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El jueves pasado, el Senado convirtió en ley la reforma de la norma de integración socio urbana de barrios populares, que suspende por otros diez años los desalojos e impulsa las urbanizaciones de más de 5 mil barrios de todo el país. En Jujuy hay 141 barrios registrados, donde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación articula con las organizaciones del territorio en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.
La norma nacional promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), y apunta a declarar la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
La ley fue promovida y reclamada por las organizaciones sociales, que encabezaron la lucha por su aprobación en 2018. En esa oportunidad se había declarado de interés público la integración de los barrios populares -lo que implica acceso a servicios públicos, saneamiento, infraestructura, etc.-, así como la suspensión de los desalojos por cuatro años, plazo que estaba próximo a vencerse.
El proyecto sancionado el jueves último sumó más de 1200 barrios al Renabap y extendió la prohibición de desalojos por 10 años más. Esta ley además promueve proyectos de obra temprana (POT), que son trabajos de obra pública en los barrios, y otros programas, como Mi Pieza.
Juan Ángelo es coordinador regional en Jujuy de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), consideró «histórica» la aprobación de la ley. «En un contexto en el que cada vez el acceso a la vivienda digna se ha convertido en un privilegio para muy pocos, hoy los barrios populares que están en el Renabap tienen una herramienta legal para seguir luchando», reflexionó.
En todo el país, hay 5687 barrios populares que fueron registrados a través de un relevamiento al que Ángelo describe como «heroico», que fue posible por el trabajo de los movimientos sociales, que son quienes tienen presencia territorial con sus merenderos, comedores y centros comunitarios, para que promotores territoriales visiten todas las localidades.
De acuerdo a la última actualización del Renabap, en Jujuy hay 141 barrios populares en diferentes localidades.
La normativa vigente considera «barrios populares» a aquellos que están conformados por un mínimo de ocho casas contiguas, que no tengan al menos dos de los servicios básicos de luz, agua y red cloacal, y que no cuenten con ninguna documentación que valide la regularización dominial o la posesión de la vivienda.
«No son muy diferentes a los barrios que están establecidos en la provincia desde hace 50 años. Aquí es una constante la falta de infraestructura tanto de los barrios que están en el Renabap como de otros, que están siendo muy postergados», comentó Ángelo, y mencionó que algunos lotes que está entregando el Gobierno provincial «se están adjudicando sin servicios, no llega el agua ni la luz, y las familias están sobreviviendo en esos espacios como sea». La idea, adelantó, es incorporar también esos barrios al registro para facilitarles su urbanización.
El barrio Aero Club, ubicado en la entrada de Alto Comedero, es un ejemplo claro e histórico de esa precariedad. Ángelo explicó: «Está toda la infraestructura de servicios en su periferia, pero el barrio en sí no tiene luz domiciliaria sino que los vecinos están conectados de manera informal. Tampoco cuentan con medidores de agua potable ni con cloacas. Por lo tanto, las 4000 familias que viven ahí tienen pozo ciego. Y esto es así porque hay una normativa de la Susepu que no permite acceder a esos derechos».
Si bien la ley es de alcance nacional, la situación en Jujuy no parece propicia para que genere resultados inmediatos y efectivos. Para Ángelo, el contexto no es favorable. «En la provincia no se estarían respetando ni siquiera las garantías constitucionales. Hemos sido testigos de apropiación de tierras de hermanos y hermanas originarias, de comunidades campesinas que producen alimentos y vemos cómo se detiene a referentes políticos», señaló.
«La verdad, asusta este estado seudodemocrático, y vemos cómo estos funcionarios se resisten a tratar las conquistas y los derechos que se ganan en el país. Es preocupante. Y no entiendo por qué, si esta política viene a dar una solución real. Pero los funcionarios que atrasan los procesos de integración socio urbana se van a tener que adecuar a la normativa», analizó.
Entre las principales acciones de la SISU está el programa Mi Pieza, que otorga subsidios para reparar, refaccionar o ampliar viviendas populares. También el otorgamiento del Certificado de Vivienda Familiar, expedido por la Anses, que permite a los habitantes de barrios populares que han sido encuestados, acreditar su domicilio para solicitar la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte. Actualmente, más de 197.000 familias de todo el país ya accedieron a su Certificado.
Por otro lado, se conformó un fondo fiduciario con el que se financian proyectos de obra pública en esos barrios. Se trata del denominado Programa de Obras Tempranas (POT), que está disponible para que los soliciten los gobiernos provinciales, los municipios o las cooperativas de las organizaciones sociales.
Sobre este punto, Ángelo mencionó como ejemplos la canalización del arroyo Cacharcito en el barrio Pedro Olmedo, de Humahuaca, y la instalación domiciliaria de energía eléctrica en el barrio 18 de Noviembre de Palpalá.
La financiación se concreta a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que obtiene recursos de la recaudación del impuesto a las grandes fortunas y a operaciones en dólares, entre otras fuentes. «Se saca un poco de plata a los que más tienen y con eso estamos trabajando en los barrios. No le sacamos plata al vecino que paga sus impuestos regularmente, que vive en barrio Mariano Moreno o en Ciudad de Nieva», describió Ángelo.
Si bien la SISU no tiene una oficina propia, quienes estén interesados en conocer más sobre estas iniciativas pueden consultar en la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en calle Alvear 1243.
También se puede consultar la página web de la Secretaría, donde se detalla cómo se puede incorporar un barrio al registro, solicitar un POT y también ver el listado completo del Renabap.
«La integración sociourbana llegó para quedarse –afirmó Ángelo–. Yo aliento a los vecinos y vecinas que sigan luchando por el acceso formal a los servicios básicos porque hoy tienen leyes que los respaldan y hay que hacer que estos funcionarios insensibles cumplan con la ley».
