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Por Guillermo Torremare*. El 2 de marzo de 2017, el militar Alberto Callao fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Jujuy. En el juicio lo encontraron autor responsable de 12 secuestros y privaciones ilegales de la libertad y de cinco homicidios alevosos, hechos calificados como delitos de lesa humanidad por haber sido realizados en el marco del plan de represión ilegal dispuesto por la dictadura militar.
Días pasados, ese mismo tribunal, con la excusa de la pandemia, lo mandó a su casa.
Nunca mejor empleado el término “excusa”. En Jujuy, cuando sacaron de prisión a Alberto Callao, llevaban 42 días sin que se registre un solo caso de coronavirus. Y Jujuy está rodeada por Salta y Bolivia, donde el virus tiene una mínima presencia.
Que la pandemia haya sido utilizada como “excusa” no pudo ser argüido por las víctimas de Alberto Callao. No lo pudo ser porque el Tribunal Oral Federal no cumplió con su obligación de consultarlas.
Dice el artículo 12 de la ley 23.327, llamada “ley de víctimas”: “Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la … (…)… prisión domiciliaria” del condenado. La expresión legal “cuando se sustancie” significa antes de la resolución.
Omisiones de este tipo no obedecen a descuidos judiciales, son realizadas para no tener que escuchar lo que no quieren.
El Tribunal Oral Federal de Jujuy no ha cumplido con la ley. Su proceder es inexplicable. Tan inexplicable como que Alberto Callao, de 67 años recién cumplidos, condenado a prisión perpetua por múltiples y aberrantes delitos de lesa humanidad, hoy esté en su casa.
*Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
