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Las organizaciones sociales que sufrieron los allanamientos del 6 de julio pasado revelaron que el Poder Judicial le ordenó a las fuerzas de seguridad infiltrarse en sus filas para identificar a los principales referentes, según consta en el expediente, donde se los denomina «grupos de trabajo». Las tareas de inteligencia se habían iniciado en la movilización del 1° de abril en el marco del discurso del gobernador Gerardo Morales en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.
La causa armada involucra a más de 16 organizaciones y dirigentes sociales, a quienes se acusa de constituir “asociaciones ilícitas”.
«Este gravísimo accionar ilegal y persecutorio realizado por el Estado provincial vulnera de forma flagrante derechos humanos y democráticos básicos», advierten desde las organizaciones, y recuerdan que «las tareas de inteligencia solicitadas por el poder judicial ocurrieron» en el marco del discurso de Gerardo Morales en el inicio de las sesiones ordinarias 2022, donde tildó «a referentes de organizaciones sociales como ‘delincuentes’ y anunciando que iba a avanzar con su política represiva y persecutoria a todos aquellos que se opongan a sus políticas de hambre».
Y se preguntan: «¿Esta es es la paz social que pregona Morales?»
En un comunicado, califican la metodología como «escandalosa» y señalan que el fiscal Diego Funes utilizó «palabras que hacen recordar épocas oscuras».
«El juez, en vez de rechazar in limine semejante pretensión, le dio curso», apuntan, en referencia a Rodolfo Fernández, juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
El expediente
De acuerdo al expediente, el fiscal de Investigaciones Diego Funes ordenó que personal de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Provincia «se constituya sobre los lugares donde se reúnen las organizaciones sociales a los fines de lograr individualizar a los referentes».
También pidió que se detectara a «cada persona que se encuentre tomando asistencia o realizando anotaciones con respecto a la cantidad de personas que participan de esa organización».
De manera explícita, el escrito refiere que «siendo las horas 08:00 se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas organizaciones».
La Agencia Provincial de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad elaboró luego un acta donde describe el «procedimiento realizado» el 1° de abril, cumpliendo con lo ordenado por el fiscal Funes.
Luego de detallar los nombres del personal que integró el «grupo de trabajo», enumera las organizaciones apuntadas y los puntos de la ciudad donde se concentraron.
En el acta, además, se incluyen fotografías de referentes, con la identificación del nombre, la organización a la que pertenecen y, en algunos casos, el DNI y el domicilio. También hay fotografías de personas a las que sólo identifican con expresiones como «persona de sexo femenino a establecer», por ejemplo.
