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Impunidad biológica: Blaquier no irá a juicio por su «deterioro cognitivo»

Las causas por los crímenes cometidos en el ingenio Ledesma durante la última dictadura cívico militar no tendrán como imputado al dueño de la empresa, Carlos Pedro Blaquier, a raíz del dictamen del Cuerpo Médico Forense que advirtió que no podrá seguir en el proceso «por problemas de salud mental». El Gobierno nacional evalúa acciones contra jueces que provocaron demoras en el proceso que derivaron en esta situación.

La evaluación forense, de la que participaron miembros del Cuerpo Médico Forense y dos peritos de la Secretaría de Derechos Humanos, dictaminó que «el deterioro cognitivo que presenta el imputado no le permite afrontar un debate oral», sostuvo la Secretaría, que destacó que esos profesionales son de «incuestionable compromiso con el proceso de memoria, verdad y justicia».

De ese modo, Blaquier no está en condiciones de afrontar el juicio por las detenciones  ilegales y desapariciones cometidas durante la denominada Noche del Apagón, en julio de 1976.

La causa penal estuvo paralizada durante ocho años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y en la Corte Suprema después. Esa dilación, advirtió la Secretaría a cargo de Horacio Pietragalla Corti, garantizó la impunidad del dueño del dueño del Ingenio Ledesma, de 94 años.

Blaquier está procesado junto al entonces administrador del ingenio, Alberto Lemos, en dos causas por crímenes de lesa humanidad que fueron elevadas a juicio oral.

En el expediente sobre la Noche del Apagón -cuando se produjo un corte de luz para secuestrar- está acusado por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades jujeñas de Ledesma, Calilegua y Libertador Gral. San Martín en julio de 1976, mientras que en la causa Aredez se le imputan tres secuestros entre marzo y abril de 1976.

Esas causas se encontraban en condiciones de ser elevadas a juicio en 2013, cuando el empresario no tenía esos problemas de salud mental. Pero quedaron paralizadas por la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada entonces por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, que primero admitió un recurso de la defensa y dos años después les dictó falta de mérito a ambos acusados.

Desde la Secretaría recordaron que recién en julio de 2021, y gracias a varios pedidos de ese organismo y de las otras querellas exigiendo una pronta resolución, la Corte Suprema anuló lo resuelto por la Casación, señalando que esa decisión había sido «arbitraria» y que «obstaculizó indebidamente el avance del proceso».

«La irregular decisión de Casación y la dilación de la Corte Suprema en revocarla le permitieron a Blaquier y a Lemos pasar estos 8 años en sus domicilios sin ser juzgados», manifestó el organismo a cargo de Pietragalla Corti.

Y advirtió que esa falta de respuestas de las máximas instancias judiciales del país «provocó un daño irreparable en las víctimas, que no podrán obtener justicia por esos gravísimos crímenes respecto a Blaquier», mientras que sobre Lemos dijo que «es indispensable y urgente que se avance con el debate oral y público en su contra».

La Secretaría informó que analiza la responsabilidad de los jueces que intervinieron en el proceso para determinar las medidas que corresponde impulsar. Así, manifestó que las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura son las que «mayor resistencia generan en el Poder Judicial».

«El avance sin demoras de estas investigaciones es una de las prioridades del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad que promueve esta Secretaría», señaló el texto.

La agrupación Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) de Jujuy ya había solicitado el pasado 16 de julio a la Cámara Federal de Casación Penal que se acelere la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar en la que se tramita el procesamiento del empresario y su entonces administrador.

Eva Arroyo, principal referente de Hijos Jujuy, señaló en esa oportunidad a Télam que «lo que tenemos miedo es que Casación tenga actitudes obstaculizantes y llegue la impunidad biológica porque Blaquier tiene 93 años».

Blaquier y Lemos fueron procesados como partícipes necesarios de la Noche del Apagón, como se conoce a la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, sucedido entre el 20 y el 27 de julio de 1976.

El empresario y su colaborador están acusados de proveer vehículos y personal del ingenio para ese operativo represivo, como consta en diversos testimonios de sobrevivientes, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad.

El comunicado de la Secretaría de DD.HH.

Impunidad biológica: por años de demoras judiciales, Blaquier no está en condiciones de afrontar el juicio por las noches del apagón

El Cuerpo Médico Forense dictaminó que Blaquier no está en condiciones de afrontar un juicio por problemas de salud mental. La causa penal estuvo paralizada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal primero y en la Corte Suprema después. Esa dilación garantizó la impunidad del dueño del Ingenio Ledesma, quien tiene 94 años. En la evaluación médica participaron los peritos de la Secretaría de Derechos Humanos de reconocida trayectoria.

Luego de 8 años de demoras injustificadas del Poder Judicial, las causas por los crímenes cometidos en el Ingenio Ledesma no tendrán como imputado a Carlos Pedro Blaquier, dueño de la empresa, quien a sus 94 años no podrá seguir en el proceso por problemas de salud mental.

La evaluación forense, de la que participaron miembros del Cuerpo Médico Forense y dos peritos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de incuestionable compromiso con el proceso de memoria, verdad y justicia dictaminó que el deterioro cognitivo que presenta el imputado no le permite afrontar un debate oral.

Blaquier está procesado junto al administrador del ingenio, Alberto Lemos, en dos causas por crímenes de lesa humanidad que fueron elevadas a juicio oral. En el expediente sobre las Noches de los apagones, está acusado por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades de Ledesma, Calilegua y Libertador Gral. San Martín en julio de 1976, mientras que en la causa Aredez se le imputan tres secuestros entre marzo y abril de 1976.

Esas causas estaban en condiciones de ser elevadas a juicio en 2013, cuando el empresario no tenía estos problemas de salud mental. En cambio, quedaron paralizadas por la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal —entonces integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi—, que primero admitió un recurso de la defensa y dos años después les dictó falta de mérito a ambos acusados.

Recién en julio de 2021, y gracias a varios pedidos de la Secretaría de Derechos Humanos y de las otras querellas exigiendo una pronta resolución, la Corte Suprema de Justicia anuló lo resuelto por la Casación, señalando que esa decisión había sido “arbitraria” y que “obstaculizó indebidamente el avance del proceso”.

La irregular decisión de Casación y la dilación de la Corte Suprema en revocarla le permitieron a Blaquier y a Lemos pasar estos 8 años en sus domicilios sin ser juzgados. Esta falta de respuestas de las máximas instancias judiciales del país provocó un daño irreparable en las víctimas, que no podrán obtener justicia por esos gravísimos crímenes respecto a Blaquier. En cuanto a Lemos, es indispensable y urgente que se avance con el debate oral y público en su contra.

La Secretaría de Derechos Humanos analiza la responsabilidad de los jueces que intervinieron en el proceso para determinar las medidas que corresponde impulsar. Las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura cívico-militar son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial. El avance sin demoras de estas investigaciones es una de las prioridades del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad que promueve esta Secretaría.

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