Juicio contravencional contra estudiantes: «Buscan criminalizar a la juventud»

«Esto podría sentar un precedente para que todo joven estudiante que piense en reclamar por sus derechos sepa que van a avanzar judicialmente sobre él», afirmó la abogada Maia Hirsch, representante legal de Valentina Melo, una de los estudiantes que este jueves van a juicio contravencional tras haber protestado a fines de marzo por el cierre de los Centros de Educación Integrada de Jóvenes y Adultos (Ceija) y que en la noche del jueves santo fueron detenidos junto a un docente, una concejal y hasta el abogado que los acompañaba en su reclamo.

Los que van a juicio, además de Melo, son el profesor Iván Mendoza, el abogado Héctor Huespe, la concejal del PTS-FIT Andrea Gutiérrez y los estudiantes Jonatan Renauld y Esteban Zapana.

«Les cerraron las instituciones educativas con una resolución del Ministerio de Educación avalada por el gobernador, y como forma de reclamo colocaron un gazebo en la puerta de la Casa de Gobierno», recordó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) la abogada, que intregra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

Sobre las características del operativo policial nocturno que culminó con las detenciones, que se realizaron sin orden judicial, Hirsch asegura que se trató de un operativo «ilegal y desproporcionado». Esa noche fueron trasladados al Departamento Central de Policía e incomunicados durante varias horas.

«Allí les informaron que les habían iniciado una causa por turbación de posesión, que es un delito contra la propiedad privada, cuando ellos se estaban manifestando en la vía pública -continuó Hirsch-. Fue tan escandaloso que el fiscal Gustavo Araya tuvo que desistir de la causa penal y les quitaron los antecedentes penales, porque no lo podían sostener».

La abogada interpreta que la elevación a juicio contravencional se relaciona con «el afán de seguir manteniendo la criminalización de la juventud, de los que salen a luchar», y explica: «El Código tiene esa intención, que toda conducta que no puede ser penada como delito pase a ser una falta o una contravención».

Así es como se les aplicó el artículo 113, referido al tumulto o entorpecimiento de la circulación. «Y arrancó un procedimiento violatorio de todos los derechos».

-¿Cómo será el juicio?   

-Esa pregunta es la que nos hacemos todos, porque esta ley, que nosotros cuestionamos porque consideramos que es inconstitucional, no prevé el procedimiento. El lunes pasado, junto a Mauro Taba, otro compañero del Ceprodh, hicimos una presentación en la que pedimos la nulidad de todo lo actuado y también de la audiencia de mañana, porque se prevé una instancia previa al juicio en la que deberían notificar a todos los acusados para que puedan defenderse y no llegar a juicio. Y esa instancia, al menos para mi defendida, Valentina Melo, no existió. Es decir que se violaron una vez más los derechos y garantías del proceso de defensa.

-¿Cuándo se resuelve esa presentación?

-Es lo primero que tendrán que resolver en la audiencia de mañana. Y si la rechazan, vamos a apelar. Porque consideramos que siguen acumulando nulidades e irregularidades, además de arbitrariedades.

-¿Qué penas podrían recibir si los declaran culpables?

-Las penas son trabajaos comunitarios o multas, porque para eso también fue creado el Código, es una caja recaudadora de la provincia. De hecho, hace poco salieron declaraciones del juez contravencional Matías Ustarez Carrillo, en las que decía que tuvieron más de 20 mil juicios. Lo terrible es que, primero, depende del Poder Ejecutivo, es decir que no es parte de la justicia, y segundo, que tanto los que investigan como los que son testigos y los que acusan, son todos parte de la Policía. De todos modos, lo más nefasto de esto es que podría sentar un precedente que criminaliza a la juventud, para que después todo joven estudiante que piense en reclamar por sus derechos ya sabe que van a avanzar judicialmente sobre él, en un momento donde están avanzando sobre los derechos, recortando presupuestos, despidiendo a trabajadores. Es la herramienta que tienen para presionar y criminalizar a los que salen a luchar.