El 11 de diciembre de 2015 el gobernador le tomó juramento a Rivas como secretario de Legal y Técnica, cargo en el que permanece

Otro funcionario provincial denunciado en la justicia por violencia de género 

Se conoció en las últimas horas un nuevo caso de violencia de género que tiene como protagonista a un funcionario del gobierno provincial. Se trata de Miguel Ángel Rivas, quien actualmente se desempeña como secretario de Legal y Técnica de la Gobernación, denunciado por su expareja hace casi un año por violencia psíquica y física.

El caso de Rivas se suma a los del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez; el ministro de Trabajo y Empleo, Jorge Cabana Fusz, ahora de licencia, y de Néstor Navarro, que renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad, pasó a desempeñarse en el bloque de la UCR de la Legislatura provincial y ahora pretende el traslado a la Cámara de Diputados de la Nación. Lello y Cabana Fusz fueron denunciados por episodios graves de violencia y maltrato cometidos en el ámbito laboral. Navarro, en cambio, fue denunciado por una joven allegada a su familia de quien abusó cuando ella era aún una niña.

La expareja de Miguel Ángel Rivas lo denunció por violencia física y psíquica ante el Juzgado de Primera Instancia de Violencia de Género. Hace casi un año, el 31 de enero de 2019, pidió que se cumpliera con las medidas resueltas el día anterior: que el funcionario se abstuviera «de ejercer actos de violencia física y psíquica, como así también prohibir insultos, palabras agraviantes o desplegar conductas amenazantes por cualquier medio».

La medida precautoria, con un plazo de 120 días, también prohibía a Rivas «acercarse” a la denunciante “o ingresar a su domicilio, debiéndose mantener a una distancia de 300 metros del domicilio particular (…) o de su trabajo y/o de los lugares donde esta concurra”.

Casi un año después, Rivas sigue desempeñándose como secretario de Legal y Técnica del gobierno de Gerardo Morales. En el ámbito de la justicia, no se tomó ninguna medida para asegurar que se cumpla la restricción ni para proteger a la víctima.

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