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Nélida Rojas, referente de la Tupac en Mendoza

La CIDH pide explicaciones al Estado sobre la denuncia de persecución presentada por la Tupac de Mendoza 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una presentación de la Tupac Amaru de Mendoza en la que se denunció persecución y falta de garantías en las investigaciones judiciales que se llevan adelante en esa provincia.

A fines de mayo de 2018, el abogado de la Tupac Amaru de Mendoza, Alfredo Guevara, presentó una denuncia ante la CIDH en la que mencionaba un «deterioro del Estado de derecho», considerando que existía una «campaña de estigmatización y persecución ilegal» contra la organización que a nivel nacional lidera Milagro Sala.

En la denuncia, se apuntó sobre todo a las figuras del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de la Suprema Corte de esa provincia, José Valerio. Según Guevara, el mandatario y el juez generaron distintas «presiones» en el proceso que investiga a los líderes de esa organización, Nélida Rojas, y su pareja, Ramón Martínez, entre otros miembros de esa familia. En el marco de esa causa, Rojas y Martínez estuvieron detenidos durante cinco meses.

En el escrito, Guevara mencionaba mandatos de la CIDH que se estaban incumpliendo, como el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial y en un plazo razonable; el derecho a la protección judicial efectiva o a la libertad ambulatoria y a la libertad de asociación.

En este contexto, la presentación denunciaba persecución y presiones sobre el Poder Judicial por parte de las autoridades políticas provinciales y nacionales.

Referentes de la Tupac Mendoza fueron acusados de delitos como asociación ilícita, estafa, coacción y extorsión. La primera de esas figuras fue desechada en septiembre de 2018 en un fallo de la 8va Cámara del Crimen. Por ese fallo, fueron sobreseídos todos los funcionarios involucrados en la causa, quedando establecido que las cooperativas de la Tupac Amaru existieron y que las viviendas efectivamente se construyeron.

Ahora, la CIDH se hizo eco de la denuncia y emplazó al Estado nacional para que en tres meses, máximo cuatro, responda los términos de la denuncia. Esto significa que el organismo internacional considera que la situación de los referentes de la Tupac de Mendoza amerita una investigación imparcial.

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