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Seis referentes de organizaciones sociales fueron citados este martes por el Ministerio Público de la Acusación para conocer la imputación que pesa sobre ellos, en el marco de la causa en la que se los acusa de extorsión y amenazas coactivas. Es el expediente iniciado por el fiscal Diego Funes que motivó los allanamientos del 6 de julio pasado. Por esta causa, fue presentada una denuncia federal contra varios funcionarios políticos y judiciales, incluido el propio Funes, por haber violado la ley nacional de inteligencia.
Claudia Soledad Molina, María Eugenia Molina, Gonzalo Maurin, Sebastián Fernández Ferreyra, José Surita y Juan Chorolque concurrieron este jueves a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos contra la Administración Pública Nº 2, a cargo del fiscal Diego Funes, para conocer las imputaciones en la causa, designar sus abogados defensores y prestar declaración defensiva. Todos hicieron uso de su derecho a negarse a declarar.
Alejandra Cejas, representante legal de Claudia Soledad Molina y María Eugenia Molina, explicó a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que una vez realizado el trámite pidieron «acceder a las pruebas, que supuestamente son los objetos que han secuestrado en los allanamientos».
Si bien en el primer escrito elaborado por el fiscal Funes se había planteado también la acusación por el delito de asociación ilícita, esa figura fue eliminada de la imputación. «Han bajado esa calificación porque no han podido probarla», señaló Cejas.
La abogada remarcó que «asociación ilícita es la figura que siempre usa el gobierno para imputar a los opositores».
«Esto forma parte también de una avanzada en la coyuntura política que está viviendo Jujuy. Desde le primer momento sostuvimos que no hay causa de imputación porque todo es fruto de un espionaje, que además ya ha sido denunciado a nivel federal», agregó.
Se refiere a la denuncia penal presentada el 30 de septiembre pasado contra el ministro de Seguridad, Luis Alberto Martín; el jefe de la Policía de la Provincia, Héctor Horacio Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía, Marcelo Rodríguez; el juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Miguel Fernández, y el fiscal Funes. La denuncia es por haber violado leyes nacionales al infiltrar y realizar espionaje ilegal contra organizaciones sociales y sindicales, y fue presentada por la abogada Gabriela Carpinetti, directora nacional de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Además, Cejas comentó que ella misma presentó otra denuncia penal contra el fiscal Funes y el juez Fernández por haber allanado el domicilio particular de una concejala «sin cumplir con el procedimiento constitucional y soslayando las garantías constitucionales que tienen los representantes del pueblo».
«Por conocimiento de lo que vi en este expediente, nada de lo que afirma la fiscalía es real. Aquí se está prejuzgando a referentes por su rol de opositores políticos», afirmó la abogada.
Cejas adelantó que ella y sus colegas, que representan al resto de los imputados, van a presentar la semana próxima «planteos de nulidad y recusaciones que van a entrar por varios lados», y opinó que «en algún momento va a caer el velo de la verdad de lo que ha sucedido en este expediente y en esta causa».
A modo de ejemplo, mencionó que «en la foja 1 de este expediente lo único que surge es que el estado inició acciones de espionaje, con grupos de tareas e infiltración, sin haber estado sujeto a control judicial, porque el juez Fernández recién se introduce en el expediente el 1° de julio, y la causa se inició el 31 de marzo».
«El fiscal, sólo él, porque él quería, generó una causa. Claro que alguien le dio un mandato, porque el fiscal no actúa solo», interpretó.
Para Cejas, que es además diputada provincial con mandato cumplido, «esto está íntimamente vinculado al contexto político».
«Esto es parte del engranaje montado por Gerardo Morales para seguir posicionándose dentro de la pelea nacional que está dando dentro de la derecha -analizó-, y para fidelizar los votos acá en Jujuy, porque les encanta decir que todos los que pertenecen a organizaciones sociales son delincuentes, porque él ha generado el odio irracional hacia un sector de la sociedad, desde la estigmatización y el armado de causas con un Poder Judicial que es totalmente adicto a él».
Las actuaciones en esta causa fueron iniciadas el día de apertura de sesiones legislativas, el 1° de abril pasado, cuando hubo una movilización opositora durante el discurso del gobernador.
«La causa empieza porque el fiscal se junta con la policía de Delitos Complejos, que está creada solamente para las causas de narcomenudeo, y se juntan para hacer espionaje. Y lo escriben. Acá no hay un denunciante para el delito de extorsión, son sólo ellos», detalló Cejas.
Por otro lado, llamó la atención sobre el hecho de que sólo fueron infiltradas y espiadas organizaciones sociales opositoras. «El día de apertura de sesiones estaban también todos los militantes radicales y las organizaciones que dependen de la estructura radical. ¿Por qué no hay ningún imputado entre ellos? ¿Por qué no hay fotos de ellos?», remarcó.
«Este expediente se ha convertido en una causa madre para meter a todos en una misma bolsa, que parezca que son todos lo mismo para que Gerardo Morales pueda salir en la tele a decir que son todos delincuentes, como hace él», agregó.
En este sentido, anticipó que desde las defensas van a avanzar con las denuncias contra los funcionarios involucrados en el armado de esta causa «porque esto no va a ser una defensa solamente desde lo técnico sino que vamos a plantear una defensa en todos los aspectos», indicó.
«Y si esto implica denunciar, como ya lo hicimos con el fiscal y el juez, lo vamos a hacer. Porque no podemos seguir permitiendo, como abogados que somos, que el MPA se convierta en el tribunal de la inquisición y arme una cacería de brujas para los opositores políticos -advirtió-. Esto hay que frenarlo. Y hacerlo desde lo legal, con las herramientas técnicas que tenemos y con el aval que nos da nuestra Constitución provincial, esta que ahora quieren modificar para hacerla menos garantista de lo que es».
‘Pensamiento fascista’
Sebastián Fernández Ferreyra es referente del FOL y una de las personas imputadas en esta causa. En diálogo con El Submarino Radio, opinó que el trámite concretado este jueves tiene «algo de positivo» porque hasta ahora porque no estaban imputados y entonces no podían presentar impugnaciones. «Ahora que podemos, vamos a hacerlo, porque hay un conjunto de irregularidades que entendemos nulifican toda esta causa», afirmó.
Para Fernández Ferreyra, «curiosamente esto se da cuando Morales llama a la reforma de la Constitución, lo que demuestra que la actuación del MPA no tiene que ver con los tiempos legales sino con los tiempos políticos que le convienen al Ejecutivo».
«Nos presentamos hoy porque no tenemos nada que ocultar -dijo-, y sí tenemos mucho que protestar. Porque mientras se da todo este juego legal, el hambre y la pobreza siguen avanzando, afectando a nuestra población».
En este sentido, se refirió al rol de las organizaciones sociales, que están en primera línea luchando contra la situación económica que castiga a los más vulnerables. «Por eso somos a quienes Morales quiere imputar», afirmó.
El referente social relacionó la persecución judicial también con la iniciativa del gobernador para reformar la Constitución provincial e incluir en el nuevo texto la limitación expresa de las manifestaciones de protesta. «Eso es para la tribuna -aseguró-, porque una Carta Magna es un compendio de garantías mínimas, no es un Código Penal».
«Esto demuestra la percepción errada que tiene Morales del republicanismo, una percepción punitivista que es solamente entendible a través del pensamiento fascista», completó.
