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El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín sumó una nueva condena a prisión perpetua al genocida Santiago Omar Riveros, amo y señor de Campo de Mayo durante la última dictadura. En este caso, lo halló responsable del secuestro, las torturas y el homicidio calificado de Mario Hernández, sucedido entre junio y julio de 1976. Se trata de la décimotercera condena a perpetua que afronta Riveros por su responsabilidad criminal en el genocidio de la última dictadura cívico eclesiástica militar.
“Los hechos objeto de este proceso son constitutivos de crímenes de lesa humanidad”, leyó como primer artículo del veredicto la jueza Silvina Mayorga, presidenta del tribunal que completaron sus colegas Daniel Gutiérrez y Matías Mancini.
Luego, continuó con la especificidad de la pena que consensuaron imponer a Riveros, único acusado en el debate: prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por hallarlo coautor penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, imposición de tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político, homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas.
La pena se condice con lo requerido por la Fiscalía, a cargo del fiscal general Marcelo García Berro, y de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Abogado militante
La víctima de todos aquellos delitos es Mario Ángel Hernández. Mario tenía 39 años cuando una patota lo emboscó la madrugada del 11 de mayo de 1976 llegando a su casa, en Beccar, localidad de la zona norte del Gran Buenos Aires. Era abogado, una profesión que ejercía desde la militancia política.
Integraba junto a Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Ortega Peña, y Roberto Sinigaglia, entre otros, el colectivo que dio origen a la Asociación Gremial de Abogados, desde la que brindaban asistencia a militantes políticos detenidos previo a la última dictadura. Entre algunos, representaron a las víctimas de la Masacre de Trelew, a Norma Arrostito, entre otros.
Mario estudió abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también daba clases. Acorde al pedido de García Berro, el veredicto ordena el envío de la sentencia a esa institución con el objetivo de que su carácter de víctima de la última dictadura figure en los legajos docente y estudiantil del abogado.
Además, les jueces ordenaron que su fallo sea remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado argentino a acelerar el juicio oral por estos hechos.
Para cuando el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 sacudió al país, Mario integraba Montoneros. Aquella madrugada de mayo de 1976, la patota los secuestró a él y a Sinigaglia, además de destruir la vivienda que compartían y de robarse su vehículo. Durante décadas, se supo poco de su destino posterior: solo que pasó por El Campito, uno de los centros clandestinos que funcionaron durante la última dictadura en Campo de Mayo, territorio bajo las órdenes de Riveros.
Víctima de vuelos de la muerte
Reiniciadas las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura post caída de las leyes de impunidad, Duhalde, en su rol de secretario de Derechos Humanos, homenajeó a Hernández, su compañero de militancia. El entonces funcionario tenía la sospecha de que el abogado secuestrado había sido arrojado desde uno de los vuelos de la muerte que partían con asiduidad desde aquella guarnición del Ejército.
La hipótesis se confirmó muchos años después. Su cuerpo sin vida había sido hallado junto a otros semanas después de su secuestro en las aguas del Río de la Plata, en la zona de Ensenada. Entonces, la policía bonaerense lo recogió, le tomó huellas digitales y lo inhumó en el Cementerio de La Plata, sin identificar.
En 1981, sus restos fueron trasladados a un osario, pero el registro oficial de sus huellas quedó en los archivos de la fuerza y la justicia.
Entrado el nuevo siglo, y en el marco de tareas destinadas a dar con el paradero de las decenas de miles de personas desaparecidas durante la dictadura, la Cámara Federal entrecruzó datos e identificó aquellas huellas tomadas al cuerpo de Miguel con las que él, en vida, había dejado en la Policía Federal al tramitar su pasaporte. Con esta información, en 2019 se rectificó la partida de defunción de Hernández.
El dato implicó una ampliación de la acusación contra Riveros en pleno debate, ya que la causa llegó a juicio oral y público imputándolo solo por el secuestro y las torturas sufridas por el abogado militante.
Por Ailín Bullentini, en Página/12
