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El juez federal Fernando Poviña detalló en diálogo con El Submarino los puntos centrales del informe que los magistrados del NOA hicieron llegar a la Corte Suprema de Justicia sobre los problemas que enfrentan para combatir el narcotráfico. “Lo que dijimos principalmente, en resumen, es que se nota un incremento de causas de narcocriminalidad, y que para afrontarlas contamos con los mismos recursos que teníamos años atrás, cuando era otra la realidad”, sintetizó.
A partir de ese informe de los jueces de la región NOA, la Corte Suprema de Justicia urgió al Consejo de la Magistratura de la Nación y a los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos a que resuelvan la “grave problemática” vinculada sobre todo al narcotráfico.
Poviña, quien es juez natural de la provincia de Tucumán y actúa como subrogante en Jujuy, señaló: “Hemos solicitado que se cubran las vacantes y se implementen nuevos juzgados, como el caso de Libertador Gral. San Martín, en Jujuy, que se vea la situación de las unidades penitenciarias, que se encuentran abarrotadas y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, tanto para la prevención como para la investigación de los delitos”.
—¿Puede decirse que aumentó el narcotráfico en la región?
—Sí, es una cuestión estadística. Hay un aumento de las causas vinculadas con estupefacientes, y se notan también distintas modalidades también, porque no hay una sola modalidad en toda la región.
—¿Por ejemplo?
—Se advierte el tráfico de estupefacientes en las rutas o en los controles de frontera por parte de gendarmería. Y hay otra modalidad que es propia de las ciudades grandes, como es el caso de Jujuy, Salta y Tucumán, referida a la venta al menudeo. Son modalidades distintas que requieren investigaciones distintas.
—Se dice que en Jujuy se ve también el caso de los grandes traficantes que utilizan a los llamados camellos, lo que vincula al tema con la problemática social.
—Así es. Hay de todo. Hay casos donde los sujetos vinculados a estas actividades se aprovechan de la vulnerabilidad de otros para hacer el traspaso.
—Ustedes le indicaron a la Corte que también hay que tomar medidas respecto de la situación penitenciaria.
—El tema carcelario es preocupante porque actualmente las unidades penitenciarias se encuentran prácticamente colmadas, entonces a los nuevos detenidos se los aloja en lugares que son de tránsito, como comisarías o delegaciones policiales.
—¿Hay hacinamiento?
—No, no es eso, es que están todas las vacantes cubiertas, entonces cada vez que hay nuevos detenidos hay que esperar que se produzca una vacante en alguno de los establecimientos, tanto en los de la provincia de Jujuy como en Güemes, que corresponde a la jurisdicción para la colocación de los internos, aunque esté en la provincia de Salta.
—Pidieron a la corte que se cubran los juzgados vacantes.
—La situación es la siguiente. Cuando están cubiertas las vacantes, los jueces titulares se dedican plenamente a sus casos, no como los jueces subrogantes, como es mi caso, que tienen que ir y venir de un juzgado a otro. Jujuy es una provincia donde esta situación se ve palmaria. Fíjese que el Tribunal Oral de Jujuy tiene tres cargos vacantes, es decir que hay tres jueces subrogantes que vienen uno de Salta y dos de Buenos Aires. En mi caso, en el Juzgado de primera instancia, que lleva todas las causas, vengo de la ciudad de Tucumán todas las semanas. Entonces en esta situación se nota la falta de cobertura. Y también es necesaria la habilitación de Libertador, donde ya está el concurso pero falta designar el magistrado y habilitar el juzgado.
—¿Cuáles serían los primeros pasos que se tendrían que dar?
—Los puntos a los que se hace referencia abarcan la idea central de que contamos actualmente con instrumentos y personal que eran adecuados para otra época y que hay que reforzarlos. Igual que los métodos de investigación. En ese sentido se hizo hincapié en el personal de prevención y de investigación de este tipo de delitos, la coordinación en la investigación y el refuerzo de las unidades judiciales.
—¿Tuvieron alguna conversación con el gobierno provincial?
—No, porque este tema involucra directamente a la Corte, que hizo los reclamos en instancias nacionales. Es decir que no involucra a otros actores por lo menos que hayan sido notificados o llamados para averiguar al respecto.
