Un grupo de los vicegobernadores del Norte Grande avaló hoy la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar un pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “mal desempeño” y además solicitó al Parlamento que “las instituciones sean restablecidas» para que sean «garantes de la República”.
Mediante un documento, los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron la iniciativa consensuada ayer entre el presidente y los mandatarios de sus provincias en un encuentro en Casa de Gobierno.
En esta oportunidad, el vicegobernador de Jujuy, Carlos Guillermo Haquim, parece haber encontrado un límite, ya que no avaló el pedido de juicio político contra los supremos.
Distinta fue su postura cuando firmó un comunicado con sus pares del Norte Grande en el que rechazaban el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, advirtiendo que profundizaba “desequilibrios y asimetrías”.
Hoy, el resto de los vicegobernadores dio un paso más al considerar que el “mal desempeño” de los supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda está fundamentado en la “flagrante inobservancia a la Constitución Nacional en que ha incurrido el máximo tribunal”.
Entre otros puntos mencionan que La Corte habría incurrido en “violar la ley de Ética Pública”, y reiteran el rechazo a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº26.080, después de más de 16 años de vigencia, y la restitución de la Ley Nº24.937, “con una parcialidad manifiesta a favor de un territorio argentino como es la Ciudad de Buenos Aires y Juntos por el Cambio (JxC)”.
Esta última cuestión fue la que tuvo a Haquim alineado con sus colegas. Sin embargo, pareciera que el pedido de juicio político es, para el jujeño, ir demasiado lejos.
Los vices norteños, en tanto, aseguran: “Es nuestro deber como mandatarios de la voluntad popular, conjuntamente con nuestros gobernadores, peticionar ante el Congreso de la Nación que las instituciones sean restablecidas y que las mismas sean garantes de la República, observando sus principios, tal como la independencia del Poder Judicial de los demás poderes e intereses, y por el real federalismo que no es otra cosa, que la distribución con justicia de los recursos de una Nación soberana”.