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El portero del edificio, Julio Cèsar Silva, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, donde residía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desmintió formalmente el testimonio que había brindado inicialmente en el marco de la denominada «Causa Cuadernos».
La retractación introduce un vuelco en una de las líneas de investigación del expediente judicial.
El testigo aseguró ante la Justicia que sus afirmaciones originales no se correspondían con hechos que hubiese presenciado de manera directa.
Durante su nueva comparecencia, el encargado del inmueble explicó las circunstancias en las que se produjo su primera declaración y señaló que fue inducido a convalidar un relato por parte de las autoridades judiciales y policiales que intervinieron en la etapa de instrucción del caso.
La causa, que investiga una presunta red de retornos vinculados a la obra pública, sumó así un nuevo cuestionamiento sobre la validez de las pruebas y los testimonios recolectados durante la etapa previa a la elevación a juicio oral.
Cuestionamientos a la instrucción judicial
En su reciente presentación, el trabajador del edificio de la calle Uruguay aclaró que nunca observó el movimiento de bolsos con dinero ni las situaciones sospechosas que se le habían atribuido en las actas originales.
Según sus nuevas afirmaciones, la declaración que constaba en el expediente fue el resultado de presiones ejercidas durante los procedimientos iniciales para convalidar las hipótesis de la fiscalía.
Las defensas de los principales imputados en el caso capitalizaron esta retractación para reiterar sus críticas hacia las metodologías implementadas por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli durante la etapa de recolección de pruebas.
Desde los equipos legales señalaron que este episodio expone las irregularidades del proceso y la falta de consistencia de los testimonios claves.
Por su parte, el tribunal a cargo de las audiencias deberá evaluar el impacto de esta desmentida en el conjunto de la prueba del debate oral, en momentos donde la validez de los testimonios de los denominados «arrepentidos» y testigos presenciales continúa bajo revisión técnica por parte de los magistrados.
