Otro 7 de junio sin nada para festejar

Por Comuna (Comunicadores de la Argentina). El Día del Periodista encuentra a los trabajadores de la comunicación en un clima adverso a la libertad de expresión y al derecho a la información, con pérdida de puestos laborales -incluyendo despidos por razones políticas- y deterioro de condiciones de trabajo, al tiempo que el gobierno toma medidas para favorecer expresamente la concentración de medios por las empresas que lo sostienen.

Los fallos judiciales recientes para consagrar la impunidad respecto de la denuncia de los delitos de lesa humanidad cometidos para la apropiación por Clarín y sus socios de Papel Prensa, única planta elaboradora de papel para diarios de la Argentina, convierte a este Día del Periodista en uno de los más difíciles desde la recuperación de la democracia, en 1983.

En ese mismo clima se inscriben los despidos selectivos de trabajadores y trabajadoras dispuestos por el jefe del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, y los demás funcionarios del macrismo que se desempeñan en Radio Nacional, por su pensamiento político.

La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa convocó a una marcha de protesta con motivo de esta fecha, “para denunciar la profundización de la crisis laboral y salarial en el sector, y con ello, la emergencia que afronta una auténtica libertad de expresión con pluralidad de voces”.

“La articulación de intereses económicos y políticos sectoriales han derivado en el cierre o achicamiento de empresas periodísticas en todo el país, reconvirtiendo negocios en el rubro, con menos empleos, y con más tareas por menores salarios para quienes aún lo conservan, en abierta violación de convenios y estatutos profesionales”, advierte un comunicado de la Mesa.

Esta organización está formada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación, y por sindicatos de numerosos puntos del país.

Un sinfín de acontecimientos condicionan el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el acceso de la población a información y opiniones diversas y plurales. El gobierno de Mauricio Macri se ocupó de ello apenas asumió, en diciembre de 2015, cuando usurpando facultades legislativas modificó por decreto la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, para hacer que su sostén político principal, el grupo Clarín, pueda acumular aún más emisoras de radio y televisión y expandir su posición en el negocio de la televisión paga.

Sucesivamente adoptó otras medidas, siempre avasallando al Congreso, para permitir el avance de la misma empresa en el sector de las telecomunicaciones, mientras demora inescrupulosamente la redacción y envío al legislativo de su prometido proyecto de ley de comunicaciones “convergentes”.

Estas acciones son simultáneas a la hostilidad o censura directa hacia otros medios, como la agresiva campaña contra emisores comunitarios, la demora en el giro de los fondos que les corresponden y la hostilidad que Clarín y sus cómplices mantienen hacia otras empresas, por no estar alineadas con el proyecto político y económico que sustenta y que Macri ejecuta.

Estos actos ilegales comprenden las interferencias impuestas a emisiones de contenido político del canal C5N, de Buenos Aires, mediante el corte y la afectación de su señal en varios puntos del país, así como el espionaje sufrido por algunos de sus comunicadores.

Despidos y otras medidas de persecución política fueron denunciadas en Radio Nacional, la TV Pública y Télam. La estrategia gubernamental contempla a la vez la desarticulación de estos medios públicos, causándoles pérdidas en los niveles de audiencia con vistas a reducirlos a su mínima expresión y condicionar, en el futuro, su misma existencia.