La justicia versus la autonomización de la corporación policial

Por Biblioteca Popular y Centro Cultural Niños Pájaros. Los jujeños y jujeñas hemos asistido por estos días al pavoroso espectáculo de una fuerza “de seguridad” autonómica que, además de utilizar metodologías de protesta que luego alegremente reprimen, no puede tomarse más que como una extorsión colectiva para terminar cobrando un salario mínimo superior al de un médico o un docente, incluso superando el mínimo de un docente de 22 años de antigüedad que no pueda llegar a las 40 horas cátedra.

Esta defensa corporativa de la “familia” policial supera el aspecto salarial para colarse en otros ámbitos, como la cobertura ante ilegalidades cometidas por los miembros de la fuerza en casos de gatillo fácil, abuso de autoridad, etc.

Lo sucedido desde que en octubre presentáramos una denuncia frente a la ilegal usurpación de nuestra granja comunitaria por parte del policía Rubén Fernando Martínez y sus amenazas armadas, no es más que una muestra cabal de como funciona la corporación policial.

Al día de hoy, y pese a que Martínez está imputado del delito de usurpación y amenazas con armas, y existe una orden judicial de desalojo a requisitoria del Fiscal Dr. Aldo Lozano, tras su intimación desoída por el usurpador, y firmada por el Juez Gutiérrez, la misma no se cumplió por parte de la policía de la provincia, ni tampoco fue respetada la medida cautelar de no innovar dictada contra Martínez por el Juez Cabana de la Secretaría N° 7, que también se hizo extensiva al Director de Tierras Fiscales Oscar Ibarra, y al director del Registro General de Inmuebles.

Así, la corporación policial demuestra su poder y autonomía desobedeciendo nada más y nada menos que la orden de dos jueces y el pedido de un fiscal mientras el policía Martínez sigue usurpando nuestra granja, haciendo modificaciones a gusto en el terreno, destruyendo nuestras construcciones y golpeando y amenazando con su banda, con palos y machetes, a miembros de la cooperativa AYNI y a nuestros compañeros, quienes deben soportar la lluvia y cuyo control de desborde de impotencia corre a cargo de los efectivos de la comisaría 33, que para más inri ni tienen jurisdicción sobre la zona.

De esta forma, como botón de muestra y una pieza más del rompecabezas actual, los docentes y niños de la biblioteca, así como los miles de niños y docentes de la provincia, esperamos impacientes a que la justicia no sea una institución desoída sino una realidad socialmente extendida.