivos a los disidentes, de asignación de ascensos a los leales, de cobertura a los agentes pasados a retiro por violar la Constitución Nacional mediante la asignación de un rol docente, de asignación discrecional de presupuesto, de otorgamiento discrecional de roles estratégicos respecto de la función política que tienen que cumplir las fuerzas armadas en la sociedad, entre otras facultades».
«En definitiva, la decisión desde el Ejecutivo nacional es que las fuerzas armas no cuenten con ningún tipo de control civil y político”, señalan.
El Fuyo y la Tupac ponen esta cuestión en contexto: «No se trata de un hecho aislado. Desde la asunción del nuevo gobierno el pasado 10 de diciembre tanto a nivel nacional y sobre todo en el provincial se ha vivido un gravísimo retroceso en términos de las garantías constitucionales y la vigencia del Estado de derecho».
Sobre la situación en Jujuy, advierten que «se ha montado el aparato estatal al sólo efecto de perseguir y reprimir al que piensa distinto», y repasan: «Desde el 16 de enero, la diputada del Parlasur Milagro Sala se encuentra privada ilegalmente de su libertad. Otros ocho compañeros de la Tupac Amaru se encuentran detenidos sólo porque alguien dijo algo en contra de ellos y sin más prueba que las declaraciones de alguna persona. Se han realizado allanamientos nocturnos, sin orden, con policías de civil, en los que destruían todas las pertenencias de trabajadores que se han esforzado en los últimos años en conseguir algo de lo poco que tenían».
«Dichas prácticas nos recuerdan a las épocas más oscuras de nuestra historia a las que el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial nos retrotraen», concluyen.
