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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (Acnudh), pidió hoy a los gobiernos tomar medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de quienes se encuentren detenidas o recluidas en instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia de coronavirus.
“El Covid-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”, declaró Bachelet.
El pedido de la también ex presidenta chilena se produce luego de una ola de motines y fugas ocurridas en varios países, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Brasil e Italia, donde los internos de los centros penitenciarios reclaman que las autoridades atiendan su situación de desamparo frente al brote.
“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, añadió la Alta Comisionada.
En un comunicado publicado en la página web de la Oficina de la Ancudh, Bachelet exhortó a los gobiernos y las autoridades competentes a que procedan con rapidez a fin de reducir el número de reclusos y señaló que varios países ya habían adoptado medidas positivas al respecto.
Las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al Covid-19, entre otros a los presos de más edad y los enfermos.
Las autoridades deberían -agregó- seguir atendiendo las necesidades sanitarias específicas de las mujeres reclusas, incluso de las que están embarazadas, de los internos con discapacidad y los menores de edad.
“Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”, insistió Bachelet.
La semana pasada, en Chile cientos de personas detenidas en el marco del estallido social desatado el año pasado pidieron cumplir su arresto en sus casas a la espera de juicio y no en cárcel.
Cuando esas personas sean puestas en libertad, deben recibir exámenes médicos y ser objeto de las medidas necesarias para asegurar que reciban atención y seguimiento adecuado, comprendido el monitoreo sanitario.
“En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para evitar las amenazas prevenibles a la salud pública y tienen el deber de velar por que todo el que necesite atención médica esencial la reciba”, concluyó Bachelet.
En el curso de esta semana, la Oficina del Acnudh y la Organización Mundial de la Salud publicarán un documento preliminar con directrices que llevará por título Covid-19, que contendrá los principales mensajes y actividades, dirigido a otros organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y autoridades competentes, instituciones nacionales de derechos humanos y entidades de la sociedad civil.
