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En un contexto de crisis hídrica, la protección de los glaciares es clave para garantizar el suministro de agua potable a la población jujeña. Si bien existe una ley provincial sobre el tema, al no estar reglamentada podría constituirse tanto en un instrumento de protección como en una herramienta para el avance descontrolado de la actividad minera.
Actualmente, Jujuy se encuentra en una posición jurídica única en Argentina, pues mantiene un estándar de protección superior gracias a una normativa propia. Sin embargo, la falta de reglamentación y las tensiones internas en el sector político generan incertidumbre sobre el futuro de los recursos hídricos de la región.
El antropólogo y perito ambiental Néstor Ruiz advirtió en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) sobre los riesgos de reglamentar o modificar la normativa provincial vigente.
Según explicó, Jujuy es la única jurisdicción del país que cuenta con una ley de protección de glaciares que fue sancionada en diciembre de 2020, «por lo cual nosotros hasta ahora tenemos la misma protección que teníamos antes» de la reforma de la legislación nacional aprobada en el Congreso en abril pasado.
Bajo el principio ambiental de «presupuestos mínimos», la nación establece un piso de protección, pero las provincias tienen la facultad de elevar ese umbral. «Como la ley provincial quedó en un umbral de mayor protección, es la que vale actualmente en Jujuy», afirmó Ruiz.
No obstante, destacó que esta norma, aunque promulgada, aún no ha sido reglamentada tras seis años de vigencia. Por lo tanto, advirtió, «estamos expuestos a que los políticos quieran derogarla o modificarla, aunque ahora dicen que la quieren reglamentar».
El riesgo del lápiz
El viernes último, integrantes de la Asamblea por el Agua, acompañados por Ruiz como colaborador, mantuvieron una reunión en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Fueron recibidos por la secretaria de Cambio Climático, quien manifestó la intención del Ejecutivo de avanzar con la reglamentación de la ley.
Para Ruiz, este proceso es crítico: «Una ley puede perder su sentido cuando es reglamentada. Depende de quién se siente con el lápiz».
El antropólogo señaló una división interna en el partido gobernante: mientras un sector prioriza el desarrollo minero a cualquier costo, otro reconoce la importancia de preservar el 0,3% de la superficie provincial, que es la que provee de agua dulce a la mayoría de la población.
Esa aparente división se reflejó en la posición que tomaron los dos representantes del oficialismo radical jujeño en la cámara baja del Congreso Nacional. Mientras Jorge Rizzotti apoyó la reforma, María Inés Zigarán votó en contra.
El agua frente al litio
La discusión se vuelve urgente ante el déficit hídrico que atraviesa la provincia. Las ciudades más importantes de Jujuy se abastecen directamente del ambiente glaciar. En este sentido, Ruiz se expresó escéptico frente a las promesas de prosperidad vinculadas a la extracción de litio.
«Poner en riesgo el agua para beneficiar a empresas multinacionales que dejan escasísimos puestos de trabajo sería un desatino total», sostuvo, y recordó que en el pasado se hicieron promesas similares y, sin embargo, «Jujuy sigue siendo una provincia que vive de la coparticipación federal».
A modo de conclusión, sentenció: «El litio no salva a nadie, salvo a los políticos».
Ruiz remarcó la situación de amenaza en que se encuentra la provincia: «Los buitres están siempre dando vueltas alrededor de Jujuy. Y pueden hacer lo que pasa en el norte de Chile, donde tienen que comprar agua para consumir».
La vía judicial
Mientras se define el futuro de la ley provincial, los sectores ambientales encaran el camino legal. Ruiz participó activamente en las audiencias públicas y del amparo colectivo respaldado por cerca de 850.000 firmas y presentado por las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace planteando la inconstitucionalidad de la reforma.
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