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El gobernador Gerardo Morales descalificó al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU afirmando que «su opinión es bastante liviana», y aseguró que “el informe no se ajusta a la verdad”. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que impulsó la denuncia que derivó en el informe, le contestó de inmediato, remarcando que «el Grupo analizó todas las causas judiciales que hay contra Sala y decidió que la detención es arbitraria».
Con sus afirmaciones, Morales enciende el conflicto contra los organismos de derechos humanos que le reclaman al Gobierno nacional que cumpla con el fallo de la ONU que pide la liberación inmediata de Milagro Sala por considerar que su detención es arbitraria.
«Afirmar que está presa por el acampe y desconocer que se robaron 29 millones de pesos, algo que hemos visto todos los argentinos, no se ajusta a la verdad», dijo Morales y agregó: «Hay desconocimiento de situaciones, cerraron un informe a abril por lo que no tienen toda la historia».
Se refirió luego a la situación de Sala como legisladora del Parlasur: «Desconocen que ya es cosa juzgada, que no tienen fueros los parlamentarios del Mercosur», señaló, descalificando la tarea de recopilación del Grupo de Trabajo de la ONU.
«Me parece que no han contado con toda la información», indicó.
Inmediatamente, desde el CELS le respondieron con firmeza: «Las afirmaciones son incorrectas, el Grupo analizó todas las causas judiciales que hay contra Sala y decidió que la detención es arbitraria».
Morales dejó en claro que no tiene ninguna intención de hacer lugar a la decisión de la ONU, es decir, liberar a Milagro Sala: «Esto se trata de una opinión que luego se reporta a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no es vinculante, con lo que no genera ningún tipo de obligación sobre el estado argentino o sobre el poder judicial», aseguró.
De todos modos, y más allá de sus afirmaciones, el pedido del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU está dirigido al Gobierno nacional, quien debe implementar las medidas que considere necesarias para que se cumpla con la liberación de Sala.
