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Marchan contra el desmonte de 12 mil hectáreas en Palma Sola

desmonteOrganizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas, entre otras, movilizan hacia la sede de la Secretaría de Gestión Ambiental de Jujuy, «para evitar el robo de los bienes naturales, como son los bosques nativos, y dejar que los campesinos y aborígenes sigan con su vida cotidiana”. 

Estos grupos, junto a los diputados del  Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (Fuosp), el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Intersindical de Trabajadores Estatales (ITE), la Red de Organizaciones Sociales y organismos de derechos humanos, reclaman además que el gobierno rechazó su pedido para participar de la audiencia pública que se hará el miércoles para aprobar el desmonte de 12.000 hectáreas en la localidad de Palma Sola.

 “No nos han permitido defender el monte y a las familias campesinas y ante esa situación, pedimos la suspensión de la audiencia», plantean las organizaciones. En caso de que se siga adelante, advirtieron, quieren que se los inscriba para participar. 

 Ante esta situación, las organizaciones y gremios movilizarán hacia la Secretaría de Gestión Ambiental, para “exigir que cumpla con su función indelegable de proteger el bosque nativo y respetar los derechos de los pueblos indígenas y campesinos; en lugar de garantizar cuanta solicitud sea realizada por quienes arrasan con el monte nativo”.

 La Organización Tierra Fértil del Movimiento Nacional Campesino Indígena, afirma que este llamado a audiencia pública, significa desconocer los sendos argumentos esgrimidos en el Amparo Ambiental Colectivo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por familias campesinas de la localidad de Palma Sola y por el Pueblo Guaraní en el año 2010, donde se pidió la anulación del Plan de Ordenamiento Territorial para las áreas boscosas por contradecir la normativa nacional y supranacional en materia de protección de los bosques nativos y de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos”.

 “Nos oponemos a que se autoricen 12.000 hectáreas de desmonte en una zona de fragilidad ecológica, donde se perderá la conectividad entre las yungas y el chaco, y lo que traerá aparejado la expulsión de las familias campesinas que viven en el lugar, que no podrán continuar con la ganadería de monte abierto ni realizar actividad agrícola alguna ya que luego del desmonte vendrán las fumigaciones con agrotóxicos”. 


 

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