Panorama: Cuando tenga la tierra… en Jujuycito

Por Alejandro Cano, para El Submarino Jujuy. Han pasado ya casi 50 años desde que el poeta Ariel Petrocelli y el cantor Daniel Toro compusieron aquella joya del cancionero popular que entre sus versos afina la frase “Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo, saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo”. Y son muchos años más de la denominada Conquista del Desierto, en la que se forjó la matriz distributiva territorial en el noveno país más extenso del mundo. Hoy todavía ese concepto sigue en constante pugna.

Jujuycito tiene proporcionalmente poco territorio apto para el cultivo a escala. Desde el siglo 19, la concentración de la propiedad de la tierra ha generado una fuerte exclusión de las fuerzas productivas y su correlato de pobreza estructural y crónica.

Esta situación se ha agudizado en los últimos tiempos, pasando desapercibida para la mayoría de los ciudadanos, que no habrán reparado en el impacto que tendrá la Ley 6.235, sancionada el último 23 de agosto en la Legislatura de Jujuy sin el apoyo de los bloques de diputados del Frente de Todos PJ, FIT y Juntos por Jujuy.

Palabras en la Casa de Piedra

Durante el debate de esta iniciativa, Adolfo Tejerina, diputado miembro informante del oficialista Frente Cambia Jujuy, que impulsó el proyecto, señaló que el objetivo es “dotar al Estado de un procedimiento ágil sobre la administración de tierras fiscales, de inmuebles fiscales, sentado sobre una realidad difícil que tiene que ver con la ocupación de estos inmuebles, la falta de procedimientos celeros que les permitan al Estado su administración y en muchos casos su recuperación”.

El diputado Emanuel Martín Palmieri (Frente de Todos-PJ) salió al cruce y afirmó que «no hay que olvidarse de derechos reales como la posesión, de derechos personales como la tenencia; no hay que olvidarse de que tenemos un Código de Procedimiento Civil Provincial y Nacional que sí rige los mecanismos para realizar este tipo de actividades o de acciones que pretende implementar el Poder Ejecutivo Provincial». Para el legislador, la iniciativa es inconstitucional.

Por su parte, la diputada Natalia Morales (FIT) afirmó su voto negativo y destacó que “el problema de la vivienda es bastante grave; lo quiero decir de los espacios públicos, porque sabemos muy bien que hay familias que en toda la provincia vinieron denunciando que sus espacios suelen ser tierras fiscales”.

Al finalizar el debate, el interbloque oficialista impuso su mayoría y la ley salió de manera rápida.

Defensa de campesinos

Anastasia García es coordinadora de la delegación local de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, organismo que participa institucionalmente en conflictos territoriales a partir de denuncias o solicitudes de intervención.

Consultada sobre esta temática, expresó que “el marco general no es muy alentador». Es que a partir de la aprobación de la Ley 6.235, se habilita «un desalojo exprés en tierras del estado provincial». Es decir que por simple trámite administrativo, «la provincia puede desalojar sin juicio y sin derecho a defensa en un debido proceso a personas que habiten tierras fiscales”.

La funcionaria advirtió que esta es una situación muy desfavorable para cualquier familia que trabaje la tierra con comodato, posesión o arriendo en tierras cuyo titular es el estado provincial. “Esto nos da una pauta de cuál es la postura de Gerardo Morales de cara a los derechos que tienen los campesinos y los indígenas en relación a la tierra».

Pero este riesgo no implica solo a los campesinos. «También cualquier habitante de un lote urbano puede ser desalojado de esta manera, pues se desconocen los derechos de posesión”, explicó.

García afirmó que se dieron situaciones particulares que se enmarcan dentro de esta avanzada legal, como el caso de la familia de María Teresa Carlos, en Altos de Yala, que tiene posesión de 70 años de antigüedad, ya que nació en ese lugar. “Sus padres ya trabajan la tierra y ahora aparece un supuesto titular registral que aparentemente le habría vendido esas tierras al vicegobernador Carlos Haquim”.

También señaló el caso de la familia Paredes, en la localidad de El Fuerte, que tiene un juicio por prescripción adquisitiva en relación a 30 hectáreas que son del estado provincial. “Son tierras que le pertenecían a una empresa forestal que quebró, como es el caso de todas las tierras de El Fuerte, y el gobierno se instaló en el lugar con la excusa de establecer parte de GIRSU”, afirmó la coordinadora, en referencia al programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que lleva adelante el Ejecutivo provincial.

La tierra es un derecho humano

Anastasia García adelantó que, ante las reiteradas situaciones de este tipo, está arribando a Jujuy una comisión de  Derechos Humanos de la Nación, ya que la justicia no tiene una mirada desde esa perspectiva y juega a favor de los supuestos titulares registrales. “Hay una cuestión de clase, porque la justicia se pone de lado del que tiene más recursos económicos», describió.

«Detrás de esto está el negocio inmobiliario -definió-, con la anuencia de la Secretaría de Medio Ambiente, que hace la vista gorda conformando una red de contención para realizar negocios”.

En esta línea, García reveló que hay «muchos empresarios amigos del gobierno provincial involucrados», y mencionó el caso de la disputa de tierras de la comunidad de Tusca Pacha, de Palpalá, donde actuó de manera directa el funcionario Javier Gronda, con vínculos familiares con la inmobiliaria Sucre.

La preservación de los privilegios

La complejidad de la problemática de las tierras no debería desdibujar una evidencia: la Ley provincial 6.235 está cuidadosamente diseñada para preservar y conservar la posesión de la tierra en Jujuy en pocas manos, y permitir su expansión y concentración. Con esta norma, se habilita un salto a la justicia y sus procesos delimitados, lo que constituye otra lesión a la malherida calidad de las instituciones en Jujuy.

La mayoría de las familias campesinas nunca ha podido titularizar legalmente la posesión, por lo que habitan y laboran en terrenos fiscales apenas con una tenencia precaria que muchas veces está vencida. Con esta nueva normativa, se habilita al Estado provincial a intimarlos para desocupar en apenas diez días su tierra, su casa y su manera de ganarse. En menos de dos semanas, expulsadas. Nuevamente, en Jujuy, la ley es telaraña.