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El Gobierno nacional redujo este lunes de 9% a 0,3% el porcentaje de recaudación del Impuesto PAÍS destinado al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), dirigido al financiamiento de proyectos de barrios populares y la creación de lotes con servicios, a través del Decreto 193/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial.
En las últimas semanas, desde el oficialismo se instaló la idea de que estos fondos eran administrados de manera irregular por lo que se planteaba la necesidad de revisarlos. «Buscamos la transparencia, no que se elimine la función que cumplía cada fondo, sino tener más transparencia y aquellos destinos que encontremos que efectivamente deben seguir existiendo tal vez que sigan existiendo muy transparentados, muy controlados», afirmó el pasado jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La Ley 27.541 que creó el Impuesto País estableció que el 70% de la recaudación se dirija a programas de la Anses y el PAMI, y el 30% restante a obras, turismo y vivienda.
De ese 30%, el 30% se asignaba directamente al FISU, 65% para obras de infraestructura económica y 5% para el fomento del turismo nacional.
El decreto publicado este lunes reduce ese 30% del FISU a un 1%, incrementando a 94% el monto destinado a obras de infraestructura. En términos absolutos sobre el 100% de la recaudación del Impuesto, el fondo pasó hoy de recibir el 9% total del tributo al 0,3%.
El alcance del FISU
El FISU, creado en 2019, uno de los fondos fiduciarios bajo evaluación del gobierno, se destinaba al financiamiento de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Entre otras obras, financia el acceso a servicios de agua, cloaca, veredas, equipamiento urbano, espacios educativos, playones y polideportivos, espacios verdes y anexiones seguras de electricidad, así como la creación de nuevo suelo urbano para la construcción de lotes.
Del mismo modo, comprende el programa MI Pieza, destinado a financiar refacciones, mejoras o ampliaciones de las viviendas en estos barrios.
Según el Monitor de obras de Integración Socio Urbana, de acceso público, con el FISU se realizaron 1276 obras de integración en barrios populares, alcanzando a 5060 barrios y 338.152 familias.
La campaña en contra
«Nadie es kirchnerista gratis. Hoy nos enteramos que el candidato a presidente, (Juan) Grabois, el defensor de pobres, manejaba $ 500.000 millones que iban directamente a él sin control, nada», manifestó la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los manejos de dicho fondo.
Grabois rechazó estas acusaciones y señaló que se trata de «una operación de desprestigio».
«Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera. Los movimientos sociales no manejan cajas. El Estado se organiza y tiene funcionarios que pueden provenir de una empresa como Caputo o (Federico) Sturzenegger o de movimientos sociales como Fernanda Miño», dijo Grabois mediante un video que difundió en la red social X.
Del mismo modo, citó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebatián Pareja, quién señaló que, si dicha área «no fue la única que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo».
«Chau FISU. Chau a la ‘cajita feliz’ del atorrante de Juan Grabois. Bien presidente (Javier) Milei defendiendo a los argentinos contra las mafias y los gerentes de la pobreza», celebró el diputado nacional José Luis Espert en X.
‘Un golpe muy duro’
Sacerdotes de barrios populares advirtieron este lubes que «no es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos» y calificaron como «un golpe muy duro» la decisión del Gobierno nacional de recortar el FISU, un programa que, precisaron, beneficia a más de 5 millones de vecinos y que «es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza».
«Es un golpe muy duro bajar este financiamiento que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores. La intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer», indicaron los sacerdotes a través de un comunicado titulado «No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares».
Los curas villeros remarcaron que «bajar el presupuesto del FISU sería volver para atrás» y que no pueden «tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social».
«No es bueno desenchufar el Estado de las villas y asentamientos», agregaron, al considerar que «una de las principales funciones del Estado es velar por los más postergados».
El texto fue respaldado por más de cincuenta curas de distintas partes de Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Corrientes y Tucumán, entre los que se destaca la firma del padre Lorenzo «Toto» De Vedia, de la Parroquia de los Milagros de Caacupé en la Villa 21-24, del barrio porteño de Barracas.
«Confiando en la capacidad de escucha y diálogo por la cual la población los eligió, pedimos al Gobierno Nacional que se revise lo que haga falta para que la Integración Socio-Urbana sea una realidad cada vez más efectiva», plantearon, y calificaron al FISU como «la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza».
Además, el grupo de sacerdotes también ponderó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que permitió a «muchos lugares históricamente ninguneados por la sociedad y por el Estado empezaron a ser tenidos en cuenta con más profundidad».
«En medio de tanta deuda con los más postergados, valoramos las políticas públicas que se fueron dando en barrios populares. Las mismas posibilitaron crecer en inclusión. Así, muchos vecinos pudieron lograr mejor acceso a cloacas, agua, luz, escuela, salita y centros comunitarios. Otros pudieron ampliar y mejorar sus humildes casas», destacaron los curas.
La Fundación Techo pidió la continuidad
El director ejecutivo de la Fundación Techo, Juan Maquieyra, pidió la continuidad del financiamiento al FISU y remarcó que se trata de una política de Estado que atravesó gobiernos nacionales de distinto signo político.
“El FISU viene de una política de Estado que lleva ya varios años en Argentina. En Techo empezamos relevando barrios populares en 2009. En el gobierno de Mauricio Macri se hizo un relevamiento de barrios populares nacionales donde supimos por primera vez cuántos había en Argentina», explicó Maquieyra.
Según explicó en diálogo con C5N, en 2018 el Congreso vota con unanimidad la ley (27.453) en donde se crea el fideicomiso, y en 2020 el gobierno de (Alberto) Fernández financia la ley con el Impuesto País.
El director de Techo lamentó que el decreto “complejiza mucho el financiamiento”.
“Si se sostiene la situación, baja muchísimo la cantidad de financiamiento orientado a estas obras para más de 6.000 barrios populares en Argentina que necesitan acceso a cloaca, electricidad y otras obras de infraestructura”, remarcó.
Señaló también que, si no quiere financiar al FISU por el Impuesto PAÍS, se puede “poner otro impuesto con fuerza de ley para garantizar el financiamiento”.
“No puede pasar que de un día para otro nos levantemos y una política queda desfinanciada, más cuando en el mismo gobierno había voces que habían hablado bien de esta política pública”, indicó.
“Ojalá prime la mirada de continuar con las obras y de transparentar lo que haya que transparentar. No hay posibilidad de meritocracia si no hay como llegar a la escuela o donde trabajar. Hay que invertir en los más de 6000 barrios populares”, concluyó Maquieyra.
