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Horas después de conocerse la resolución de la CIDH que ratifica el pedido de liberación inmediata de Milagro Sala que dictaminó en diciembre pasado el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la ONU -y que sugiere como alternativa una libertad vigilada o prisión domiciliaria-, el gobernador Gerardo Morales aseguró a través de redes sociales que «hay garantías individuales para quien se ha robado todo».
El comentario de Morales acompaña la publicación del comunicado oficial del Ejecutivo provincial que afirma su «compromiso de garantizar la vida y la integridad personal» de la líder de la Tupac Amaru, quien este domingo cumple 561 días privada de su libertad.
Morales había dicho en enero pasado, cuando pedía encarecidamente que vengan los organismos internacionales a visitar Jujuy y a Sala: «Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia en contra del estado nacional y provincial, se deberá acatar la sentencia», y agregaba: «Las decisiones de la OEA se aceptan; si la CIDH resuelve una cautelar y dice que tal persona debe ser liberada, hay cumplirla, guste o no guste”.
En ese tiempo, le sugería a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Cristina Fernández de Kirchner también tenía que estar presa, y atacaba a Luis Almagro, secretario general de la OEA porque según su interpretación “hacía kirchnerismo explícito”.
En la resolución que emitió este viernes, la CIDH solicita al Estado Argentino «que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala». El gobierno de Jujuy se hizo eco de este pedido en su primera respuesta oficial, pero aclara que el pedido del organismo se produjo «sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y Andhes», las tres organizaciones que hicieron el pedido de la cautelar.
Así, el Ejecutivo provincial advirtió: «En lo que es de su competencia, reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala, situación que no solo fue constatada por los miembros de la CIDH sino también por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al momento de evaluar las condiciones de detención».
Remarcó además que «en ocasión de visitar la provincia, los miembros de la CIDH expresaron públicamente que las condiciones de detención eran satisfactorias sin hacerse eco de denuncias sobre hostigamientos», lo que – consideró- «da cuenta de que está garantizada la integridad personal de la señora Sala».
Por último, confirmó que «en cumplimiento de los estándares y principios del sistema interamericano e internacional de derechos humanos», una vez recibida la notificación formal de la resolución «dictará acto administrativo poniendo en conocimiento de la misma al Poder Judicial de la Provincia, en virtud de que la justicia provincial y sus tribunales son las autoridades con competencia para resolver sobre la cuestión».
