Jaime Smart. Foto Sergio Goya.

Negacionistas reivindicaron al tribunal que perseguía y encarcelaba militantes en los años 70

Por Luciana Bertoia, en Página/12. Mientras miles salieron a las calles este 25 de mayo para recordar los 20 años de la llegada al gobierno de Néstor Kirchner –y muchos también extendían la celebración a los 50 años de la asunción de Héctor Cámpora–, otros sectores aprovecharon para recordar los tiempos en los que podían perseguir a gusto y piacere. El exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, Jaime Lamont Smart –condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad– reunió a juristas y amigos para reivindicar al tribunal que se encargó de encarcelar a los militantes durante los años de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.

En el diario La Nación apareció publicada este jueves una solicitada que reivindica el accionar de la llamada Cámara Federal en lo Penal, más conocida entre la militancia o en los pasillos de los tribunales como el Camarón o la Cámara del Terror.

El texto lamentaba que el gobierno de Cámpora hubiera resuelto su disolución y lo acusaba de representar “sin tapujos” los intereses de quienes los exintegrantes del tribunal denominaban terroristas. “En solo 23 meses de vigencia dedicada al juzgamiento de los delitos cometidos por los terroristas que operaban en nuestro país durante esa época demostró un nivel de máxima eficacia en la historia judicial argentina”, puede leerse en la solicitada.

“Si se hubiera mantenido en funciones a la Cámara Federal en lo Penal de la Nación durante el período constitucional, y aún durante el gobierno de facto que lo sucedió, posiblemente no se hubiera producido el baño de sangre que enlutó a nuestra Argentina”, aseguraron sus firmantes, que, además, sostuvieron que durante sus años de vigencia no hubo desaparecidos en la Argentina.

Más allá del autoelogio, quienes impulsaron la solicitada incurren en, al menos, olvidos. El Camarón entró en funciones en junio de 1971. El 17 de septiembre de ese año, secuestraron y desaparecieron a Luis Pujals, militante del PRT-ERP. Al año siguiente, mucha sangre enlutó a la Argentina: fue la sangre de los 16 militantes fusilados por la Marina en la base Almirante Zar de Trelew, que estaban a disposición del Camarón y que una semana antes habían logrado fugarse del penal de Rawson pero no alcanzaron a subirse al avión para escapar a Chile–.

El texto tiene el sello de Smart para quienes lo escucharon justificar su accionar en los juicios de lesa humanidad en los que estuvo en el banquillo. «Parece escrito por Smart. Es el mismo discurso que ensaya en sus autodefensas. Es paradójico que algunos de los firmantes sean defensores de los genocidas porque se vanaglorian de no haber tenido desaparecidos durante los años del Camarón, pero después defienden a los desaparecedores», dice la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) Guadalupe Godoy, que interviene en los juicios en la jurisdicción de La Plata.

Desde 2012, Smart fue juzgado por su responsabilidad en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones en el ámbito bonaerense. Días atrás, acumuló otra pena de prisión perpetua por dos operativos que terminaron con seis muertos en marzo de 1977 y tres chiquitos sustraídos a su familia, encerrados en un hogar de menores que funcionó como campo de concentración y sometidos a todo tipo de abusos.

Smart llegó al Camarón en 1971. Antes, había estado en la justicia de San Isidro. Con la llegada al gobierno del peronismo, Smart se fue con su familia a Venezuela. Volvió en 1975. Al año siguiente, aceptó la oferta del gobernador de facto Ibérico Saint Jean de ser su ministro de Gobierno. Estuvo en ese cargo hasta 1979 –lo suficiente para percibir los años de esplendor de los campos de concentración del llamado Circuito Camps–.

El exministro está actualmente en juicio por lo sucedido en las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Hasta ahora jamás mostró voluntad de decirles a los familiares qué pasó con los suyos. Sin embargo, tiene información. Su hijo contó en el libro Hijos de los 70: “Papá está recomendando a los que están presos, ya con cadena perpetua, que dejen información en algún lugar seguro con la indicación de que se conozca en 2040”. Una última crueldad.

Las otras firmas

Eduardo Riggi, que se retiró recientemente de la Cámara Federal de Casación, también firmó la solicitada que se refiere a los militantes de los 70 como terroristas –que son las víctimas en las causas que tuvo que revisar hasta meses atrás en los tribunales de Comodoro Py–.

La solicitada fue acompañada por el exjuez Miguel Ángel Caminos –extitular de la Asociación de Magistrados– y su colega Conrado Bergesio, quien en 2010 fue separado de la causa sobre la posible apropiación de Marcela y Felipe Noble Herrera.

Otro de los que firmó como exintegrante del Camarón fue Martín Anzoátegui. En 1979, antes de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Anzoategui mandó a allanar los organismos de derechos humanos mientras preparaban la lista de desaparecidos para ser entregada a los comisionados. Dos años después, ordenó la detención de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El abogado Edgardo Frola también fue de la partida como exintegrante de la vocalía de Smart en la Cámara del Terror. Frola fue subsecretario de Asuntos Institucionales en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Al regreso de la democracia fue abogado defensor de militares ligados al área de inteligencia y también representó al policía federal Samuel Miara, que se apropió de los mellizos Reggiardo Tolosa.

El abogado Eduardo Gerome, exdefensor del jefe de la Fuerza Aérea Omar Rubens Graffigna y del espía chileno Enrique Arancibia Clavel, también rubricó el texto. Al igual que Fernando Goldaracena, que supo defender al almirante Armando Lambruschini y al marino Alfredo Astiz.

Entre quienes prestaron su adhesión están Alberto Rodríguez Varela, el exministro de Justicia de la dictadura y exdefensor del dictador Jorge Rafael Videla. Lo acompañó Adolfo Casabal, que siguió representando al genocida y que también actuó como defensor de Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Otro de los que adhirió fue el militar retirado José D’Angelo Rodríguez –quien su autobiografía cuenta que participó de los alzamientos carapintadas contra los gobiernos democráticos–. D’Angelo es autor del libro La estafa con los desaparecidos, cuya presentación fue cancelada tanto en la Biblioteca del Congreso como en la Feria del Libro porque presenta a las víctimas de la última dictadura como un «mito» y relaciona a sus familiares con el «curro», como tiempo atrás lo hizo Mauricio Macri.

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