Jorge Noceti: “Hablar de pase a planta para todo el mundo, es mentirle a la gente”

El diputado Jorge Noceti (PJ), presidente de la Comisión Plenaria y legislador informante en el recinto de los proyectos girados por el Ejecutivo, dio detalles sobre el mecanismo previsto por la ley aprobada ayer para regularizar la situación laboral en la administración pública. En diálogo con El Submarino, admitió que la aplicación de la ley podrá traer problemas con algunos intendentes, por la cantidad de empleo irregular en los municipios, aunque relativizó la influencia que esto podría tener en las elecciones del próximo año.  

La ley aprobada este jueves en la Legislatura provincial es la 5.833, de “Prevención y sanción del trabajo no registrado en el sector público”, que según explicó Noceti “es de adhesión a la ley nacional 26.940”. En la misma sesión, se aprobó también la modificación de la ley provincia 5.749, de pase a planta permanente del personal contratado.

 “La primera ley trata la problemática del trabajador precarizado a través de la creación de un registro único de trabajadores del Estado, que va a poder hacer las cuestiones de normalizar o por lo menos tener la información para hacer las propuestas de normalización del empleo no registrado en el sector público”, detalló Noceti, y agregó que también prevé las disposiciones que regularán a aquellos que están prestando servicios en condiciones de precariedad dando una contraprestación al Estado, ya sea municipal o provincial, a cambio de una ayuda básicamente de carácter asistencial.

 -¿Cómo se define la «precariedad laboral» en la nueva ley?

 -Es importante definirlo, porque algunos sindicatos plantean que es precarizado todo aquel que no está en planta permanente. Y esto no es así. Hay gente que trabaja en el Estado bajo condiciones jurídicas perfectamente reglamentadas, que no significan ninguna precariedad porque tienen aportes y contribuciones, un registro de obra social al cual están afiliados, hay un régimen jurídico que regula su prestación, etcétera. Es el caso, por ejemplo, de los pasantes, becarios, contratados, personal de gabinete, jornalizados, transitorios, reemplazantes, etcétera, que tienen un régimen jurídico específico que regula cada actividad.

 -¿Es el caso de la locación de obra?

 -El contrato de locación de obra que encubre un contrato de locación de servicio, es precarizado. Eso no está bien, y el Estado lo va a combatir. Generalmente, los funcionarios o las personas que celebran estos contratos lo hacen para evadir la autorización del único que puede autorizar la locación de servicios, que es el gobernador de la provincia. Ahora, esto no quita que pueda haber una locación de obra. Yo he celebrado, cuando era secretario de Turismo y Cultura, por ejemplo, una locación de obra con la Asociación de Artistas Plásticos, cuya finalidad específica fue pintar un cuadro conmemorativo al Bicentenario del Éxodo Jujeño. El cuadro se pintó, se entregó, se pagó y se terminó el contrato. Pero hay casos en los que la locación de obra requiere la prestación de una actividad personal que se asemeja o se asimila a una prestación de servicios, y eso no está bien y eso es precarizado.

 -Hay organismos del Estado provincial donde los funcionarios hacen esos contratos.  

 -Comparto lo que decís. Ahí hay una transgresión al orden jurídico. El caso de la locación de obra que encubre una locación de servicios es precariedad laboral y tiene que ser resuelta.

 El sinceramiento

-¿Cómo se cambia eso con esta ley?

 -Bueno, ahora vamos a sincerar. Porque cuando aquel que presta el servicio con un contrato de locación de obra se inscriba en el registro, la situación va a saltar. Hablo del Registro Único de Trabajadores del Estado, que va a estar a cargo de Fiscalía de Estado y que debe estar organizado en un plazo no mayor a los 45 días. Ahí va a saltar que hay un funcionario, sea quien sea, que está incumpliendo la normativa vigente.

 -¿El trabajador tiene que ir a registrarse?

 -En un caso así, no hay otra forma de que se entere el Registro. Hay que ponerse en esta situación: el funcionario que está transgrediendo una norma no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo identifica el gobierno provincial que hay una situación de precariedad?

 -¿Entonces quiere decir que el trabajador que se considera precarizado va al Registro y ellos le dicen si es precarizado o no?

 -No, ellos no califican. Porque el Registro es para la totalidad de los empleados públicos, sea la categoría que sea. Al que tiene categoría 20 en Administración Central, también lo van a registrar. Es para todo el mundo. Lo que va a ocurrir es que las situaciones que la ley quiere corregir se van a detectar a través del Registro, que se crea con esa finalidad. Si no, no hay forma.

 -¿Cómo se entrecruzan los datos del Estado provincial, los municipios y el Estado nacional?

 -Se va a cruzar toda la información. Por ejemplo, los beneficiaros del PIL (Programa de Inclusión Laboral), necesaria e indispensablemente tienen que tener un CUIL, y en uno ingresa a la base de datos de la Afip o de la Anses, inmediatamente salta la duplicidad de trabajo, incluso si es autónomo, si tiene relación de dependencia con otra persona, etcétera. Eso se detecta con relativa facilidad. Aquí el nudo gordiano de todo este problema no lo tiene tanto el Estado provincial como los municipios. En los términos de la precariedad definida, que es aquella prestación de servicios que no tiene un régimen jurídico que la regule, en el Estado provincial hay muy poco. Pueden existir estas locaciones de obra, aunque a mí me llama la atención, porque no conozco casos de locación de obra en el ámbito de la administración pública provincial; aunque puede haberlos, no digo que no, y deben ser denunciados porque no está bien. Pero en el caso de la precariedad, es decir, de aquel que presta servicios a cambio de una asignación asistencial de cierta cantidad de plata, la resolución de esos temas es a partir de la inscripción que el propio municipio va a hacer y va a denunciar al Ejecutivo. Aclaro que esto además está bastante avanzado, porque el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto una vez que tuvo la información de los municipios, pues el encuadramiento legal está previsto para el 31 de diciembre de 2013, con lo cual son situaciones ya pasadas que se relevaron para elaborar el proyecto.

Pesos y votos

 -En el ámbito de los municipios, cuando se entrecrucen los datos y aparezcan casos que hay que normalizar, va a hacer falta plata. ¿La ley prevé de dónde saldrían esos recursos?

 -En la ley está previsto el análisis y está prevista la mecánica para llegar a la normalización final.

 -¿Y la plata?

 -La plata que haya que poner, que al final de esta historia habrá que ponerla, la va a acordar el Ejecutivo con cada uno de los municipios, en el marco del proceso de coparticipación que rige hoy, que es el  del pacto fiscal del año 1996, si no me equivoco. Porque no es lo mismo si yo me tengo que sentar con el intendente de una localidad que tiene tres precarizados, donde yo puedo ayudar a resolver la situación, que con el intendente de una localidad que tiene cien precarizados. Obviamente el Poder Ejecutivo va a asistir a regularizar estas situaciones, en el marco del programa de saneamiento de las finanzas y los programas que tiene con los municipios. Pero esto tampoco significa que podamos decir a la gente, como dice un medio hoy, que la Legislatura sancionó las leyes pero no el pase a planta, cuando nunca estuvo en discusión, nunca hubo una ley que dijera “pase a planta para todo el mundo”. Eso es mentirle a la gente y decir, de mala fe, que el Poder Ejecutivo ahora dio marcha atrás o los diputados no hicimos lo que teníamos que hacer o lo que se prometió. Eso es algo que jamás se prometió, jamás estuvo en discusión y jamás se dijo que iba a ser así. Entonces, se va a analizar caso por caso, porque por supuesto no son iguales todas las situaciones.

 -¿Cómo es el mecanismo que establece la ley?

 -Está previsto en el artículo 4. Retomemos. No es que la gente tiene que ir a registrarse, sino que el Registro lo va a hacer el  mismo organismo público. Ese Registro además va a estar en internet y va a ser de acceso público, eso está dispuesto en la ley. Ahora bien, si una persona se considera que es empleado público, podrá ir a reclamar si no figura en el registro. Pero esto va a ser excepcional, por ejemplo en el caso de los locadores de obra, porque la regla general no es esa. El deber de registración lo tiene el Estado, a través de sus propias oficinas de personal, que todas las reparticiones tienen. Esa es la primera obligación de registración. Una vez conformada la base de datos, con todas las modalidades de prestación, se depurará a aquellos que son precarizados en los términos de la ley. Y ahí empezará el trabajo, caso por caso, municipio por municipio.

 -¿El trabajo de normalización?

 -Sí. La ley prevé un mecanismo gradual y progresivo de normalización de esa situación de precariedad, que arranca con el mantenimiento de las actuales condiciones de trabajo. Es decir que el trabajador que cobra mil pesos desde hace dos años, precarizado,  va a seguir cobrándolos, pero el primer beneficio es que estará blanqueado, e inmediatamente va a empezar a cobrar aportes, contribuciones y obra social. Ese es el primer paso, entonces, donde mantiene las condiciones. En un segundo paso, se analizará la posibilidad de pasarlo a un contrato e incorporarlo a una planta, con la menor categoría, por supuesto.

 -Ese cambio de situación implica la asignación de recursos. ¿De dónde salen los fondos?

 -Los fondos van a estar, porque hay un compromiso del Poder Ejecutivo de arreglarlo. Pero veámoslo al revés. Yo soy un intendente, tengo 300 precarizados, los incorporo, los regularizo de acuerdo a la ley y luego me siento con el Ejecutivo y le digo “ahora dame la plata”. No, pará, yo no tengo por qué pagar tu fiesta; yo no he participado de tus 300 precarizados, no he participado en la designación que has hecho a mansalva, ¿por qué voy a tener que darte yo toda la plata? Te cambio la ecuación. Veamos qué ponés vos, intendente, que metiste 300 precarizados, y vemos en qué te puedo ayudar, pero qué esfuerzo hacés vos primero. Por eso es que la ley no prevé una asignación de partidas. Porque tampoco es cuestión de que el Estado provincial tenga que hacerse cargo de  una fiesta que no generó ni fue invitado.

 -Va a poner los puntos sobre las íes sobre los intendentes, y esto va a marcar a algunos.

 -Y, sí, la responsabilidad en el ejercicio de la función pública tiene estas cuestiones. No es que a uno lo eligen para que haga lo que le dé la gana, hay que ajustarse a las normas. Esto va a poner muchas situaciones blanco sobre negro, y está bien, porque hay que ordenar .

-¿Cree que esto puede a influir en las elecciones?

 -No, no creo que tenga una incidencia tan marcada. Los números que tiene el Ejecutivo no marcan una tendencia como para ganar o perder una elección. Y si tenemos que perder una elección por no hacer las cosas bien, bienvenido sea en el sentido de que sea mejorar. Porque tenemos que pensar en la gente y tratar de mejorar la situación de la gente. El peronismo ha hecho y sigue sosteniendo como bandera la defensa del trabajo digno en todas sus formas, de manera que no podemos esconder bajo la alfombra la precariedad laboral simplemente por una expectativa electoral. Sería de muy corta visión y mucha mezquindad.

 De públicos a privados

 -Carlos Santillán dijo que había de 5000 a 6000 empleados municipales precarizados en toda la provincia. ¿Qué número manejan ustedes?

 -Se estima que en total, el universo de personas que quedarán incluidas en los beneficios de esta ley, está entre 2500 y 3000. De ellas, habrá que hacer una segunda depuración, porque la ley dice que no pueden entrar en el sector público aquellos que tienen otra actividad en el sector privado.

 -Y en esa depuración hay que mantener el trabajo de la gente.

 -Ojo, la ley no dice que toda esa gente se va a la calle. La ley prevé una serie de herramientas de promoción del empleo privado. En Jujuy hay una subutilización de herramientas nacionales, implementadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación destinadas a apoyar actividad privada. El Ejecutivo quiere potenciar la utilización cabal de estas herramientas para lograr un cambio en el paradigma de la salida laboral. Es más, si se analizan los números fríos del Ministerio de Trabajo, los referidos a formalidad laboral, participación económica de la actividad pública y la privada, los indicadores de trabajo y seguridad, se ve que en el caso de Jujuy el cuentapropismo es tan importante en número como el empleo público. No hablamos de trabajo en relación de dependencia, sino del autónomo, monotributista o no. Esa es una fuerza económica trascendente que podemos apoyar.

 -Vendría a ser el caso de policías que manejan un taxi, por ejemplo.

 -Sí. Y doy otro ejemplo. En el primer relevamiento se vio en Caimancito a gente que tiene carpintería y puede desarrollar un trabajo, y está en esta situación. La idea es llamarlos y decirles yo te ayudo, tenés este plan, te puedo conseguir plata para comprar una máquina, te ayudo en la comercialización, porque eso es mejor para el trabajador, para la familia, para la sociedad, para el estado, para todos. La ley prevé esas herramientas.

-¿Por qué uno de los proyectos fue devuelto a la Comisión?

 -El proyecto que volvió es también del Poder Ejecutivo, y es la creación de un registro de beneficiarios de planes sociales. Nosotros, desde la Comisión, lo despachamos tal cual lo envió el Ejecutivo, pero en estos días hemos recibido información de Desarrollo Social de la Nación, que tiene un registro de beneficios sociales. Muchos de los que nosotros pretendíamos registrar son también de fondos nacionales, y encontramos que hay una suerte de desacople entre lo que la ley prevé y lo que está ya implementado en Nación. Entonces hemos creído conveniente homologar pautas del registro provincial que se crearía por esta ley con el registro nacional, para que puedan ser compatibilizados los cambios de la información. Por otro lado, el registro que se estaba creando no tenía algunas otras cuestiones que nos han advertido desde Nación, como la obligatoriedad de bancarizar toda la ayuda social. Entonces nos pareció que íbamos a sancionar una ley que no cubría todas las expectativas o el objetivo final, así que acordamos seguir trabajando. Pero de ninguna manera esto es dar marcha atrás con la idea. De hecho, el radicalismo planteó una moción de preferencia y nosotros la acompañamos. Hicieron quedar como que nosotros queremos esconder ahora este beneficio, pero vamos, la ley ha sido… Primero, cuando el bloque del PJ definió a principios de año los ejes de su labor legislativa, uno de esos ejes era esta ley. Segundo, en la redacción de la ley participamos varios diputados. Pero bueno, surgieron estos inconvenientes y creímos que es mejor seguir trabajando.

Las motivaciones

 -¿El Ejecutivo provincial mandó estos proyectos porque tenía que ordenar los papeles a pedido del gobierno nacional?

 -No, las leyes salieron porque hubo una decisión política del gobernador de la provincia de dar una solución definitiva a otras intenciones que ya se hicieron, como el Programa de Reordenamiento Progresivo, que no llegó a buen término por una serie de errores que son los que se pretende enmendar ahora para combatir la informalidad en el ámbito del sector público.  A nivel global, la OIT tiene relevado en la Argentina un 10 por ciento de informalidad en el sector público, frente a más del 30 por ciento en el sector privado. Eso hay que combatirlo, de todas las formas. Y esto es lo que prevé la ley.

 -Insisto: ¿La decisión política del gobernador es por un pedido de Nación, por el reclamo gremial…?

 -Mi interpretación es que fue una decisión política de dar solución a esto. Yo participé de una primera reunión en la Casa de Gobierno con los intendentes, donde se discutió y se planteó la necesidad de darle un corte a esto. Lo demás, no puedo decir nada. A mí me parece que esto es parte de una política activa del gobierno de la provincia.

 -¿Hay riesgo de que surjan juicios al Estado por los cambios que se hagan en el marco de la nueva ley?

 -No pasó en el ordenamiento progresivo una avalancha, no tiene por qué haber ahora. Las cosas se pueden hacer bien y se seguirán haciendo bien. La experiencia indica que el empleado público como tal puede generar algún pleito en materia de accidentes de trabajo, pero en materia de relación, de contrato de trabajo, nunca fue causal o motivo que haya ido a derivar en una industria del juicio. No creo que suceda. Creo que no, nunca hubo, no le veo cabida.