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En una nueva audiencia por el segundo juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia, el Tribunal Oral Federal dio por terminado el período de pruebas y dio paso al inicio a la etapa de alegatos que comienza la semana que viene.
En la jornada de ayer se incorporaron los testimonios de los expresos políticos fallecidos Ricardo Ovando y Julio César Bravo, que habían sido aportados en el pasado. Por parte de la querella, se sumó el testimonio de una exmiembro del servicio penitenciario, Raquel del Carmen Martínez, también fallecida.
La presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal Nº 1 de Jujuy, Fátima Ruiz López, anunció que el jueves a las 8 comienza la etapa de los alegatos por parte de la querella. Se trata de los abogados Ariel Ruarte, Paloma Álvarez Carreras y María José Castillo por los familiares de detenidos desaparecidos; Martín Patiño por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Francisco Snopek y Pablo Pelazzo por el Ministerio Público Fiscal.
El 8 de mayo será el turno del alegato de la defensa de los procesados exintegrantes del servicio penitenciario que están siendo juzgados por los delitos de homicidio, torturas y privación ilegal de la libertad, entre otros.
Luego el TOF, a través de la secretaria, dio lectura a los testimonios incorporados por la fiscalía. El abogado Ricardo Ovando, en declaraciones anteriores, relató sus dos detenciones: la primera en noviembre de 1974 y la segunda el día del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. La primera detención, que fue a pedido del entonces gobernador Carlos Snopek, la padeció junto a Carlos Patrignani, Reynaldo Aragón y Jorge Weisz (desaparecidos) y Andrés Fidalgo.
En la segunda oportunidad quedó detenido al presentarse en la sede central de la Policía de la Provincia a preguntar las razones por las que lo buscaban apenas regresó de un viaje. Cuando llegó a su casa se dio con puertas destruidas, el interior saqueado y la ausencia de su esposa, a quien le habían pegado un tiro que dañó su nervio ciático provocándole una incapacidad permanente.
En ocasión de su declaración, Ovando contó que el policía Ernesto Jaig y el militar Mariano Braga fueron los responsables de retirar de la cárcel a Jorge Turk.
La siguiente prueba incorporada fue el testimonio de Julio César Bravo, quien manifestó que padeció tortura psicológica de parte del capitán Juan Carlos Jones Tamayo y de los hermanos Carlos y Ricardo Ortiz, ambos juzgados en el este proceso.
La última prueba que se sumó es la declaración de Raquel Martínez, quien prestaba servicios como celadora en el penal de Barrio Gorriti. Había relatado que recordaba muy bien a Juana Torres, que llegó a la cárcel golpeada y que la tenían con las manos atadas, y acusó a Ernesto Jaig por ser el responsable de sacar a la mujer por última vez de la prisión.
Este segundo juicio por delitos de lesa humanidad comenzó en setiembre de 2013 para juzgar los hechos ocurridos entre los últimos días de mes de mayo y los diez primeros días de junio de 1976 con 7 personas que fueron llevados detenidos al penal de Gorriti y después, retirados del penal, el día 10 de junio y nunca más se supo de ellos a excepción de Dominga Álvarez de Scurta, cuyo cuerpo fue encontrado como NN en el cementerio de Yala, en 1984, mientras figuran como detenidos- desaparecidos: Juana Francisca Torres, Alicia Ranzoni, Jorge Turk, Pedro Torres, Jaime Lara Torres y Osvaldo Giribaldi.
Los represores que están siendo juzgados en este proceso, son los ex integrantes del servicio penitenciarios Mario Gutiérrez, Herminio Zárate, los hermanos Carlos y Ricardo Ortiz; el oficial al cargo del servicio penitenciario al momento de los hechos Antonio Vargas y el suboficial César Díaz.
