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La diputada provincial Mariela Ferreyra, del Bloque Frente de Todos-PJ, mostró indignación por el ingreso del proyecto de ley, para liquidar y disolver el Banco de Desarrollo de Jujuy, ex Banco de Acción Social, impulsado por el Poder Ejecutivo.
En la sesión ordinaria de ayer, la legisladora aclaró que por su condición de empleada del Banco se siente emocionalmente involucrada y que no puede dejar de pensar en sus compañeros de trabajo y en las más de 130 familias que tendrán un cambio rotundo en sus vidas cuando la entidad deje de existir como tal.
“La realidad de todos los que prestamos servicios en el Banco va a cambiar en lo económico y laboral, hasta vamos a perder la obra social que hoy tenemos. Pero más allá de esto y revisando todo lo concerniente al Banco, observé una filmación del día de su inauguración, escuché las declaraciones del gobernador Morales y vi la algarabía que había, porque íbamos a ser el Banco de la Provincia”.
“Pero algo pasó en el medio, porque después todo explotó. No se tramitaron las autorizaciones necesarias para que la institución sea verdaderamente un Banco. En este marco, merece un tratamiento especial quien hoy se encuentra en la presidencia de esta quebrada institución, Marcelo Fernández, quien era el responsable de tramitar la autorización ante el Banco Central de la República Argentina”.
“El Banco Central había accedido a que temporalmente la institución llevara el nombre de Banco, pero tiempo después se informó que el directorio no estaba en condiciones, porque no calificaba para conducir una entidad bancaria. Es más, el contador Fernández contaba con la peor calificación que otorga esa entidad. Después de ese intento, no se hicieron los trámites nunca más”.
“A partir de allí, todo lo que se encaró fue un fracaso. El Pacha Bingo dio pérdidas escandalosas, la tarjeta Pachamama siguió la misma suerte, y se había asegurado que con la venta del Ingenio La Esperanza se iba a fondear al Banco, pero terminó siendo fundido”.
“No sé bien lo que sucedió en el medio, pero si me queda claro que 130 familias hoy están pagando las consecuencias de la incapacidad del contador Fernández, que hizo quedar mal a quien le confió una institución que prometía ser pujante, superadora y acompañar el cambio de la matriz productiva que tanto menciona la actual administración provincial”.
