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La justicia federal autorizó el traslado de José López a Jujuy

jose lopez gendarmesEl ministro de Seguridad Ekel Meyer informó que el juez federal Daniel Rafecas autorizó al traslado de José López a Jujuy para que se presente ante el fiscal Gustavo Araya el próximo miércoles a las 11.00 horas. El exsecretario de Obras Públicas fue imputado en la causa que investiga el faltante de viviendas sociales en las localidades de Humahuaca, Calilegua y San Salvador de Jujuy.

López está imputado de fraude a la administración pública y abuso de autoridad, junto a los imputados locales Milagro Sala, el exgobernador Eduardo Fellner y el exministro de Infraestructura, Luis Cosentini, entre otros.

“El secretario de Rafecas confirmó que no había obstáculo alguno para el traslado, razón por la cual este viernes entregarían los correspondientes oficios”, señaló Meyer y precisó que, a partir de esa instancia, se notifica a Gendarmería Nacional para efectuar el traslado desde la unidad penitenciaria al aeropuerto y desde allí a Jujuy para poner a López a disposición de la Justicia jujeña.

El exfuncionario está detenido en Buenos Aires, luego de haber sido descubierto dejando en un convento bolsos con cerca de 9 millones de dólares. Su estadía en Jujuy será responsabilidad del Servicio Penitenciario de la Provincia. 

Araya lo citó para el próximo miércoles para hacerle conocer su imputación. tiene que presentarse a las 11.00 horas, en la sede del Ministerio Público de la Acusación, que está a cargo del fiscal general, Sergio Lello.

De acuerdo a las investigaciones, López habría certificado la construcción de 300 viviendas en Calilegua y Humahuaca, donde faltan 90 millones de pesos en obras, según detalló el fiscal Araya. 

«López debía controlar el destino de los fondos y realizar las auditorías internas correspondientes para determinar si el dinero que él depositaba en la cuenta de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) tenía los certificados de obra en un cien por ciento», explicó Araya, y continuó: «Estamos constatando que esos certificados de obra no tenían fechas ni de inicio ni de finalización, lo que nos lleva a concluir que no había control. Se envió no solo dinero para construir viviendas sino también adendas, por lo que se pagaron en ese último concepto, en este caso, casi 150 millones por adendas y no están las casas».

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