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Este domingo a las 22 se podrá ver por primera vez en televisión abierta el documental «En cumplimiento del deber», que cuenta la historia del incendio intencional del galpón de la empresa Iron Mountain, ocurrido el 5 de febrero de 2014, en el que murieron ocho bomberos y dos rescatistas por la caída de un muro.
El 5 de febrero de 2014 siete dotaciones de bomberos acudieron a la calle Azara 1225, en el barrio porteño de Barracas. El galpón de la firma Iron Mountain, que guardaba los archivos bancarios de grandes empresas y corporaciones, ardía en llamas. Ya en los primeros minutos del operativo, un derrumbe causó la muerte de seis bomberos de la Policía, dos bomberos voluntarios y dos rescatistas. Otros dos bomberos se suicidaron luego de los hechos.
El documental «En cumplimiento del deber», dirigido por Jorge Gaggero, cuenta esta historia y se mete en los laberintos de Iron Mountain, una firma de alcance global, denunciando que ya había sufrido siniestros en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Italia, y que en cinco de esos casos fue demostrada su intencionalidad.
El film tuvo su preestreno el sábado al aire libre, en la esquina de Jovellanos y Quinquela Martín de la Ciudad de Buenos Aires, la esquina donde estaba el galpón incendiado. Y podrá verse este domingo a las 22 por El Nueve, en exclusivo para la televisión abierta.
Jorge Gaggero en la proyección de anoche. Foto: Télam
El largometraje narra la tragedia a través de testimonios de familiares de los fallecidos en 2014. «El suceso fue muy impactante. Desde un primer momento, sentí que era una historia que involucraba muchos temas sensibles que tenían que ver con lo público, con una empresa, lo multinacional, el lavado de dinero y la política», dijo a Télam el director de la cinta, quien estuvo presente en la función junto al equipo de realización, familiares de las víctimas y la actriz Cecilia Roth.
«La elección de Cecilia Roth fue desde un comienzo. Queríamos que la historia la narrara una mujer. Ella tiene mucho talento y es muy comprometida. Se conmovió con el proyecto y fue una parte fundamental», indicó Gaggero.
Con la narración en off de Roth, el proyecto fue producido por el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés y la investigación estuvo a cargo de su hijo, el legislador porteño del FdT Juan Manuel Valdés, el periodista de El Destape Ari Lijalad y su colega especializado en economía Pablo Waisberg.
«La investigación arrancó como una idea de contar cómo eran las maniobras de lavado de dinero y qué había adentro de Iron Mountain. Pero al entrevistar a los familiares de las víctimas, giramos un poco el eje sobre lo que veníamos haciendo y terminó tratándose más de contar esas historias», relató Waisberg.
Y agregó: «La historia de las víctimas y su rol en la sociedad era muy potente como para dejarla de lado, entonces decidimos enfocar la historia de esas personas que fueron a salvar vidas y se murieron para apagar papeles que eran producto de un incendio provocado para, presuntamente, ocultar una o varias maniobras ilegales».
El documental también señala que 29 empresas investigadas por lavado de dinero guardaban sus archivos bancarios en el depósito siniestrado, entre ellas la misma Iron Mountain. La investigación del film da cuenta que la empresa, beneficiada con una exención impositiva, no contaba con habilitación.
A través del relato, el largometraje busca responder las preguntas acerca de qué escondían esas cajas de papeles siniestradas, qué responsabilidades tuvieron el poder político y sus relaciones con las empresas involucradas. Acompañando a los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia, con pruebas y documentos importantes, se mete en una escalofriante trama de intereses y corrupción que permanece impune.
La causa
Hoy, a ocho años de la tragedia de Barracas, los familiares de las víctimas del incendio y derrumbe del depósito de Iron Mountain consideran «una burla» que ni siquiera haya procesamientos confirmados por el siniestro y esperan que este año cobre finalmente impulso la causa.
Las familias tuvieron oportunidad de expresar éste y otros reclamos en la reunión que mantuvieron el jueves con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que los convocó en su despacho.
«¡Ocho años para redactar un procesamiento, es una burla!», dijo a Télam Sandra Barícola cuyo hermano Pedro falleció en el incendio. «Estamos muy descreídos y decepcionados del juez y de la fiscal pero no vamos a dar por olvidado el hecho y vamos a volver a pedir con fuerza que la justicia se active y llegue a donde tenga que llegar», agregó.
Como consecuencia del derrumbe ocurrido en el incendio, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez; el agente Juan Matías Monticelli, del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal; los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi, del Ccuartel Vuelta de Rocha, y los rescatistas de Defensa Civil Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.
En 2018, el juez de Instrucción 18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por «incendio culposo seguido de muerte», decisión que fue apelada tanto por las defensas como por la querella, esta última en relación a cinco sobreseimientos.
Tras largo trámite, el 29 de diciembre de 2020 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminar y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la «intencionalidad», ordenándole al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de un colegio pericial.
El abogado de los familiares Javier Moral explicó que esta decisión de la Cámara no significa que los imputados hayan sido «desprocesados», porque imputados no fueron sobreseídos ni se les dictó la falta de mérito. La expectativa ahora es que una vez superada esta larga pausa en el expediente, sean procesados «con mejores fundamentos» incluso un mayor número de acusados y por el más grave delito de «estrago doloso seguido de muerte».
«Estamos en un momento crucial del proceso porque la Cámara ordenó nuevas pericias o ampliaciones a fin de que quede blanco sobre negro la intencionalidad o no del estrago que se cobró la vida de 10 servidores públicos», dijo Moral.
Durante todo el año pasado, peritos de bomberos, del INTI, de la UTN y de las partes se reunieron para analizar lo que había en el expediente para tener un punto de vista unificado sobre la intencionalidad. «El colegio de peritos ya presentó el informe ampliatorio, que a nuestro criterio no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad. Ahora resta que el Juzgado de Instrucción las analice, convoque otra vez a los imputados y luego resuelva los procesamientos», explicó el abogado.
El fallo que mandó dictar una nueva resolución benefició a Eduardo Alfredo Sueyras, director de seguridad e higiene para América Latina de la firma; Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general, y Héctor Eduardo García, jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina.
También alcanzó a los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad; Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales, y Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programación Operativa.
Los otros beneficiados son Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa; Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control; Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras.
«Creemos que el juez de Instrucción tiene que volver a dictar los procesamientos, la Cámara del Crimen debe confirmarlos y la causa ser elevada a juicio en el trascurso de este año», agregó el abogado Moral.
«Si la Cámara confirma los procesamientos dispuestos por el magistrado instructor quedarían unos requisitos procesales que es la elevación a juicio, el sorteo del tribunal y luego las partes deberíamos presentar las pruebas, los testigos y todos los elementos que consideramos para demostrar la acusación», añadió.
El abogado recordó que en 2016, «cuando junto a las familias realizamos una inspección ocular, a poco de iniciar el recorrido nos dimos cuenta a todas luces de que esto había sido intencional».
«Se había quitado una Bomba Jockey, que era la que tomaba agua de la red subsidiaria por si fallaba el sistema principal, en el cual había una cisterna que sobre excedía cualquier contingencia para un incendio de ese depósito, pero estaba vacía y otras situaciones que daban cuenta de la intencionalidad», precisó.
«Los familiares todos los años recuerdan a sus víctimas y las llevan a través del laberinto de los procesos judiciales, estuvimos casi tres años para que el máximo tribunal penal de la Nación, la Cámara de Casación Penal, revocara una decisión que echó a los querellantes de la causa, es decir no les permitía a los querellantes buscar, justamente, la verdad del proceso penal», acotó.
Y remarcó: «Estuvimos tres años con diferentes recursos que fueron rechazados sistemáticamente hasta que, a través de una queja, en el máximo tribunal penal revocó esa resolución que a nosotros nos constituía una afrenta a los derechos de las víctimas».
