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La precandidata al Parlasur por el FIT, Andrea D’Atri, está en Jujuy para presentar el proyecto de ley de emergencia por violencia de género, en el marco de una recorrida por todo el país, que además de hacer campaña electoral para las PASO del 9 de agosto, se aprovecha para difundir el contenido y el espíritu de la iniciativa, que presentó en el Congreso nacional el diputado del FIT Nicolás del Caño. “Creemos que los derechos elementales que las mujeres necesitamos solo se van a tratar y aprobar en el Congreso con organización y lucha”, explicó a El Submarino.
La dirigente del PTS, fundadora de la organización Pan y Rosas y candidata a diputada del Parlasur en el FIT, comentó que en el Congreso nacional hay 40 proyectos similares “que duermen en un cajón”, y detalló que la diferencia entre estos y el presentado por Del Caño es que “este plantea un abordaje integral, no solo la atención de las mujeres que son víctimas, en cuanto a terapia, médicos, psicólogos, sino que también propone la creación de refugios, porque en todo el país hay apenas 1700 camas para las mujeres que necesitan abandonar su hogar de un momento a otro”.
El proyecto también plantea el otorgamiento de créditos a tasa cero del Banco Nación, para aquellas mujeres que necesiten la adquisición de una vivienda propia, y prevé una licencia con goce de sueldo para las mujeres que estén trabajando, para que pueda acceder a atención y tratamiento.
La cuestión de la licencia también se plantea para las jóvenes que estén estudiando, quienes tendrían además el derecho de pedir un profesor a domicilio para no perder su cursada.
Por otra parte, el proyecto establece de dónde surgirían los recursos para sostener estos servicios: “Propone impuestos a los pulpos inmobiliarios, que sabemos que construyen muchas veces viviendas y edificios para la especulación financiera, para solucionar por lo menos el mínimo problema indispensable y urgente que es la construcción de refugios, porque hay provincias enteras que no tienen lugares donde puedan vivir las mujeres que se desarraigan de sus hogares para salvar sus vidas”, explicó D’Atri.
La dirigente invitó además a un almuerzo que se brindará este sábado en la Sociedad Obrera, en Balcarce entre Belgrano y Alvear, para presentar a los candidatos que integran la lista “Renovar y Fortalecer el Frente de Izquierda”. Estará Alejandro Vilca, candidato a diputado nacional por Jujuy en la lista que encabeza Nicolás del Caño, como precandidato a presidente.
-¿Por qué cree que no se aprueban proyectos sobre este tema?
-Hemos visto cómo los políticos de los viejos aparatos tradicionales se han sacado la foto previa a la movilización del #NiUnaMenos, pero lo cierto es que al día siguiente de la movilización empezaron las campañas electorales y el tema de la violencia hacia las mujeres desapareció. En ese sentido hemos visto medidas contrarias. Yo vengo de la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Macri redujo el presupuesto de la Secretaría de la Mujer y desmanteló el Programa de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales. También al gobierno nacional le hemos venido reclamando como mínimo un registro estadístico que centralice toda la información de violencia contra las mujeres, y hemos visto que lo han creado dos días después de la movilización, con lo cual se muestra que las movilizaciones y la lucha son el camino para conquistar el derecho que queremos.
-¿Qué datos manejan ustedes?
-Este año, con la cifra de femicidios que tenemos hasta el momento, si hacemos una proyección a diciembre podemos llegar a una cifra más alta que el año pasado y el anterior. Las estadísticas hasta el momento muestran que una mujer es asesinada cada 30 horas, y eso es entre 230 y 240 mujeres asesinadas en 2013 o 2014. Pero este año hemos visto recrudecer la violencia, y eso ha desencadenado la movilización del 3 de junio con el asesinato de la joven Kiara en la provincia de Santa Fe, que fue encontrada enterrada en el patio de la casa de la familia del femicida. Entonces no solo hubo un incremento de los femicidios sino que estamos viendo también una baja en la edad de la víctimas y una baja en la edad de los femicidas, con un incremento de la saña con el que se cometen estos crímenes. Nosotros planteamos que esta campaña electoral tiene que estar llena de esas voces, de esos reclamos, de la mujeres, de la juventud precarizada, del pueblo trabajador. Nuestras listas las integran trabajadores que luchan por sus derechos, a diferencia de los políticos tradicionales, todos hijos políticos del menemismo, como Macri, Scioli o Massa, que viven de una manera bastante alejada de la que vivimos cotidianamente la mayoría de la población.
-Bajó la edad de las víctimas y los victimarios, y también aumentó la violencia. ¿Cómo se interpreta eso?
-La violencia atraviesa todos los sectores, todas las regiones y las idiosincrasias de nuestro país. Hay que entender que la violencia que ejerce un hombre hacia una mujer es el último eslabón de una larga cadena de violencias que construyen las creencias o la cultura que indica que las mujeres somos un objeto de propiedad de los varones, o que somos ciudadanas de segunda. Vivimos en una sociedad donde a las mujeres se las trata de ese modo no solo personal sino institucionalmente, y recién ahí puede interpretarse por qué en el ámbito privado del hogar, de la pareja y las relaciones interpersonales los hombres pueden creerse que son dueños de esa mujer. Si tenemos 600 jóvenes desaparecidas en las redes de trata y prostitución en nuestro país y encontramos que esas redes funcionan bajo el amparo y la participación directa de funcionarios, incluso judiciales, miembros de las fuerzas represivas del estado; si 300 mujeres mueren cada año por consecuencia de los abortos clandestinos; si el 43 por ciento de las mujeres que trabajamos lo hacemos en situación de precarización laboral, son índices que recorren nuestra vida cotidiana de mujeres que vivimos situaciones de violencia permanente de todo tipo. Y tenemos que señalar también que los medios, la televisión, reproduce y relegitima esta imagen de la mujer como objeto. Es en ese marco en el que entendemos la violencia que después ejerce un hombre particular con una mujer.
-¿La ley de protección que está vigente no es suficiente?
-La ley del 2009 carece de presupuesto para ser aplicada. Ahí se plantea que las mujeres tienen que recurrir a refugios, que tienen derecho a un plan de asistencias y otros puntos que son aceptables, pero como no tienen presupuesto no se puede aplicar.
-Otro de los reclamos es el del cumplimiento del protocolo para practicar el aborto no punible. En Jujuy no está garantizado. ¿Cuál es la situación en otros lugares del país?
-Ese es uno de los problemas que tenemos. Cualquier mujer que ha sido violada, incluso niñas y adolescentes, y presenta un embarazo, tiene el derecho por ley de solicitar que se realice la interrupción. Incluso la Corte Suprema ha dictaminado que el pedido no puede ser judicializado y que con la sola firma de la mujer en una declaración jurada en un hospital frente al médico, tiene derecho a ser intervenida. Sin embargo hay solamente ocho provincias en todo el país que respetan el protocolo de atención nacional para el aborto no punible; hay otras ocho provincias que tienen protocolos propios que implican algunos requisitos que no son los que reclama la ley, y otras ocho provincias donde ni siquiera hay protocolo y ni se permite que se ejerza este derecho.
-Está la cuestión de los objetores de conciencia…
-Cuando en un hospital público hay médicos que se son objetores de conciencia, es obligación del Estado trasladar a la mujer a otro hospital para darle el servicio que solicita. Convengamos que el gobierno nacional, igual que la oposición, y eso ha permitido la injerencia de la jerarquía eclesiástica en asuntos civiles, incluso en la redacción del nuevo código civil y penal. Por ejemplo en Salta, el gobierno de Urtubey le permite a la iglesia que dicte religión en las escuelas públicas de gestión estatal.
