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Organizaciones Sociales marchan durante 72 horas de marchas, en reclamo por un fin de año digno

Las organizaciones sociales MP La Dignidad, Movimiento Evita, CCC Corriente Clasista Combativa Jujuy, MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena, Consejo de Pueblos Originarios LLANKA’J MAKI, SOMOS Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE y Frente Popular Darío Santillán movilizaran desde el miércoles con distintos pedidos al gobierno de la provincia.

Anticiparon que adelantaron que los días 2, 3 y 4 de habrá movilizaciones en las distintas reparticiones provinciales para exigir en primer lugar un diálogo con el gobernador y estar atentos a las  respuestas.

Recalcaron que “a pesar de que estamos trabajando en primera línea contra la pandemia del hambre, estamos atravesando diversas dificultades que agravan nuestra calidad de vida en medio de la crisis por el Covid-19”.

Para estas fiestas de fin de año, las familias llegan en una situación de “precarizadas socioeconómicamente” aseveraron y “se torna mucho más difícil poder festejar ante la compleja situación que estamos viviendo. Somos los sectores empobrecidos  por el macrismo y la pandemia y no podremos sostener una navidad digna con trabajo y sin hambre.  Las familias más humildes somos  excluidas por éste gobierno”.

Destacaron que la totalidad de los que integran las organizaciones son “trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular que durante la pandemia estuvimos golpeados duramente en nuestros ingresos y sin embargo nos organizamos como siempre solidariamente y asistimos alimentariamente a miles de familias en nuestros comedores y merenderos. Necesitamos que se generen más oportunidades de trabajo genuino y real porque la pandemia agravo la pobreza y es urgente que el gobierno provincial implemente políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de los que menos tienen”.

Sobre la asistencia brindada hasta el momento por el gobierno provincial, especificaron que “fue insignificante para la demanda que crece cada día. Necesitamos que el gobierno reconozca el trabajo de las personas que todas las semanas le brindan un almuerzo o una merienda a los que menos tienen, que en su mayor medida son mujeres que también se organizan para luchar y exigir que se destinen recursos en políticas públicas concretas y eficientes, en lo que va del 2020 llevamos 15 femicidios en la ´provincia de los cuales en su mayoría ya tenían denuncias previas o antecedentes por violencia de género y es vergonzosa la actuación de las instituciones provinciales.”

También plantearon otras problemáticas, con la habitacional, el hacinamiento y la falta de tierras para producir. “Es un grave problema en la provincia y corresponde al  gobierno  el deber de ir gestionando las soluciones para la sociedad, la vivienda digna es un derecho constitucional y no vamos a renunciar a ella, pero también necesitamos tierra para que las cooperativas agrícolas puedan producir, puedan  volver a trabajar la tierra;  es una opción para salir de la crisis que nos dejara la pandemia”.

Recalcaron que es preocupante la situación de nuestras comunidades originarias que se ven desprotegidas ante un sistema judicial, “porque no toma en cuenta las desigualdades y permite el despojo de los territorios muchas veces cómplice de un negociado entre poderes, por ello también tomamos esas demandas y nos hacemos eco de los reclamos de cada lugar donde haya avasallamiento en los territorios en pos de la privatización y concentración en pocos terratenientes.

En materia educativa, consideraron como “muy preocupante lo que sucede por la falta de conectividad a dejado a muchos estudiantes sin poder seguir las clases virtuales y por lo tanto quedaron excluidos sin poder acceder a los contenidos educativos básicos, además se sigue precarizando a muchos trabajadores de la educación que ven sus ingresos por debajo de la línea de pobreza y ni si quieran llegan a cubrir los $ 22.641,50 de la canasta básica alimentaria que es la línea de la indigencia y mucho menos los $ 66.564,90 para no ser pobre en una familia de 4 miembros; en esta situación están viviendo las familias que integran nuestras organizaciones”.

Finalmente aseguraron que “el gobierno de Gerardo Morales no da respuestas, no hay diálogo; no resuelve los problemas de los jujeños, que hasta noviembre 2020 recibió 50 mil millones de pesos de coparticipación federal y no rinde cuenta a dónde fueron, su prioridad está en los negocios que benefician a un sector privilegiado, mientras que  el pueblo, las familias humildes, quedan afuera. Es por ello que en este plan de lucha queremos respuestas concretas, necesitamos soluciones”.

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