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La Cámara Alta sesiona este miércoles con tres temas centrales: el proyecto de acceso a la información, que de aprobarse podría convertirse en ley; la ampliación de la figura del arrepentido, que volverá a Diputados porque introduce modificaciones a su redacción original, y la incorporación de la figura de “flagrancia”, que modifica el Código Procesal Penal.
Después de recibir duras críticas en las audiencias realizadas por la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialismo aceptó introducir cambios a la iniciativa que modifica el Código Penal para incorporar la figura del “arrepentido” para los delitos de corrupción, entre otros. La modificación central, realizada a pedido del bloque PJ-Frente para la Victoria, es la limitación del plazo en el cual el imputado puede acogerse a ese beneficio.
La redacción proveniente de la Cámara de Diputados establecía que el arrepentido podía solicitarlo en cualquier instancia del proceso mientras que el dictamen que se tratará hoy sostiene que el imputado sólo podrá arrepentirse hasta el momento en que el juez determina la elevación a juicio. Otra de las críticas expuestas por juristas como León Arslanián o Ricardo Gil Lavedra, abogado de la vicepresidenta Gabriela Michetti, es la extensa nómina de delitos a los que se le incorpora la figura del arrepentido. Pese a las críticas de oficialistas y opositores, eso no fue modificado en el Senado. Con el consenso alcanzado entre Cambiemos un sector mayoritario de la oposición, la iniciativa se aprobará sin inconvenientes y pasará nuevamente a la Cámara baja, donde los Diputados deberán decidir si insisten con su redacción original (para lo cual necesitarán dos tercios de los votos) o si aprueban los cambios del Senado.
El otro proyecto presentado por el oficialismo como un intento de combatir el delito es el de flagrancia, que luego de varios cambios en Diputados contó con el respaldo no sólo de Cambiemos, sino del Frente Renovador, el FpV, el Bloque Justicialista, entre otros. Sólo el Frente de Izquierda y el interbloque Progresista votaron en contra en Diputados. La iniciativa consiste en lograr un juzgamiento rápido de los delitos en los cuales sus autores son aprehendidos en el momento mismo de su realización, permitiendo su condena. Se trata de los casos que contemplen una pena menor a 15 años de prisión.
El proyecto de acceso a la información había logrado un amplio consenso en Diputados cuando se aprobó en mayo pasado. El texto obliga a los tres poderes del Estado a responder la solicitud de datos de cualquier ciudadano en un plazo máximo de 15 días y de manera gratuita, y contempla sanciones al funcionario que obstruya el proceso.
También estarían alcanzadas por la ley las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria; los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; operadores de juegos de azar; partidos políticos; sindicatos; universidades y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Sin embargo, en el Senado tanto la oposición como el oficialismo consideraron la posibilidad de incorporarle modificaciones pero no se pusieron de acuerdo respecto de la metodología para realizar los cambios. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, planteó que era necesario aprobar la iniciativa sin modificaciones para convertir lo antes posible en ley la media sanción y avanzar en paralelo con un proyecto “correctivo”. Tanto la media sanción como el proyecto “correctivo” se tratarán hoy.
Página/12
