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El Gobierno eliminará unas 200 mil pensiones por discapacidad por presuntas irregularidades en el cobro de la asistencia, un número que podría ampliarse una vez finalizado el proceso de auditorías de las 1.250.000 asistencias que se otorgan actualmente.
Así lo confirmó el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien planteó que la administración libertaria apuesta a controlar el organismo.
“Lo que antes funcionaba sin ningún tipo de control, nosotros queremos controlarlo. Hoy estamos en proceso de baja de 200 mil pensiones”, aseguró el funcionario en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas.
Y consignó que “se publicó un informe de la Superintendencia de Servicios de Salud donde lo que se deduce es que lo que se está pagando en concepto de transporte de personas con discapacidad equivale a 72 ida viajes y vuelta a la luna por mes. Es una barbaridad”.
En la misma línea, aclaró: “Lo que buscamos es optimizar el sistema que, como está planteado hoy, es inviable desde todo punto de vista. Cada vez se paga más dinero en concepto de prestaciones de discapacidad y de transporte”.
Según precisó, las cifras surgen del “ineficaz” control en las prestaciones, y del incremento en la demanda de los prestadores.
Actualmente, se otorgan unas 1.250.000 pensiones: de ese total, la administración del presidente Javier Milei sumó 20 mil nuevos pedidos desde diciembre 2023, y tiene en estudio 600 mil casos.
La asistencia supone una cobertura de $220,024, lo que representa un 70% de una jubilación mínima. Asimismo, la agencia redujo el porcentaje de discapacidad por beneficiario: antes alcanzaba un 76% de afectación y hoy es del 66%. “Ya sea 66 o 76 por ciento, es una afectación física notable, o sea, se percibe a simple vista”, argumentó el funcionario.
“Durante el período de Alberto Fernández los requisitos se ablandaron muchísimo, y hoy quedaron básicamente tres: tenés que ser argentino; si sos extranjero, tener una residencia de 10 años; y no estar en una situación de conflicto con la Justicia, o sea, detenido o prófugo”, especificó.
Ante este panorama, la agencia inició las auditorias “caso por caso” del total de las asistencias que se dieron en los últimos cuatro años, y avanzará con la totalidad de las ayudas registradas; esperan tener los resultados de la revisión para mayo del 2025.
