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El Gobierno de Perú prorrogó por otros dos meses el estado de emergencia en 37 distritos repartidos en cuatro departamentos con el fin, según se explicó, de combatir de manera más certera los «remanentes de grupos terroristas».
La medida, que regirá desde este viernes hasta el 5 de febrero de 2024, según se informó en el Diario Oficial El Peruano, implica la restricción o suspensión de algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la de reunión.
Así, las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno y del mando de la Policía Nacional en esta treintena de distritos, que abarcan los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín.
La decisión se adoptó, según el Ejecutivo, “ante la continuidad de actividades terroristas y la comisión de otros ilícitos” en las jurisdicciones que forman parte de esta declaratoria de emergencia, reportó la agencia estatal Andina.
En Ayacucho, la medida abarca a ocho distritos de la provincia de Huanta y siete de la provincia de La Mar, y en Huancavelica la prórroga del estado de emergencia se aplicará a seis distritos de la provincia de Tayacaja
En Cusco, en tanto, se aplica en diez distritos de la provincia de La Convención, y en Junín en distritos de las provincias de Satipo, Concepción y Huancayo.
Crisis y movilización
Este sábado, en Lima fue organizada una movilización convocada por diversas asociaciones sociales diversos sindicatos de trabajadores y movimientos políticos contra el gobierno de Dina Boluarte.
Ha ocurrido una crisis institucional debido a que una denuncia fiscal ha develado corrupción en el interior del Ministerio Público y el Congreso de la República. Esto ha generado que las autoridades estén pidiendo la suspensión de la hasta ahora fiscal de la Nación Patricia Benavides.
El miembro de la Asamblea Nacional de los Pueblos, Jorge Pizarro, declaró que “el pueblo peruano ha salido a las calles ante el descubrimiento de una gigantesca corrupción en el centro mismo del poder político, en la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República e implicados del poder Ejecutivo”.
Además, añadió que “la Junta Nacional de Justicia tiene que suspender a la fiscal de la nación el mismo miércoles”.
“Queremos que esta corrupción obligue a (la presidenta designada) Dina Boluarte a renunciar. Tiene que abrirse un proceso nuevo, la ciudadanía está hastiada con esta podredumbre de todo el Estado, no puede seguir así, vamos a un caos general”, agregó.
También hay juntas de fiscales provinciales de diversos lugares del país que están pidiendo la salida de Patricia Benavides y la restitución de Marita Barreto, quien inició la investigación que ha develado corrupción en la Fiscalía.
El pasado lunes, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía realizaron detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general, como parte de la investigación de una presunta organización criminal «en la alta dirección del Ministerio Público».
Esa organización es acusada de influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia, la designación del actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
