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Por Ailín Bullentini, en Página/12. Durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri el movimiento de derechos humanos se unió con fuerza detrás de dos acciones que no le son desconocidas: la resistencia y la lucha.
Ayer, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, que coincidió en esta ocasión con la llegada de Cambiemos al poder, llenó la Plaza de Mayo en una jornada combinó la demanda de memoria, verdad y justicia y el reclamo por la continuidad de las políticas de derechos humanos con el rechazo al ajuste. “Nos sostienen razones, convicción, la potencia de la unidad y la organización y, hoy como ayer, la Memoria, La Verdad y la Justicia siguen guiando nuestros pasos”, resumieron en un documento consensuado por los 14 organismos que convocaron a la movilización.
“Venimos a esta Plaza a reivindicar las luchas de los 30.000 detenidos-desaparecidos, a exigir el respeto de los derechos humanos, a reclamar la continuidad de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado, a denunciar la banalización de la memoria”, puntualizó el texto en el que trabajaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico (MEDH), la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj). La unidad se vio reflejada en la lectura colectiva del documento, que también fijó posición frente a las “políticas represivas” del gobierno de Macri. Un referente de cada organismo estuvo a cargo de un fragmento.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida mandaron abrazos desde Medellín y España, donde se encuentran ambas respectivamente. “Esta fecha es especial, pero más este año, cuando los derechos humanos de los argentinos fueron violados permanentemente. Una vez más en nuestra querida plaza les demostramos a los responsables que no les será fácil y que el pueblo unido jamás será vencido”, escribió Almeida.
La convocatoria, construida en torno de la consigna “Seguimos resistiendo”, hizo pie fuerte en los reclamos por la continuidad de los juicios contra los genocidas y por que “se reactiven y profundicen las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”, políticas “que los organismos habíamos reclamado durante décadas y que fueron reconocidas desde el Estado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, plantearon los organismos.
Graciela Daleo, sobreviviente de la ex ESMA, se encontró con Alejandro Garfagnini en el medio de la plaza, de casualidad. Charlaban de Milagro Sala, la dirigente social jujeña detenida desde hace casi 11 meses, mientras La Bersuit, banda que cerró la jornada, probaba sonido y aún ingresaban algunas organizaciones políticas. “Atravesamos un momento de resistencia a esta ofensiva del neoliberalismo que tiene la tremenda dimensión latinoamericana y mundial”, reconoció Daleo. “Fue un año muy duro para el pueblo argentino. Después de 30 años y de ser ejemplo mundial, tenemos presos políticos, tenemos extrema pobreza y exclusión, desocupados, cierre de fábricas. Como mínimo hay que estar en la calle ante una involución de estas características”, reflexionó Garfagnini.
Algo de eso denunció el texto con el que los organismos cerraron la jornada: “En un año de Gobierno de Macri, nuestro país ha retrocedido décadas, generando una Argentina con miles de personas despedidas, con un Estado que genera beneficios para pocos y deja de garantizar y proteger los derechos de todos y todas”, postularon frente al micrófono.
Entre los shows de Peteco Carabajal y La Franela, los actores Paola Barrientos y Conrado Geiger leyeron en homenaje al revolucionario cubano fallecido hace algunos días fragmentos de los poemas “Fidel tendrá siempre todo el tiempo” y “Fidel”. Entre las canciones de La Franela y Ariel Prat, compartieron la carta que envió Sala desde el penal de Alto Comedero, donde sigue encerrada.
El reclamo de liberación de la dirigente social jujeña fue otro de los ejes del documento consensuado. Para Paloma, “acalorada, pero contenta de estar” en la Plaza de Mayo, “defender lo conquistado” se trata de “defender la justicia social, de medidas que no atraviesen a los sectores más sufridos y los hagan sufrir más”. En ese sentido, “la intransigencia de este gobierno en temas como la libertad a Milagro” la sorprende, pero no la alarma: “Acá estamos. Sin reclamo constante, nos pasan por encima.”
Los organismos también denunciaron un “aumento de la violencia institucional” y a los medios de comunicación que “justifican la violencia y la persecución a los sectores populares, principalmente a los jóvenes y a los migrantes”. Exigieron la aparición con vida de Jorge Julio López y también la restitución de la identidad a más de 300 jóvenes apropiados. Lucía aplaudió como pudo la lectura. Tenía a su beba en brazos. Tiene treintaitantos y habló de resistencia como “un legado”, el del “camino demostrado” que emprendieron los organismos de derechos humanos “para que los dirigentes los escuchen”. “Nosotros, el pueblo, tenemos que aprender de ellos. A reclamar y a resistir”, opinó.
“Un retroceso evidente”
«Siento que retrocedimos cuarenta años”, confiesa Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Es una de las representantes de los organismos de derechos humanos, que ayer marcharon en Plaza de Mayo, en reclamo de sostener la políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Entre otras cosas, cuestionan el desmantelamiento de órganos abocados a juicios de lesa humanidad; la paralización de investigaciones sobre partícipes civiles del terrorismo de Estado; el incumplimiento de la ley que ordenó crear la Comisión Bicameral para investigar a empresarios y el retorno de cárceles VIP y arrestos domiciliarios automáticos.
“Tengo esa sensación desde que reapareció la necesidad de reclamar por presos políticos, no sólo por Milagro Sala”, explica Boitano. “El retroceso es evidente si se tiene en cuenta que volvimos a recurrir a Naciones Unidas, a la CIDH, a Amnesty y al Vaticano”, enumera Lita y su memoria se remonta a 1979, a un ayuno de las Madres para hacer oír la voz de Emilio Mignone en Ginebra. “La persecución política y las detenciones en Jujuy nos demostraron que era urgente volver a hacer denuncias en el exterior. Esperamos tener una Navidad sin presos políticos. Ojalá tengamos más suerte que en 1979”, concluye.
Agustín Cetrángolo, de HIJOS, enumera otros retrocesos y señala la necesidad de “volver a llevar la condena social al territorio”. Es por eso que el miércoles retorna el escrache, esta vez a Alfredo Feito, que con dos condenas fue enviado a su casa por cumplir 70 años. Para Adriana Taboada, de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, “el mayor desafío para el movimiento de derechos humanos es la unidad”. “Perseverancia, convicción, organización y unidad”, resume.
Cetrángolo, ex funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos, asegura que “el balance es malísimo” y enumera: ajuste contra los trabajadores, vaciamiento de la secretaria, flexiblización de condiciones de detención, reapertura de cárcel de Campo de Mayo, negacionismo del número simbólico de desaparecidos, política migratoria con deportaciones de facto, fuerzas de seguridad habilitadas a criminalizar jóvenes por portación de cara. “Pero la sociedad se armó mucho y no está dispuesta a retroceder. Seguimos resistiendo”, asegura. Jefe de asesores de Martín Fresneda hasta diciembre, Cetrángolo apunta que el presupuesto de la Secretaría se redujo en un 35 por ciento, decisión que implica desde abandonar causas hasta no invertir un centavo en publicaciones, transferencias a universidades o insumos para el Archivo de la Memoria.
“El balance es malo, por presente y por perspectivas. Se agudizan problemas en lo vinculado a lesa humanidad y desde el Ejecutivo se desfinancian áreas claves de derechos humanos. Desde la SDH se llevan todo tipo de temas y en los hechos no se jerarquiza nada”, explica Taboada. “Frente al desafío de juzgar a los civiles, cuando se requería profundizar investigaciones como la del equipo del Banco Central, se echa a trabajadores calificados que estaban produciendo información sobre el poder económico”, ejemplifica. Otra preocupación pasa por el ritmo de los juicios. “La Memoria se puede seguir alimentando pero la Justicia es hoy. La desaceleración implica impunidad, por muertes y por impunidad gerontológica”, explica Taboada. “Se homologa vejez con enfermedad cuando el criterio debe ser otro, la salud funcional”, dice para rechazar las concesiones automáticas de arrestos domiciliarios.
“El Poder Legislativo acompaña”, destaca, y recuerda que la ley que creó la Bicameral para investigar a empresarios se promulgó hace un año, debió arrancar en marzo y todavía no existe. “También hay gran responsabilidad del Consejo de la Magistratura en concursos que no salen: hay más de 300 cargos cubiertos por subrogantes”. Como dato fresco sobre el desmentalamiento apunta que “acaban de echar a quienes desde el Ministerio de Educación capacitaban a los docentes en Memoria, Verdad y Justicia, trabajo fundamental para que esos contenidos lleguen a los alumnos”.
