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El 17 de diciembre pasado marcharon por la zona en rechazo del proyecto.

Con objeciones de los campesinos, se realiza la audiencia pública por el proyecto inmobiliario en los Perilagos

Se realiza este viernes la audiencia pública en la que se tratará el proyecto aprobado por la Legislatura provincial para el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario y turístico en la zona de los Diques, donde viven familias campesinas desde hace décadas. Para avanzar en ese sentido, la ley eliminó la categoría de Área Natural Protegida a la zona.

Anastasia García, integrante de la La Organización Campesina de los Perilagos (OCP), que integra el Movimiento Nacional Campesino (MNC), explicó en diálogo con El Submarino Radio (91.59): “Las familias se vienen organizando hace muchos años para que les reconozcan los territorios que ocupan, y la nueva ley convierte estas tierras en potencialmente vendibles”. Así, lo que antes era una reserva natural, se convirtió en tierras fiscales disponibles para el negocio inmobiliario.

La OCP había presentado su propio proyecto para que esas tierras se conviertan por ley en áreas campesinas. Pero no lograron que llegara siquiera a debatirse. En cambio, el del Ejecutivo provincial se aprobó sin obstáculos. Y habían llevado una iniciativa similar a la intendencia de los Diques, con igual resultado que en la Legislatura: nulo.

La audiencia de este viernes es una instancia que desde la OCP y el MNC pidieron con insistencia, pero sobre la que ahora tienen reparos, por varios motivos. “Vamos a estar presentes con nuestras observaciones, pero queremos que coordine alguna institución ajena al tema, porque así el que evalúa es también el evaluado, que es el Estado, que como está interesado en vender las tierras, estará siendo juez y parte”, manifestó García.

También les preocupa que los estudios de impacto ambiental no estuvieron disponibles en el plazo que marca la ley, que dispone que todo el que quiera participar de una audiencia pública necesita por lo menos diez días para estudiar la información y hacer las observaciones pertinentes, y en este caso el estudio se difundió recién tres días antes.

Y finalmente, hubieran preferido que se hiciera en El Carmen, para que los pobladores pudieran al menos acercarse.

Actualmente, son 53 familias que tienen allí sus predios y sus animales, y desarrollan su producción. Son familias que viven allí desde hace 80 o 90 años, cuyos mayores nacieron en el mismo lugar que habitan ahora. Y hay también familias que llegaron a esa zona cuando fueron inundados los diques. “Son todos campesinos que vienen siendo ninguneados en sus derechos de acceso a la tierra”, indicó García.

Pero este es solo el comienzo, porque se sabe que el proyecto tiene una segunda etapa. “Están hablando de urbanizar toda la zona, entonces se pasaría de una zona de reserva natural a una zona de urbanización”, describió García.

En este primer tramo están incluidas 300 hectáreas, que según la ley podrían extenderse hasta 3000. El reclamo tiene que ver con el tipo de emprendimientos que, se cree, se van a realizar en el lugar. En principio, desde el gobierno dicen que se trata de un desarrollo ecológico, que solo se va a poder construir sobre el 30 por ciento de los lotes porque habrá que respetar los árboles locales.

En realidad, todo indica que el lugar tendrá la impronta de los barrios privados, con chalets y árboles, lejos de lo que es hoy, ranchos con familias que tienen sus animales y su producción en el mismo terreno en el que viven.

García señaló que “va a ser lo que se llama una elitización del territorio”, y aseguró que “esas familias van a ser corridas para levantar casas para las clases medias altas, donde la flora y fauna ya no van a tener lugar”.

“Ni siquiera se trata de un proyecto para atender alguna necesidad habitacional ni un plan de viviendas populares-agregó-, porque estamos hablando de viviendas que van a ser de personas con una capacidad económica mucho mayor de la que tienen las familias que hoy viven en el territorio”.

Los pobladores, además, denuncian que representantes del gobierno los han abordado de manera individual para ofrecerles un lote a cambio de que firmen la autorización de uso de las tierras que habitan. De modo que una familia que hoy tiene y explota tres hectáreas, debería cambiarse a un lote de 30 x 50. “Así tendrían que abandonar su producción, a cambio de ser propietaria -advierte García-. Pero la realidad es que al haber tanta presión inmobiliaria sobre estos territorios, a lo sumo dentro de tres años esas personas van a terminar vendiendo ese lote, y a la larga se van a quedar sin nada de lo que son hoy: campesinos”.

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