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Molesto por las apariciones telefónicas de Milagro Sala en varios medios de comunicación, el gobernador Gerardo Morales, a través de su ministro de Seguridad, Ekel Meyer, amenazó con trasladarla a una cárcel federal por hablar. Otra razón es que la diputada del Parlasur se negó a ser notificada en las últimas causas en las que se la involucró, ejerciendo así su legítimo derecho de defensa.
Los abogados de Sala señalaron que el único fin de esta amenaza de traslado es amedrentar a la dirigente, ya que no hay ningún elemento legal ni justificación normativa que lo permita.
En tanto, la dirigente social escribió una nueva carta desde el penal de Alto Comedero, donde se encuentra privada ilegalmente de su libertad desde el 16 de enero, en la que le advierte a Morales que “no se puede gobernar con miedo”.
Días atrás, el ministro de Seguridad Ekel Meyer, en declaraciones periodísticas, le envió un mensaje a Milagro Sala y a su familia: “La justicia estaría evaluando trasladar a la referente la organización social Tupac Amaru a una cárcel federal debido a que constantemente se resiste a asistir al juzgado para cumplir con trámites judiciales”, señaló.
Meyer se refirió también a las entrevistas telefónicas que la diputada del Parlasur brindó al periodista local José Luis Politi para El Submarino Radio y a Reynaldo Sietecase para su programa Getap, de Buenos Aires: “Está prohibido que tengan celulares y está prohibido que den entrevistas sin autorización”.
Dos cuestiones que parecían estar aclaradas. Por un lado, porque ambos periodistas confirmaron que establecieron las comunicaciones a través del teléfono público habilitado en el penal para las internas. Por otro lado, y tal como afirmaron desde la defensa de la diputada, porque Sala está privada de su libertad ambulatoria, «pero en ningún modo se la puede privar de su derecho a la libertad de expresión.
Lo que está claro es que existe la intención del gobierno provincial de que Sala no hable con los medios, en lo que constituye un caso de manifiesta censura a exponer y manifestar sus ideas, derecho reconocido internacionalmente por múltiples instrumentos y pactos.
Por otrra parte, la defensa de la dirigente social no recibió ninguna notificación formal de que exista alguna lilmitación o prohibición para ese tipo de comunicaciones, lo que de todos modos «sería claramente inconstitucional, por resultar una limitación absolutamente arbitraria al derecho a la información y a la expresión”, explicaron.
Cuestión de competencia
Respecto de la posibilidad de que Sala sea trasladada a una cárcel federal, los abogados indicaron que “no existe ninguna razón para un traslado cuando está detenida por delitos que son de competencia provinciales; no hay una sola razón que pudiera habilitar la detención en una cárcel federal».
En este punto también hay una interpretación: «El único motivo, y así lo están utilizando, es a modo de amedrentamiento y para mantenerla alejada de su familia, de sus abogados y como modo de disciplinamiento».
En el aspecto técnico, ninguna de las leyes que reglamentan la privación de la libertad de un detenido provincial habilita el traslado a una cárcel federal, «evidenciando que lo que eventualmente debiera ser una resolución del poder judicial está en manos del Gobernador Morales, y de sus ministros, quienes en definitiva tienen detenida a Milagro Sala”, indicaron los letrados.
«El Poder Judicial está manejando un doble estándar: unas reglas para Milagro Sala y otras para quienes la denuncian”, concluyeron, en referencia a la situación de Jorge Paes, acusado por tentativa de homicidio y que luego de declarar en contra de la dirigente social indicó que “tenía miedo de su integridad por estar alojado en el Penal dependiente de la provincia”. El juez Pullen Llermanos, en lugar de pedir su traslado a una cárcel federal, le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de no cumplir con ninguno de los requisitos legales para su procedencia.
