Femicidio de Nahir Álvarez: Una nueva muestra de la falta de perspectiva de género en los jueces de Jujuy

Este miércoles se cumplieron 8 meses del femicidio de Alejandra Nair Álvarez, asesinada por el padre de su beba, que actualmente tiene un año y medio. Su familia marchó para pedir justicia y también para repudiar que se haya dado curso en principio a un pedido de la familia del femicida para que se les permita vincularse con la niña.

La joven de 17 años fue apuñalada el 9 de octubre del año pasado y por su femicidio está detenido Rodrigo Damián Villanueva, de 18 años, imputado por homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por violencia de género.

«Ahora estamos ante un nuevo hecho de violencia, una demanda infame que ni siquiera debería haberse notificado a la familia de la víctima «, afirmó la abogada de la familia de Alejandra Nair, Mariana Vargas, en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5). 

A pesar de que no está en discusión la custodia de la beba, cuya tutela está a cargo de los abuelos maternos, la familia del femicida solicitó a la justicia un régimen comunicacional con la niña. «Ellos no tienen ningún vínculo, por lo tanto no se puede hablar de ningún tipo de pérdida emocional», indicó Vargas.

Ante el pedido de la familia de Villanueva, la primera acción de la justicia fue fijar una audiencia para que los se vieran con los familiares de la víctima. «Obviamente que nos opusimos y se dejó sin efecto. Pero la verdad es que estamos contestando una demanda a la que directamente no se le tendría que haber dado curso», detalló la abogada.

En el proceso judicial contra el femicida, la fiscalía ya presentó el pedido de elevación a juicio, al que se opuso la defensa y presentó una apelación. Vargas indicó: «Estamos hablando de la familia paterna que sostiene la defensa del acusado interponiendo un recurso».

Esta cuestión tiene una consecuencia directa sobre la situación de la hija de Alejandra Nair, porque solo cuando esté firme la elevación a juicio podrá acceder a la reparación prevista por la Ley Brisa.

Para Vargas, esta situación viene a sumarse a una serie de cuestiones que ella enmarca en la categoría de violencia institucional. La familia de Alejandra Nair debió primero batallar contra la pretensión judicial, que finalmente se dejó sin efecto, de unificar la propia querella con la del Consejo Provincial de la Mujer.

«El Consejo es un órgano del Poder Ejecutivo que tiene la tarea específica de llevar adelante las políticas públicas que están siendo a todas luces deficientes, razón por la cual Jujuy tiene el índice más alto de tasa de femicidios. Las cifras lo dicen todo», señaló Vargas, y continuó: «Solo se podría relevar de responsabilidad al Estado si pensáramos que no existe forma de evitar los femicidios. Y aceptar esto sería, para las mujeres, suicida».

Lo siguiente fue la demanda de la familia paterna de la beba para vincularse con ella. La abogada advierte: «La misma familia que paga la defensa del femicida y que quiere garantizar su impunidad, pide vincularse con la principal persona que necesita justicia y reparación».

«No se puede trasladar lo que hace una persona a la familia, pero la verdad es que a veces la familia legitima. Y en este caso es así. Para mí, en esta familia paterna, el problema es la legitimación de la violencia», analizó.

«Yo no sé cuál es la razón por la que se hacen estas cosas que terminan siendo muy dañosas. Es todo parte de lo mismo, de cómo la justicia trata estos casos, especialmente cuando hay hijos de la víctima de femicidio y del femicida», reflexionó Vargas.

En este sentido, remarcó: «Sabemos las consecuencias gravísimas para los hijos e hijas de víctimas de femicidio cuando quedaron a cargo de la familia paterna», y mencionó un caso en el que la hija de una víctima de femicidio que había quedado con la tía paterna era obligada a ir a la cárcel a visitar al femicida.

«Ahí  hay algo que no tiene solución, y es que la familia paterna va a sostener todas las posibilidades de impunidad y de apoyo al femicida. Pero cuando se trata de los hijos e hijas de víctimas, lo primero que tiene que hacer el Estado es pensar en la justicia y la reparación, que es esencialmente para ellos», sostuvo.

Vargas remarcó: «Son niños que van a crecer sin madre porque fueron víctimas de femicidio. Entonces, en esta circunstancias no se puede hablar de vínculos familiares».

Situaciones como esta son las que demuestran la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial. Para la abogada, en el centro de la atención debe estar cómo cuidar a esa beba y no dañar a la familia que tiene la tutela. «Y con estas acciones se la está dañando, por eso hay que poner un freno y que la justicia, en vez de dar curso a una demanda así, ordene el archivo».

«Hay cosas que no van a tener solución. Esa es la legislación que tenemos. Entonces, ante una justicia que no tiene perspectiva, la perspectiva hay que imponerla con otras leyes», completó.

-¿Las capacitaciones de la Ley Micaela no ha tenido efecto en la actuación del Poder Judicial? 

-Yo no puedo decir que no haya tenido efecto. Quienes litigamos y planteamos estas cuestiones, hoy lo podemos hacer con mayor libertad. Yo siento una diferencia entre lo que planteo hoy y lo que planteaba hace años en el propio ejercicio de la profesión. Por lo tanto creo que sí, ha tenido resultados y sí creo que hay sentencias con perspectiva de género. Pero después están todas estas otras cuestiones, son como piedras que impiden que se avance. Ya no es solo un problema de capacitación, sino que sin perspectiva no se puede. Entonces tenemos que empezar a ver también jurys por la falta de perspectiva. Por otro lado, a mí me hace ruido cuando hablamos solo de la justicia y no hablamos de la administración. Porque creo que la perspectiva de género tiene que ser un requisito para ser funcionario o funcionaria en el Poder Judicial, pero también en el Ejecutivo y el Legislativo.

-¿Qué cree que motiva a los jueces a habilitar que se junten esas dos familias? 

-Yo tengo varias hipótesis. Una es que entienden que la violencia machista, incluso el femicidio, no afecta a hijos e hijas. Creen que el hecho de que un progenitor haya matado a una progenitora, no tiene que extenderse como daño a los hijos e hijas, porque desde ese punto de vista una cosa es lo que se le hace a una mujer y otra cosa es lo que se les hace a unos hijos. Se plantea que una cosa es que el progenitor violente a la madre y otra cosa es lo que pasa con los hijos e hijas, aunque haya violado a la madre delante de los hijos, aunque le haya pegado adelante, con lo que significa para un niño ver cómo le destruyen la cara a la propia madre. Eso está intrínseco en muchas cuestiones. Son ideas que están muy metidas en el Poder Judicial. Por eso tenemos revinculaciones forzadas entre progenitores denunciados por abuso sexual y sus hijos o hijas, los que fueron víctimas del abuso. Esto existe. De todos modos, es difícil estar en la cabeza de los jueces.