Ley Iara: Tras años de negación, en Jujuy se reconoce la emergencia en violencia de género

Por Gabriela Alejandra Tijman.- La aprobación este jueves de la ley que declara la emergencia en violencia de género en la provincia por dos años aparece como un punto de partida, más que una conquista alcanzada. Denominada Ley Iara por la adolescente asesinada el mes pasado en Palpalá, la norma es celebrada en general por el movimiento de mujeres, en la certeza de que el texto final es un logro de la presencia no solo en la calle sino también en la Legislatura provincial. Pero la celebración para nada clausura la lucha.

Al proyecto elaborado en principio por el Poder Ejecutivo como reacción a la demanda generalizada de una sociedad que colmó su paciencia frente a los últimos femicidios, se le incorporaron aspectos surgidos de las jornadas en las que la Comisión de Igualdad y Perspectiva de Género convocó y escuchó durante tres jornadas a representantes de más de 70 organizaciones y colectivos de mujeres y la diversidad.

De todos modos, el texto final sigue quedando corto para atender una problemática de gravedad en la que el Estado, en todas sus dimensiones, se mantiene ineficiente.

El movimiento de mujeres de Jujuy ya lo había advertido antes de la sesión de este jueves. Conocido el dictamen de mayoría que llegaría al recinto, un amplio conjunto de organizaciones difundió un comunicado en el que, a pesar de considerarlo una conquista de la lucha y el trabajo territorial, afirman que no es la ley que hubieran querido porque no se incluyeron todas las propuestas. Aun así, consideran que “es la muestra de que empezamos a cambiar algo”.

“Se aprobó la emergencia que venimos peleando hace mucho, y eso es un triunfo del movimiento de mujeres. Que se haya declarado después de tantos años de negar la gravedad del problema, es un paso adelante. Y seguimos donde estábamos, batallando para que las políticas estatales puedan parar esta escalada de violencia machista”, analizó la abogada Mariana Vargas, integrante de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy.

Varias fueron las organizaciones y colectivos que calificaron como “histórica” la aprobación de la ley, en la comprensión de que se trató de una conquista colectiva. De todos modos, hubo también coincidencia en que se continuará militando y exigiendo más leyes y políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia machista.

Lo cierto es que la Ley 6186 no es la reclamada y esperada por los colectivos feministas de Jujuy, aunque significa un avance sobre todo en lo que implicó la participación del movimiento en las reuniones en la Legislatura y la visibilización de sus propuestas y demandas concretas.

En general, las críticas giran en torno a un eje central: el Poder Ejecutivo, a través del Consejo Provincial de la Mujer, queda a cargo de todas las acciones y decisiones detalladas en la ley. Un Poder Ejecutivo y un Consejo que vienen siendo cuestionados en voz alta por la falta de políticas efectivas para prevenir y atender la violencia de género.

La creación del Consejo fue anunciada por el gobernador Gerardo Morales el 11 de diciembre de 2019, el día que inició su segundo mandato. La designación de Alejandra Martínez como su titular, sin embargo, todavía no fue formalizada. Así lo denunció en el debate de este jueves la diputada provincial Alejandra Cejas. “Tenemos un Consejo de la Mujer pero la funcionaria a cargo no está designada, no está publicado el decreto, es decir que legalmente no hay nadie al frente de un organismo que ya debería haber hecho todo esto que dicen que van a hacer recién ahora”, planteó Cejas.

El proyecto aprobado es más que nada una declaración de buenas intenciones. Creación de refugios y centros de atención a víctimas de violencia, incorporación de líneas telefónicas gratuitas y fortalecimiento de servicios ya existentes son algunas de las acciones previstas en la ley. Contiene también unas cuantas obviedades innecesarias, como la que establece el artículo 4 inciso f: “Se garantizará, en todo el territorio de la provincia, la aplicación de las leyes: Ley N° 5738 de Adhesión a la Ley Nacional W 26.485 de Protección Integral para las Mujeres, Ley N° 6140 de Adhesión la Ley Micaela W 27.499, Ley N° 6178 de Adhesión a la Ley Nacional W 26743 de Identidad de Género y Ley Brisa W 27.452 de Reparación económica para las niñas, niños y adolescentes”.

“El oficialismo me lleva a votar una ley que ya voté, porque lo que se dice ahí que se va a garantizar, ya está aprobado”, afirmó en este sentido la diputada del Frente de Todos-PJ Alejandra Cejas.

La legisladora recordó que el funcionamiento de los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia está contemplado en la Ley 5107, sancionada en 1999. Y que en 2006, cuando era concejal de San Salvador de Jujuy, fue coautora de una ordenanza que creaba refugios. “Explicame qué hicieron desde entonces en ese tema -comentó-. Porque estamos hablando de derechos humanos, entonces la responsabilidad es nacional, provincial y municipal. No necesitan adhesión, lo tienen que hacer”.

Las generalidades que aparecen en la ley son numerosas. Dice que “se establecerán políticas de asistencia económica” y que se “diseñarán planes y programas dirigidos a facilitar el acceso a microemprendimientos y proyectos productivos”, como así también “capacitaciones en oficios”. Anuncia que se dará “acceso prioritario” a víctimas de violencia en los planes de viviendas, aunque no se especifica un cupo, algo que había sido reclamado por los colectivos.

En el artículo dedicado al área educativa, solo dice que se deberá cumplir con la normativa ya existente a nivel nacional en materia de Educación Sexual Integral y prevención de violencia de género, además de elaborar protocolos de intervención. En el apartado sobre el área de Salud también se enumeran intenciones a futuro relacionadas con asistencia técnica, capacitaciones y conformación de equipos y espacios de consejería.

El artículo 12 está referido a las acciones en materia de seguridad. Es quizás el que más precisiones contiene, de acuerdo al paradigma punitivista que sostiene el gobierno de Morales, no solo en materia de violencia de género sino de forma transversal a su gestión.

En materia de precisiones, la ley establece la creación de cuatro nuevos Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, en Susques, Yuto, Purmamarca y Monterrico. Este último, en rigor, fue inaugurado la semana pasada y ya hay denuncias de que no está funcionando.

Por otro lado, desde las organizaciones y colectivos de mujeres venían reclamando que se garantizara la dotación de personal permanente y capacitado para los centros y refugios para víctimas.

A este aspecto se refirió también la diputada Liliana Fellner, quien consideró contradictorio que se disponga la creación de más cargos e instituciones sin que se indique de qué manera se implementarán y quienes estarán a cargo. “No podemos seguir fomentando la creación de más cargos e instituciones, si las que están no funcionan adecuadamente y tampoco brindan las respuestas inmediatas que una mujer víctima de violencia requiere”, afirmó.

“La creación de esos centros es lo único concreto que aparece en la ley. Todo lo demás es delegado al Poder Ejecutivo -reflexionó Mariana Vargas-. Y eso es un problema, porque es el mismo Ejecutivo que hace años no ha hecho lo que debió hacer y hoy estamos en la situación que estamos”.

En este sentido, la letrada mencionó los “graves incumplimientos” en los que incurrió este mismo Estado “porque frente al caso de Iara vimos en forma directa cómo no la buscaron y qué responsabilidad le cabe para que haya sido encontrada muerta. Y es además el Estado que todavía no sancionó ni al Ministerio Público de la Acusación ni a la Policía por su responsabilidad”.

La diputada Fellner pidió “la implementación inmediata” de la Ley y exigió que “los organismos encargados de abordar esta problemática dejen de cometer errores y actúen con la responsabilidad y seriedad que el tema requiere, para evitar el asesinato de más mujeres”.

También se pone el ojo en la falta de precisiones respecto del presupuesto. Las organizaciones pretendían que las partidas asignadas fueran específicas e intangibles, algo que no aparece en el texto. En las próximas semanas la Legislatura debatirá el Presupuesto provincial para 2021, y allí se verá qué aparece en relación a esta problemática.

“Esta es una sesión histórica”, calificó al cerrar el debate la diputada del Frente de Todos-PJ Leila Chaher, presidenta de la Comisión de Género, quien impulsó la participación de las organizaciones en la serie de reuniones legislativas. Reivindicó en su discurso a las mujeres que hicieron vigilia en la puerta del edificio mientras se debatía la ley y repasó: “Fueron semanas muy intensas en las que escuchamos y tomamos nota, porque este proyecto fue una construcción y una conquista de las movilizaciones, las puebladas, los comunicados de las organizaciones”.

La legisladora remarcó: “Por supuesto que nada alcanza. Pero confío plenamente en los miles de mujeres que así como levantaron su voz para que esta ley sea tratada, irán a golpear con esta ley bajo el brazo cada puerta que sea necesaria”.

La expectativa ahora está puesta en la promulgación y reglamentación de la ley. Sobre esta última, para la cual el Ejecutivo tiene un plazo de 30 días, se esperan algunas precisiones que debieron incluirse en el texto aprobado. Sea cual fuera el resultado, hay coincidencia en que Jujuy atravesó y atraviesa un proceso irreversible, con el protagonismo indudable de las organizaciones y colectivos de mujeres y disidencias, que vienen militando y trabajando en el territorio, que ganaron las calles luego en un grito de alarma y entraron finalmente al parlamento provincial. Y obligaron al gobierno de Morales, con casi cinco años de gestión recorridos, a desplegar una serie de iniciativas para, por lo menos, simular que se hace cargo. Lo cierto es que en Jujuy no queda mucho margen para simulaciones cosméticas.