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El Gobierno de Jujuy emitió el Dictamen N° 923/26 del Ministerio de Educación, ratificado por la Fiscalía de Estado, mediante el cual rechaza el reconocimiento y liquidación del adicional por antigüedad a aquellos docentes que hayan cumplido funciones en establecimientos educativos de gestión privada y pasen al sector público.
La medida fundamenta la decisión bajo el criterio de que el Estado no actuó como empleador directo durante ese periodo.
La resolución generó un inmediato rechazo en los gremios del sector. Desde la docencia señalaron que la disposición vulnera el principio de unicidad de la carrera docente establecido en el Estatuto, al tiempo que advirtieron sobre un avance en la flexibilización de los derechos laborales.
Por su parte, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) confirmó el inicio de acciones legales para frenar la aplicación del dictamen y resguardar la liquidación salarial de los trabajadores afectados.
Desde el gremio enmarcaron la medida dentro de una serie de reclamos pendientes, entre los que incluyeron demoras en el pago a preceptores y auxiliares, topes horarios en el nivel superior y descuentos por días de paro.
En tanto, sectores de la docencia de nivel inicial y primario llamaron a realizar asambleas en las escuelas para organizar un plan de lucha y cuestionaron el rol de la conducción de ADEP frente a la resolución emitida por el Ejecutivo que encabeza Carlos Sadir.
