Organizaciones de DDHH denuncian el uso de «sustancias tóxicas» en el protocolo antipiquete

Organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Justicia el uso de «sustancias tóxicas» durante el operativo de seguridad a las afueras del Congreso la semana pasada, mientras se debatía la Ley de Bases en Diputados, y señalaron que se trata un compuesto químico «altamente tóxico e irritante» calificado como «instrumento de tortura».

La denuncia fue presentada en el juzgado nacional Criminal y Correccional N°44, e intervendrá la Fiscalía Criminal y Correccional N°24, según informaron hoy a Télam fuentes de la CTA Autónoma, una de las organizaciones firmantes de la presentación.

«Es un compuesto químico, altamente tóxico e irritante, que, por sus consecuencias y efectos, calificamos como instrumento de tortura, que viene siendo usado de manera indiscriminada contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a peticionar ante las autoridades o se solidarizan con esas personas», afirmó la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, según se indicó en un comunicado.

La presentación judicial está firmada por la CTA Autónoma; Asociación Civil, Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias (En Foco); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; entre otros.

«Resulta imprescindible determinar qué autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación u otras áreas, han autorizado su uso, lo que implica su previa adquisición por parte del Estado Nacional y /o de la Ciudad», indicaron.

La organización señaló que hay «una grave situación de violencia institucional que amerita que lo aquí denunciado sea investigado, ya que arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva a las personas es altamente peligroso y dañino para la salud, y ello se potencia cuando quienes lo hacen son los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales».

A su vez, responsabilizaron por estos hechos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff.

«Es por eso que debe determinarse no solo quiénes son los funcionarios del aparato de seguridad que estuvieron en la primera línea de fila de la represión, sino quiénes son las autoridades que ordenaron el uso de estas sustancias», aseveraron en la presentación a la Justicia.

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