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El gobierno apeló hoy el fallo de un juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal que habilitó la feria judicial para que se traten por separado los amparos contra el DNU que desregula la economía y calificó esa resolución como generadora de «gravedad institucional, escándalo e inseguridad jurídica» y causante de «agravio irreparable al Estado».
«Venimos a interponer formal recurso de apelación contra la sentencia de fecha 4/1/2024 que fue notificada a esta parte en igual fecha, por causar agravio irreparable al Estado Nacional», indica la apelación presentada por los abogados del Gobierno, dirigidos por el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.
Para el Ejecutivo, la decisión del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico de habilitar la semana pasada la feria para que se revise el DNU impulsado por el presidente Javier Milei generó «urgencia, gravedad institucional y escándalo e inseguridad jurídica».
«El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso», sostiene la presentación oficial.
El Gobierno también remarcó que, si la Cámara de Apelaciones «no hiciera lugar a la apelación de esta representación, se mantiene la cuestión federal y la reserva de ocurrir oportunamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
En representación del Estado Nacional, los abogados Carolina Soledad Maidana y Rodolfo Aguirre argumentaron además en un documento de 56 páginas que la revisión del DNU tras la cautelar de la Cámara Nacional del Trabajo -referida al capítulo laboral del instrumento- «genera un retroceso y un perjuicio enorme a los intereses de la población».
«La gravedad institucional de semejante decisión es evidente porque se dicta en el momento en que estaba pendiente de resolución un conflicto de competencia planteado entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal», indicaron.
Para el Gobierno, la revisión del DNU «constituye una resolución arbitraria» ya que «se dictó con motivo de una apelación efectuada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y con conocimiento de la sentencia inhibitoria y la existencia de un proceso colectivo iniciado con anterioridad».
El jueves pasado, el juez Lavié Pico habilitó la feria para tratar, por separado, distintos amparos presentados contra la totalidad del DNU, lo que va en contra del proceso colectivo en el cual el Gobierno de Milei pretendía que confluyeran todos los cuestionamientos a esa medida.
La decisión del juez habilitó a que los jueces federales de distintas jurisdicciones puedan tramitar y resolver en los casos que se abran contra el decreto.
