Fernández le pidió a Morales «que escuche al mundo” para “terminar con la violencia estatal”

El presidente Alberto Fernández le pidió hoy al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que «no utilice al pueblo» de esa provincia como «banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante», a la vez que anunció que instruyó al Ministerio de Justicia para que «analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma» de la Carta Magna en el distrito norteño.

Además, lo instó «de forma definitiva» a «cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos», al advertir que «es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal» en esa provincia.

Desde la Sala de Conferencias de Casa Rosada, Fernández anunció que dio instrucciones al Ministerio de Justicia para que «analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma» de la Carta Magna de Jujuy que «violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales».

Luego afirmó que esa administración contará con el «apoyo» del Gobierno nacional si se decide a promover un diálogo.

Fernández reiteró el pedido para que el mandatario jujeño «convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas».

Remarcó que «los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática», a tal punto que «ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos.

En ese sentido, citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que «se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy».

El jefe de Estado señaló que «a 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los legítimos reclamos y expresiones de sus comunidades».

Para Fernández, «negar el derecho a la protesta, es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas».

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