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Un exrepresor acusado del secuestro y torturas de 89 personas durante la última dictadura se negó a ser indagado hoy por la justicia federal de La Plata que juzga los delitos cometidos en los centros clandestinos de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús.
«Dada las condiciones deficientes de mi salud no voy a declarar», dijo hoy el excoronel Eduardo Di Lío, ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre último lo juzga por la privación ilegítima de la libertad y tormentos de 89 personas.
Previamente, el represor había expresado «no recordar bien» su fecha de nacimiento ni la dirección de su casa, donde actualmente cumple prisión domiciliaria.
Tras negarse a ser indagado, el TOF 1 -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- escuchó el testimonio de Sofía Egaña, experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que tuvo a su cargo la identificación de las víctimas Mario Mercader, Miguel Angel Soria, Liliana Ross de Rosetti, Alicia Risso, Héctor Pérez, José Rizzo, hallados en fosas comunes de los cementerios de San Martín y Lomas de Zamora.
El TOF 1 de La Plata juzga desde fines de octubre a 18 represores, entre ellos el genocida Miguel Etchecolatz, por delitos cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en los centros clandestinos conocidos como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno, que estaba ubicado en la Brigada de Lanús.
La especialista relató las dificultades para la identificación de los cuerpos, los que presentaban varios disparos de arma de fuego en su cabeza, y en miembros inferiores y superiores.
