Los represores siguen mintiendo en los juicios de lesa humanidad

Por H.I.J.O.S. Jujuy. Este jueves pasado, se desarrolló la audiencia N°71 de la Mega-Causa por delitos de Lesa Humanidad en Jujuy. La misma fue virtual, mediante la plataforma zoom y se transmitió en vivo por el canal de YouTube del CIJ www.cij.gov.ar.

Tal como se pautó en la audiencia anterior, la actividad continuó con la declaración de Armando Raúl Claros, la cual había quedado inconclusa por cuestiones de tiempo. Además, prestaron indagatoria los represores imputados: Jones Tamayo, Bernardo Salinas, Mario Marcelo Gutiérrez y Armando Ruiz.

Claros: “El personal de la brigada de investigaciones vestía siempre de civil”

Para continuar con la declaración que quedó pendiente la audiencia pasada, la fiscala Marina Cura comenzó la jornada consultando a Claros por sus conocimientos sobre el D-2 Departamento de Informaciones Especiales (1). Claros sostuvo que quien comandaba esta área cuando él estaba en servicio, durante los años de plomo, era Luis Eduardo Barry (F), pero que en general toda la Plana Mayor era la que dirigía las acciones de ese sector de la fuerza que dependía del Dpto. Judicial.

Con respecto al Dpto. de Operaciones de la policía provincial, declaró que el jefe era el Comisario Ernesto Jaig (f), y que esta área estaba integrada por Secretaría, Comando de Radiopatrulla, cuyo jefe era Siro Lucas Goyechea, oficial que cumple condena por delitos de lesa humanidad; en cuanto a la Mesa de División y Coordinación de Enlace dijo que estaba bajo el mando del Oficial David Augusto Vázquez (f).

Claros integra la nómina de personal de la Central de Operaciones Policiales (COP), lista confeccionada e informada por dependencia policía, es por esto que la funcionaria judicial solicitó que detallara su función y su rol en ese sector, a lo que Claros respondió que nunca desempeñó funciones en esa central. A esto le sumó el dato de que todo el personal de la brigada de investigaciones vestía siempre de civil, pero aduce haber olvidado el nombre del jefe de esa área de la policía de la provincia.

Posteriormente, Claros negó que los detenidos fueran torturados porque un médico los revisaba. Rechazó las acusaciones de tormentos que denunciaron los sobrevivientes.

Jones Tamayo: El perverso constitucionalista

El segundo imputado en expresar sus últimas palabras fue el ex capitán, jefe de inteligencia del ejército del área 323 (4), Juan Carlos Jones Tamayo, imputado en este juicio por ser autor mediato de allanamiento, privación ilegal de la libertad agravada por  violencia, privación ilegal de la libertad y  homicidio calificado en perjuicio de 27 víctimas, quien con un tono prepotente y soberbio, sólo expresó descaradamente que: “el proceso judicial al que me someten no es legal, es inconstitucional” por lo que no iba a declarar, concluyendo así su relato.

Este genocida cuenta con la historia particular de haber estado prófugo de la justicia por más de tres años, tuvo pedido de captura nacional e internacional debido a que existen testimonios, de testigos y víctimas del último golpe, que lo señalan como uno de los represores más perversos junto al ex jefe del Área de Inteligencia 323, coronel Carlos Néstor Bulacio.

Bernardo Salinas: “A veces tenía que trabajar como custodia de la Empresa Ledesma

El tercer acusado en brindar testimonio fue Bernardo “Piscina” Salinas, agente de plaza de la policía de la provincia, acusado en este juicio de privación ilegal de la libertad agravada por violencia, torturas agravadas y violación sexual agravada en perjuicio de dos mujeres. Durante su declaración, Salinas relató que para el año 1976 pertenecía a la Comisaría N°11 (5) de Libertador Gral. San Martín, sin embargo, prestaba servicios en la Seccional N°24 y, a veces, era requerido junto a otros 5 oficiales, para trabajar como guardia para la empresa Ledesma en el Talar, donde debía cuidar las máquinas cosechadoras de lunes a lunes. También, sostuvo que custodiaba el hospital del pueblo, el sindicato y las oficinas de la empresa Ledesma cuando realizaban la liquidación de haberes.

El imputado expresó que no tuvo ningún tipo de participación o conocimiento de lo acontecido durante el operativo de fuerzas conjuntas conocido como La Noche del Apagón (6), falseando la realidad dijo: “ese día yo no estaba de guardia, no me presenté a trabajar porque mi esposa estaba enferma,  tampoco me presenté a la seccional al otro día porque me tocaba franco, sin embargo, me apersoné en la dependencia policial para informar sobre la situación; justo me encontré con el comisario Lescano, a quien le manifesté que debía cuidar a mi hijo y a mi mujer, el comisario entendió y me autorizó a que vuelva cuando todo se haya solucionado”.

Posteriormente agregó: “Me enteré por comentarios que apagaron las luces y los oficiales hicieron una batida, que en ese entonces consistía en detener personas por averiguación de antecedentes. En ese tiempo, mi familia y yo vivíamos en un barrio de emergencia que no tenía luz, así que no sé a qué hora apagaron las luces”, el imputado prosiguió afirmando embustes “yo no sé nada de ese día y qué pasó, tampoco conozco el famoso Guerrero (7) hasta el día de hoy”. El ex oficial cerró su declaración sin aceptar preguntas por parte de ninguna de las partes.

Es importante mencionar que, de acuerdo a los testimonios de ex presxs políticxs, fue uno de los represores que participó en numerosas detenciones ilegales en la zona de Calilegua y Libertador Gral. San Martín. El ex oficial, integró la patota del ramal cuyo jefe era el Crio. Américo Lescano y participó en el operativo de La Noche del Apagón (6).

Mario Marcelo Gutiérrez: El penitenciario que va por su segunda condena

El cuarto imputado en declarar fue el ex agente penitenciario Mario Marcelo Gutiérrez, ya condenado en el 2do juicio por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia a quince años de prisión, está procesado nuevamente en esta Mega-Causa, por torturas agravadas y privación ilegal de la libertad agravada por violencia.

Con respecto a la declaración, el acusado intentó desacreditar a sus víctimas e inició su declaración diciendo “ya tengo 12 años de estar privado de mi libertad, frente a esta situación yo declaré ante el juez, fui acusado por, al menos 10 personas y todas brindaron falso testimonio. En el año 1976 ejercía como cabo primero, qué podía hacer, ordenar o disponer; vuelvo a recalcar yo nunca trabajé en el pabellón N°4 y ya estoy cansado de esto”.

Durante el último golpe de estado, Gutiérrez, se desempeñó como Suboficial Ayudante de 3ra y estuvo “afectado” al Servicio de Inteligencia del Ejército, perteneciente al área 323 del RIM 20 (9). Asimismo, se sabe que este represor integró el grupo de tareas que operaba en el Penal de Villa Gorriti y que fue visto en varias ocasiones en el Regimiento de Infantería 20 (RIM 20) con asiento en la capital jujeña.

Armando Ruiz: “Después del 24 de marzo del 76 la cantidad de personas detenidas subió abruptamente”.

El quinto y último declarante de la jornada fue Armando Ruiz, quien está imputado en este juicio por ser partícipe primario de torturas agravadas y privación ilegal de la libertad agravada por violencia.

El ex oficial de policía de la provincia brindó una extensa declaración en la que se dedicó a negar sistemáticamente tener algún vínculo con lo ocurrido durante sus años de servicio. Tal como sus antecesores y como es costumbre de todos estos criminales, Ruiz se excusó de toda responsabilidad por, supuestamente, no tener ni voz ni voto en las decisiones por ser un oficial de baja categoría.

Los hechos por los que está imputado, Armando Ruiz, se relacionan con la tarea que realizaba en la Mesa de Coordinación y Enlace, área de la Policía Provincial que era comandada primero por David Augusto Vásquez y después por Siro Lucas Goyechea, coincidiendo esto con lo relatado por Claros.

Y agregó: “Durante febrero de 1976 y febrero de 1977, no presté servicios para la Mesa de Coordinación y Enlace, si trabajé en la Secretaría del Cuerpo de Radiopatrulla, entre septiembre de 1974 y febrero de 1976, pero a partir del 7 de ese último mes fui “adscripto” al Regimiento 20 y fui dado de baja del plantel de servicios de radio patrulla. Estuve en el Área de inteligencia 323 de forma permanente durante ese año”.

Es importante señalar que Ruiz, antes y durante de la dictadura militar, fue un oficial que perteneció a la patota del Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) Comando Radioeléctrico, ahí fue designado en la Central de Inteligencia del Área 323 del Ejército, por tener condiciones idóneas para desempeñar ese tipo de tareas y para el año 1979, con la venia del Obispo Medina, Ruiz ingresó como docente al Instituto Terciario «Populorum Progressio”.

Además, Ruiz, durante el mandato del ex gobernador de Jujuy Fellner y con el padrinazgo del actual ministro de Gobierno y Justicia de Gerardo Morales, Agustín Perassi, fue director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Función a la que tuvo que renunciar luego de que los organismos de derechos humanos de la provincia denunciaran su participación durante el terrorismo de Estado. Sin embargo y a pesar de esto, siguió dando clases en el Instituto Terciario «Populorum Progressio” hasta que fue detenido acusado por crímenes de lesa humanidad.

La audiencia N°71 finalizó a las 12:15 p.m., y desde Secretaría se comunicó que los imputados continuarán declarando en la próxima audiencia el día jueves 18 de noviembre a las 8:30 hs, bajo la misma modalidad virtual y con transmisión en vivo por el canal de You tube del CIJ.

Notas al pie

1–El Departamento de Informaciones Policiales (DIP) o D2 (código con el cual era identificado dentro de las policías provinciales), fue uno de los dispositivos que integró la trama represiva articulada por el Estado argentino bajo el gobierno de la última dictadura cívico-militar. El mismo tenía como objetivo recabar información sobre el accionar social, político, gremial e ideológico para la persecución y aniquilamiento de opositorxs políticxs.

2–Centro Clandestino de La Unidad Penitenciaria de Gorriti es un presidio que durante el último golpe de estado estuvo destinado a alojar presxs políticxs, los mismos fueron puestos en los pabellones 4 y 5 junto a los detenidos por delitos comunes, y, en el 3 estaban los considerados de máxima peligrosidad con un régimen duro de reclusión. Durante el régimen dictador, la institución fue intervenida por el ejército y la gendarmería nacional, que fueron los encargados de realizar interrogatorios a las víctimas, también ejercieron violencia psicológica y física contra todxs ellxs.

3–Centro Clandestino Comando Radioeléctrico fue creado dentro de los predios de la vieja central de Policía de la Provincia de Jujuy, funcionó como lugar que albergaba presxs políticxs durante la última dictadura militar. En este lugar personal del ejército, gendarmería y de la provincia lleva personas secuestradas con el fin de someterlos a interrogatorios por medio de diferentes tipos de tortura.

4–El Área 323 marca la jurisdicción que otorgó la última dictadura militar al Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM 20) para reprimir a opositorxs al gobierno de facto en Jujuy. En esta área se realizaban tareas de inteligencia para investigar el accionar o la presencia de elementos subversivos en la provincia, y esta actividad permitió detectar y apresar varios elementos pertenecientes a las células de ERP, VC y PC.

5–Centro Clandestino Comisaría Policial N° 11º Central de Ledesma se encuentra ubicada en la ciudad de Libertador General San Martín, en las calles Independencia y Entre Ríos, a dos cuadras de la plaza central de Pueblo Nuevo. En este lugar se cometieron delitos de lesa humanidad funcionó como engranaje de la maquinaria represiva y de terror que se desplegó en esa zona.

6–La Noche del Apagón sucedió durante las madrugadas del 20 y el 21 de julio de 1976, se trató de un operativo organizado por fuerzas conjuntas que, junto a los ideólogos civiles del último golpe militar, en este caso el Ingenio azucarero al mando de Pedro Blaquier, secuestraron e hicieron desaparecer estudiantes y obrerxs del departamento Ledesma.

7–Centro Clandestino de Guerrero se trata de un complejo inmobiliario construido durante el gobierno de Perón y Evita con fines de turismo social, cuyo nombre original fue el de “Hosterías Guerrero” pero con la idea de que fuera llamado “Ciudad Evita”. Este lugar se encuentra apostado, sobre una pequeña meseta, entre la ruta provincial N°4 y el Río Reyes, de forma casi línea, cuenta con tres edificios y con el derrocamiento del gobierno peronista el complejo quedó abandonado. Durante el último golpe de estado, este sitio fue tomado por personal del ejército, gendarmería y policía de la provincia para ser usado como centro de detención, tortura, exterminio y desaparición de personas.

8–El Centro Clandestino de Detención Seccional N°24 de Libertador Gral. San Martín funcionó como epicentro de las “tareas de inteligencia” policiales de Ledesma. En esa seccional, antes y durante la dictadura militar, se asentó, encabezó, dirigió y llevó a cabo los operativos represivos el jefe de “informaciones reservadas” del Departamento de Informaciones Policiales, José Américo Lezcano, quien a su vez era jefe de la seccional 24.

9–Centro Clandestino Regimiento de Infantería de Montaña 20 “Cazadores de los Andes” (RIM 20) es una unidad militar del Ejército Argentino con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy, ubicado en el límite norte del casco céntrico de la capital jujeña, sobre la antigua calle Amancay, ahora llamada “Caídos por la Patria”. Este lugar fue utilizado por las fuerzas represivas del Ejército en la Zona 3, Subzona 32, Área 323. A su vez, el III cuerpo del ejército tenía dentro de su estructura a la Brigada de Infantería V (Tucumán), quien era responsable directa del accionar represivo en Jujuy.

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