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Juicio a la Corte: Otra audiencia de alto voltaje por el escándalo de la obra social

Luego del maremoto que generó el testimonio del exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, la comisión de Juicio Político volvió a ser escenario de una ronda de testimonios que acreditaron -una vez más- el estado total de desmanejo y falta de control en el que se encuentra la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ).

Sistemas informáticos vulnerables, arcaicos y sin mantenimiento, informalidad absoluta en el sistema de recepción de reclamos, prestaciones que se rechazaban porque el exdirector de la OSPJ, Aldo Tonón, consideraba que eran «antinaturales»: las denuncias de los testigos se fueron sumando a las que la Comisión ya había venido registrando en las últimas semanas (como ausencia de balances contables, falta de presupuesto, inexistencia de control en la licitaciones).

El director de sistemas de la Corte, Andrés Sacchi, confirmó también que el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, mandó eliminar el mail del presidente de la Corte (y en el Frente de Todos sospechan que fue para ocultar información).

Tonón, mientras tanto, había sido convocado a testificar y, por tercera vez consecutiva, pegó faltazo, motivo por el cual la presidencia de la Comisión resolvió que se lo traería por la fuerza pública.

Software e inundación

En 2021, la Corte Suprema firmó una acordada que creaba una comisión para mejorar la informatización de la OSPJ. Uno de los integrantes de esa comisión, además de Aldo Tonón, fue el primero de los testigos que testimonió este miércoles: el director de Sistemas, Andrés Sacchi.

«Lo que existía era un software antiguo que no cubría las necesidades», explicó Sacchi, que reconoció que el sistema era anterior a Windows y que, debido a su antigüedad, era vulnerable.

Sacchi, además, confirmó que la sospechosa inundación que afectó el despacho de Robles dañó solo una computadora: la del propio Robles. Curiosamente, esa inundación sucedió apenas unos días después que se filtraran los chats con el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Según precisó Sacchi, sin embargo, la computadora fue arreglada.

Sacchi, por otro lado, confirmó una de las bombas que lanzó Marchi la semana pasada: que Robles había mandado a eliminar el mail oficial de Rosatti. Nuevamente: el pedido llegó llegado pocos días después de que se dieran a conocer los chats.

El control de la obra social

Luego fue el turno de la secretaria privada de Juan Carlos Maqueda, María Bettina Bonuccelli. La funcionaria precisó que la vocalía se dedicaba fundamentalmente al «movimiento de expedientes judiciales y administrativos», pero que también recibían muchas veces las quejas o reclamos de afiliados de la OSPJ.

«Nosotros los escuchábamos y los orientábamos. Los magistrados tenían recursos para estas situaciones, eran más que nada empleados”, precisó Bonuccelli, quien advirtió que estos reclamos «no se dejaban en ningún acta o informe». Para el FdT, el testimonio funciona como una prueba más de que, más allá de que no hubiera habido una designación oficial, Maqueda había sido el responsable de supervisar la OSPJ.

Por último, el testimonio de una afiliada a la OSPJ, Valeria Díaz, a quien la prestadora le rechazó durante meses su pedido de acceder a una fertilización asistida: «Tonon me dijo que era antinatural. Dijo que no se iban a hacer responsables por la donación de gametos porque era antinatural».

«¿Crees que si vos hubieras estado en pareja con un hombre…?», le consultó Mara Brawer. «Seguramente no hubiese pasado», afirmó Díaz.

Tonón, Moromedia y cruces con JxC

La reunión había comenzado unas horas antes en un clima particularmente caldeado. La presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, había confirmado que Héctor Marchi no concurriría finalmente a la audiencia, sino que lo haría la próxima semana, debido que el exadministrador de la Corte había tenido que ir a testificar al juzgado de Lijo.

«Le viene muy bien a algunos que quieren salvar a Lorenzetti», comenzó el lilito Juan Manuel López, dando lugar así a una hora de insultos cruzados y pases de factura.

El primero fue Tailhade, quien, recogiendo una de las múltiples denuncias que el exadministrador de la Corte realizó la semana pasada, le echó en cara al diputado de la Coalición Cívica que se hubiera reunido con Rosatti para «pedir la cabeza de Marchi». La CC mantiene una disputa judicial con Marchi (un hombre de Ricardo Lorenzetti) hace años -la denuncia de Marchi contra Elisa Carrió por calumnias se encuentra hoy en la Corte Suprema- y rápidamente la discusión fue escalando.

«Usted ensucia a todo el mundo pero yo no le voy a hacer una demanda civil por decir que fui a la Corte cuando no fui. Pasa que usted se cree demasiado vivo y es demasiado tonto para entender que esa tarea de inteligencia no le da miedo a nadie», le recriminó López, quien fue interrumpido por los gritos de la bancada oficialista. Furioso, Hugo Yasky le gritó fuera del micrófono: «¿Sos el comisario del poder, tarado?».

En medio de la batahola de insultos, el FdT logró dar un paso adelante en dos medidas de prueba que podrían resultar claves. El primero fue la elevación de un oficio al juez Lijo para que el exdirector de la OSPJ, Aldo Tonón, sea traído por la fuerza a la comisión de Juicio Político. Después de tres ausencias seguidas, la presidencia redobló la apuesta y, por primera vez desde que comenzó la investigación, apostará a traer por la fuerza a un testigo reticente.

El segundo pedido está vinculado a otro eje de la investigación a la Corte que un sector del FdT considera que podría ser fundamental: Moromedia SRL. El oficialismo tiene la hipótesis de que la Corte traficaba sentencias y que esta sociedad -cuyo socio principal es Silvio Robles- funcionó como el canal a través del cual habría circulado el dinero.

«No sólo pueden haber recibido sino también entregado dinero a personas para conseguir esos fallos», precisó Tailhade, quien realizó un pedido de ampliación de pruebas para que la AFIP los informara sobre todos los pagos realizados por Moromedia en concepto de impuestos y cargas sociales, las declaraciones juradas vinculadas a impuesto a ganancias, bienes personales, y antecedentes de fiscalizaciones previas.

Por María Cafferata, en Página/12

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