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Por Daniela Jaled – Patria Grande Jujuy La crisis habitacional en Argentina dejó de ser un problema del futuro para convertirse en una emergencia del presente. En Jujuy, como en gran parte del país, miles de familias viven entre alquileres impagables, hacinamiento, asentamientos donde no existe un papel que garantice la continuidad de su vivienda y barrios sin acceso pleno a los servicios básicos.
Mientras el poder económico concentra tierras y especula con el suelo urbano y de los pueblos originarios, cada vez más personas quedan afuera de la posibilidad concreta de acceder a una vivienda digna. Por eso es importante volver a discutir seriamente una Ley de Hábitat en nuestra provincia.
No como un parche, ni como una herramienta aislada, sino como parte de una política integral que entienda que el derecho a la vivienda no puede depender exclusivamente de la capacidad de pago de una familia.
El acceso al suelo, a la integración socio urbana y a la ciudad tiene que ser considerado un derecho humano básico. La experiencia nacional del Registro Nacional de Barrios Populares (Re.Na.Bap) y la Ley de Barrios Populares marcaron un antes y un después en esta discusión.
Por primera vez el Estado reconoció formalmente a miles de barrios construidos por las propias comunidades, barrios históricamente invisibilizados, pero profundamente vivos.
La Ley 27.453 no solamente reconoció la existencia de esos territorios: también estableció la necesidad de avanzar hacia la integración socio-urbana, suspendiendo desalojos y promoviendo obras de infraestructura básica.
El Re.Na.Bap. fue importante porque puso en evidencia algo que los sectores populares vienen diciendo hace décadas: los barrios populares no son un problema, son una respuesta comunitaria frente a la ausencia del Estado y la imposibilidad de acceder al mercado formal del suelo.
En ese sentido, la Mesa Nacional de Barrios Populares logró construir una perspectiva profundamente transformadora. No se trató solamente de reclamar viviendas; se trató de defender la integración urbana como política pública y de reconocer a las organizaciones comunitarias como protagonistas de la construcción de ciudad.
La unidad entre movimientos sociales, organizaciones territoriales, iglesias y sectores técnicos permitió impulsar una agenda concreta que nació desde abajo, desde quienes viven todos los días la precariedad habitacional.
Hoy esa política está en riesgo. El desfinanciamiento de programas de integración socio-urbana y la paralización de obras afectan directamente a cientos de miles de familias que esperan acceso a agua, cloacas, electricidad segura o regularización dominial, además de afectar a todo un circuito económico del mercado de la construcción.
Y eso no es solamente un ajuste presupuestario: es profundizar desigualdades estructurales y condenar a generaciones enteras a vivir sin derechos básicos.
En Jujuy existen 156 Barrios Populares, más de 17.000 familias viven allí, lo que equivale a más de 85.000 personas. No existen datos sobre los alquileres y subalquileres, pero la información más cercana a un número de análisis es el censo del 2022 donde afirma que más de 77.000 personas viven en estas condiciones.
Por eso en la provincia necesitamos dar una discusión profunda sobre el modelo urbano y habitacional que queremos. Una Ley de Hábitat provincial debería tomar lo mejor de la experiencia del Re.Na.Bap, incorporando herramientas para regular el precio del suelo, promover bancos de tierras, urbanizar barrios populares y garantizar participación comunitaria real.
Pero además debería reconocer algo fundamental: que las soluciones habitacionales no pueden pensarse en clave mercantil sino indispensablemente en conjunto con el trabajo organizado de las comunidades.
Ahí aparece también la potencia del Programa de Desarrollo Humano Integral planteado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral y que fue programa de gobierno propuesto por Juan Grabois.
Esa propuesta no reduce la vivienda a una casa aislada, sino que entiende el hábitat como parte de una vida digna: tierra, techo, trabajo, educación, conectividad, salud y comunidad.
Desde esa mirada, urbanizar no significa solamente abrir calles o hacer cordón cuneta; significa integrar plenamente a quienes históricamente fueron expulsados de la ciudad formal.
El Desarrollo Humano Integral propone además algo muy potente para este tiempo: recuperar el rol del Estado como organizador del bien común, pero articulado con cooperativas, movimientos populares y economías comunitarias como “el tercer sector”, por supuesto sin dejar de lado al sector privado pero con regulaciones correspondientes para lograr el objetivo de justicia social.
Es una perspectiva que rompe con la lógica individualista del mercado inmobiliario y plantea una planificación urbana centrada en las necesidades humanas y no en la rentabilidad.
Cuando hablamos de crisis habitacional no hablamos únicamente de ladrillos. Hablamos de desigualdad, de exclusión y también de violencia social. Porque vivir sin acceso a servicios básicos, con miedo al desalojo o destinando casi todo el ingreso al alquiler condiciona cualquier proyecto de vida.
Por eso discutir hábitat es discutir democracia. Y también discutir qué provincias y qué ciudades queremos construir para las próximas generaciones. Una política habitacional seria no puede limitarse a promesas electorales ni a planes fragmentados: necesita planificación, financiamiento sostenido y participación popular. Los barrios populares no necesitan caridad. Necesitan derechos, reconocimiento y un Estado que deje de mirar para otro lado.
