Funcionarios del Banco de Acción Social están imputados por la justicia penal

El diputado provincial de la UCR, Jorge Rizzott brindo explicaciones sobre la imputación que pesa sobre Directorio del Banco de Acción Social (BAS) que en 2009 cobró sobresueldos, entre otras cuestiones irregulares. Un pedido de informes de la UCR en aquel año derivó en el llamado a indagatoria para estos días a los funcionarios, muchos de ellos en puestos gubernamentales en la actualidad. “Fellner protege a funcionarios acusados de actuar contra el Estado, sobre dinero público, abusando de su autoridad”.

 El legislador estuvo acompañado por sus colegas del bloque opositor, dijo que hubo un importante avance en la causa por delitos contra la administración pública en el Banco de Acción Social (BAS) de Jujuy: cinco funcionarios que en 2008 y 2009 conformaban el Directorio de dicha entidad fueron llamados para estas primeras semanas de marzo a indagatoria bajo la imputación de supuesto abuso de autoridad y participación secundaria del mismo delito.

 Rizzotti fue el legislador que impulsara la solicitud de información e investigaciones en torno al BAS, detalló que “tras un trabajo de investigación, presentamos en 2009 un pedido de informes que fue aprobado con modificaciones desde el oficialismo pero que permitió saber que el BAS no sólo no cumple con la Carta Orgánica ni su objetivo, ya que destinaba para acción social solamente un 4%, sino que tampoco cumple con el régimen de contrataciones para los casos de juegos de azar en máquinas: hubo un solo llamado a licitación y todas las demás fueron contrataciones directas, con prórrogas que se extienden más allá del 2020”.

 “Tras esto, denunciamos ante el Tribunal de Cuentas, que investigó, y también concluyó sobre una gran irregularidad administrativa que tuvo que ver con aumento de sueldos del Directorio del BAS: en 2008, una resolución interna había establecido un incremento retroactivo y fuera de la normativa legal de la provincia, adjudicándose al Directorio sueldos que excedían incluso al del gobernador; el Tribunal observó y dictaminó que los funcionarios implicados devolvieran dinero a la provincia”.

 Las imputaciones y los funcionarios que la causa señala son: por supuesto abuso de autoridad, Guillermo Eduardo Weibel (en 2009 gerente general del BAS); por ser supuestos partícipes secundarios de abuso de autoridad: Enrique Nazario (presidente), Normando Reales (síndico) y María Celia González y Luis Manuel Conde (vocales).

 El legislador indicó que “desde el Radicalismo venimos denunciando la mala administración del BAS hace años; en una provincia como la nuestra necesitamos un Banco que sirva al desarrollo productivo de las familias, a las pymes, al deporte, y no que beneficie a grupos particulares, como los relacionados con los tragamonedas, por ejemplo. La necesidad de transformar el BAS se confirma con estas cuestiones que demuestran que se está perjudicando la cosa pública de todos los jujeños”, e interpretó: “el boleto estudiantil gratuito, que ha sido una de las cosas que más nos ha criticado el oficialismo, por ejemplo, se sustenta casualmente en un impuesto que le cobramos a estas concesionarias por la explotación de las máquinas de juegos de azar; esto está íntimamente relacionado también con la ludopatía, donde también hay ausencia del gobierno provincial. Con acciones como las de control público e iniciativas superadoras, instamos a que el gobernador Fellner deje de una vez de ser cómplice de lo que perjudica al Estado y al pueblo”.

 Rizzotti también informó que “desde el bloque de la UCR se avanzará para que el Fiscal solicite mecanismos que logren que el dinero que estas personas obtuvieron ilícitamente vuelva, actualizado, a la provincia, pero más allá de los montos, nos interesa solicitar atención sobre el acto administrativo; hay funcionarios que cometieron ese delito, y hay que actuar en función de eso. De acuerdo a la Carta Orgánica, deberían haber dejado sus funciones, y entendemos que en el momento en que el Tribunal de Cuentas hace cargo solidario, la decisión política del gobernador debería haber sido remover a los funcionarios; hoy llamamos al Ejecutivo a obrar en el sentido de la Justicia”.

 “También, como venimos haciéndolo, trabajaremos en pos de las revisiones, puesta a punto y modificaciones necesarias tanto del BAS como del Tribunal de Cuentas, para que los mecanismos previstos para el desarrollo social y el control público se fortalezcan cada vez más y permitan una democracia real, con un gobierno abierto y no hermético y protector de irregularidades como viene siendo hasta ahora”, concluyó el diputado Rizzotti.