El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
La justicia penal de Jujuy aceptó el pedido de suspensión de audiencia presentado por la defensa de Milagro Sala, que planteó que con ese trámite se pretendía empeorar las condiciones de detención de la dirigente social.
Advirtió que el Ministerio Público de la Acusación y el fiscal de Estado, Miguel Rivas, buscan que Sala cumpla la pena que recibió en la causa Pibes Villeros en una cárcel común, pese a que lo impide una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Por otra parte, la defensa de Sala recusó a una médica, de apellido Molina, que es testigo y perito de parte, y por incumplimiento a las formalidades de tiempo y forma del Código Procesal Penal.
Para este jueves a las 17 horas estaba prevista una audiencia pedida por el fiscal Gustavo Araya con la intención de finalizar con la prisión domiciliaria de Milagro Sala para que regrese al penal de mujeres a cumplir la pena de 13 años por la causa Pibes Villeros.
Antes de conocerse la suspensión de esta medida, Milagro Sala criticó al gobernador jujeño y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, como también a una parte de la Justicia provincial, por impulsar la revocación de la prisión domiciliaria en la que se encuentra y buscar su detención en una cárcel común pese a que su estado de salud, según señaló, «está empeorando cada vez más».
«La ilusión de Morales es que vuelva a la cárcel. Quieren verme morir de a poco. No le deseo a nadie este atropello», expresó Sala, que lleva siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe, entre otras causas y condenas judiciales.
«Mi condición (sanitaria) está empeorando cada vez más», aseguró Sala, quien padece una trombosis en una de sus piernas y también problemas renales.
A raíz de su cuadro de salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se manifestó en su momento a favor de evitar todo daño irreparable a la vida e integridad de Sala. Por ese motivo, solicitó que se garantizara que no volviera a ser alojada en un centro penitenciario.
Según la dirigente, los fiscales consideraron que el informe médico presentado en su momento ante el Superior Tribunal de Justicia jujeño no mencionó los problemas que padece. «En la última audiencia no dejaron que los peritos médicos que me representan muestren que mi salud está empeorando cada vez más», indicó.
«Tengo trombosis en la pierna, pero no en la lengua. Tengo derecho a opinar sobre lo que pasa en mi querida provincia. No puede ser que me tengan en un frasco encerrada, sin que diga nada y llorando. Todo esto me perjudica psicológicamente», resaltó.
«Yo no tuve nada que ver con la marcha del 20 de junio. Ese día vinieron un juez y un fiscal y comprobaron que estaba a derecho», aseguró, en respuesta a las acusaciones que había lanzado Morales respecto de su supuesta participación en la organización de la protesta masiva que ese día rechazó en las calles la reforma constitucional y que culminó con una feroz represión policial.
