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La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a la CTA y la CTA Autónoma, reclamó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el intento de reforma laboral dispuesta por DNU y por imposición de una multa por $40.500.000 para costear el operativo de seguridad desplegado en la marcha del pasado 27 de diciembre.
La imposición de multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura «a las organizaciones o individuos responsables» por los costos de los operativos, ya que «el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad».
Cabe recordar que el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores estatales que participen del paro nacional del 24 de enero.
En ese marco, y tras recibir la queja de las centrales obreras argentinas, la OIT emitió un comunicado en donde informa que el director general de la organización, el togolés Gilbert Houngbo, se puso en contacto con el Gobierno nacional solicitando explicaciones por «los flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales».
«El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado» se titula el comunicado que emitió la CGT luego de recibir una factura por los costos del operativo de seguridad. Allí considera que «es una nueva provocación del Poder Ejecutivo» la intimación iniciada por la cartera de seguridad.
«Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país», consideró la central obrera.
No existe condicionamiento posible para que lxs trabajadorxs se expresen en democracia, comparto el comunicado de la #CGT pic.twitter.com/7OZM2WkR6k
— Héctor Daer (@hectordaer) January 11, 2024
El gobierno presentó ante la Justicia un informe en defensa de la reforma laboral del DNU
El Ejecutivo presentó en la tarde del viernes el informe con el que solicitó que sea rechazada la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual pretende que se declare la invalidez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, tal como informaron fuentes judiciales. Una vez que el Ministerio Público Fiscal emita su opinión, y tras analizar la admisibilidad del planteo en cuestión, la justicia laboral estará en condiciones de dictar sentencia.
El gobierno presentó un informe para justificar la reforma laboral por DNU ante la justicia
