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El proyecto de intervención del Poder Judicial jujeño «es la única salida»

adrian granaEl proyecto de intervención del Poder Judicial jujeño que elaboró y presentó el diputado nacional Adrián Grana (FPV) advierte que el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional al no cumplir el reclamo de la ONU de liberar a Milagro Sala. Propone suspender por al menos 60 días a todos los magistrados que intervienen en las causas contra la dirigente social e investigar cada uno de los pasos que se siguieron en esos expedientes. 

El proyecto de Grana lleva las firmas de otros trece legisladores del bloque. Como no fue incluido en las sesiones extraordinarias, quedaría para marzo. Sin embargo, resulta una importante toma de posición sobre la situación en Jujuy en torno de la detención arbitraria de Milagro Sala y el accionar de la justicia en las causas en las que está involucrada, como así también sobre las dificultades que enfrenta el gobierno nacional en un contexto de demandas de liberación.  

Sobre la posibilidad de que el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional si no cumple con la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el texto del proyecto recuerda que es atribución del Congreso interceder para que se respeten las obligaciones con el sistema interamericano.

Plantea que es necesaria la intervención del Poder Judicial jujeño para garantizar “el pleno goce de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos”.

Señala como agravantes de esta situación las expresiones del gobernador Gerardo Morales en las que afirmó que no iba a liberar a Sala, porque esos dichos “afectan la forma republicana de gobierno”, y los interpreta como un alarde de “su dominio sobre las decisiones que deberían tomar los jueces”.

En este contexto, Grana propone una intervención por 60 días, prorrogables por otros 60; la designación de un interventor federal, y la declaración en comisión del Poder Judicial de la provincia.

El interventor tendría como misión suspender a los jueces que hayan participado en expedientes en los que esté o haya estado privada de su libertad Milagro Sala; nombrar reemplazantes interinos de otras jurisdicciones, e iniciar una investigación sobre la violación de los derechos de Sala y «tomar medidas para el respeto de los derechos en Jujuy». 

“La intervención del Poder Judicial es la única salida porque ha quedado demostrado que Milagro no puede contar con una justicia independiente: los jueces y fiscales direccionan sus investigaciones, primero ordenan detener a Milagro y después buscan pruebas sobre los hechos denunciados; Morales dijo en enero ‘no voy a negociar la libertad de Milagro Sala por el levantamiento del acampe’ y hace unas semanas afirmó ‘ yo no voy a liberar a esa mujer’, en Jujuy hoy Milagro Sala no puede contar con una justicia independiente del poder político”, comentó Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de Sala en aval al proyecto.

El proyecto de ley no sólo recuerda la resolución del grupo de trabajo de la ONU que señala la arbitrariedad de la detención y la privación del derecho de defensa, sino que recuerda que el 3 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió información sobre qué acciones implementó el Estado para acatar la decisión del Grupo de Trabajo y hace unos días se hizo pública la carta del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigiendo la inmediata liberación de Milagro Sala. 

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